Teresa Carbajal

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 II parte

 La violencia que se ejerce contra las mujeres ha rebasado todos los límites, las denuncias producen altos ecos si se trata de reproche social y exigencia de verdad y de justicia, pero; hay aún, un tipo de violencia que permanece oculto bajo el manto de la impunidad y del silencio, por el estigma social que hasta la fecha pesa sobre la espalda de las mujeres en situación de deuda: la violencia económica, financiera y patrimonial.

Por ello es necesario insistir en abordar el tema de las mujeres invisibles, aquellas que por necesidad son atraídas hacia las redes y reflectores que la publicidad engañosa y las malas prácticas de microfinancieras y cajas de ahorro populares despliegan por obtener un lucro.

Aquellas quienes, motivadas por el sueño de un futuro mejor y de cambiar un poco su vida, acceden a microcréditos y que por dos o cinco mil pesos empeñan su tranquilidad a estos depredadores sociales, que han encontrado en la vulnerabilidad de las mujeres, de su entorno, de sus vidas, de su pobreza y marginación la oportunidad para mantenerlas esclavas de un pago diario o semanal que termina por hacer quebrar sus negocios, su matrimonio o familia, su salud y peor aún su dignidad.

No es casualidad el hecho de que el campo de acción de las cajas populares se ubique en medios rurales o comunitarios, pues todo tiene una explicación y en el caso lo es, el arraigo y reconocimiento o cariño que las mujeres a quienes convierten en “socias” de la caja, tienen en su comunidad y la vulnerabilidad que su situación de origen les provoca en relación con las mujeres de vida urbana.

Así, la presión social del “solidario” les hace pagar hasta lo que no pidieron. Pues en donde se ha visto que a un prestamista formal se le permita otorgar un préstamo siempre y cuando el usuario tenga un ahorro que responda por el mismo, y que incluso el propio ahorro se le de en calidad de préstamo y sobre este mismo, aun siendo de ellas, se les cobre intereses.

Sabedores de la impunidad con que se conducirán al menor atraso, pues se trata de grupos sociales marginados y excluidos del acceso a la justicia. Justo ahí, en esas comunidades, y rancherías alejadas es en donde queremos que cada día 25  se les hable de la protección de la que gozan por parte de todas las autoridades en el marco de sus competencias como lo dice nuestra Constitución en su artículo primero y desde luego de nuestras instituciones públicas.

Ahí, es a donde necesitamos que se trasladen nuestras autoridades y los defensores de derechos humanos de escritorio, aquellos cuyos sueldos son pagados con nuestros impuestos, ahí es en donde les pedimos devengar el sueldo, porque ahí, es en donde se requiere de pasar del discurso a la acción, escuchándolas, conociéndolas, revisando sus historias para que entiendan la necesidad urgente que las mujeres tienen de sentirse seguras y protegidas, y que ellas tengan la certeza de que todo esto que les pasa no es su culpa ni su responsabilidad.

Sino es la omisión de las leyes, de las instituciones, de los órganos de tutela, indiferentes y aparentemente desconocedores de una realidad que pronto, los va a rebasar por falta de atención.

Las cajas de ahorro son abusivas, no todas, pero en su mayoría. Cometen abusos y no hay nadie para sancionarlas. Amenazan, intimidan, lastiman a las mujeres, sus socias, ejercen una presión que quien no ha vivido no entendería. Las engañan haciéndoles firmar documentos en blanco, les roban sus ahorros, la llenan de enemistades y de odios en su entorno, y por si fuera poco las llevan a juicios en donde estarán indefensas ante un sistema de impartición de justicia que aún transita hacia la adecuación del derecho interno con las normas internacionales, en donde solo quienes pueden pagar una defensa tendrán posibilidades de salir vivos.

¡Para ellas estará el Barzón en lucha permanente! levantando la voz, visibilizando los abusos financieros de que son víctimas a diario, buscando soluciones, ante la improrrogable necesidad de regulación de los abusivos, frente a los más débiles, las mujeres en situación de pobreza y de vulnerabilidad múltiple.

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