Teresa Carbajal

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 ¡Otra vez el mismo mal, y otra vez el mismo remedio!, pues en medio de una crisis como la que vivimos, por la subida de precios, el encarecimiento de las deudas por el aumento en las tasas de interés, y la disminución del poder adquisitivo del dinero, los bancos siguen colocando créditos sin responsabilidad y sin memoria de lo que pasó en el 94’.

Lo que podría complicar en los próximos meses, o años, el escenario para las familias que en estos momentos tiene que recurrir a préstamos para poder completar su gasto o pagar deudas preexistentes.

Es decir, si bien un crédito sirve para ayudar en momentos complicados a los acreditados proporcionándoles un alivio temporal; lo cierto es que los acreditantes, deberán, -para garantizar la viabilidad del pago del crédito- realizar un análisis sobre la capacidad real de pago de los solicitantes, y ceñirse a las sanas prácticas en materia de usos y prácticas en materia de prestación de servicios financieros.

Pero, ¿qué sucede en la práctica? pues que lejos de darle al crédito el fin para el que fue creado, se actúa con abuso por parte de bancos, financieras y demás prestamistas, quienes se aprovechan de la necesidad de quien está solicitando el financiamiento, al otorgar créditos que se encuentran fuera de la capacidad de endeudamiento de un trabajador, por ejemplo, o de un productor que espera con su cosecha cubrir con el compromiso, o de un comerciante que no ha recuperado su nivel de ventas.

Complicando su situación al no darle a conocer los términos completos de los contratos a firmar lo que impide que estos puedan -bajo la presión y el apuro económico- discernir o declinar de su intención, frente a un crédito usurero.

No enterándolo tampoco de la cantidad final a pagar, y de las consecuencias legales y moratorias en caso de impago, eso sin considerar que en la mayoría de los casos al dejar de analizar la capacidad de pago provocarán en el deudor la pérdida de las garantías que otorgó para contratar; y entonces el acreditante habrá ganado doble, por una parte, lo que estuvo cobrando a título de intereses y por otro despojar bienes que superan el valor de la deuda.

Si no fuera así, de qué otro modo podemos explicarnos que alguien acepte contratar un crédito a quince años de los cuales los primeros once años solo pagará intereses, y los últimos cuatro comenzará a abonar a capital.

O por qué se acepta un crédito con altas tasas de interés, tasas variables, o uno que se pacte en veces el salario mínimo (VSM); o peor aún en Unidades de Inversión (UDI´s), o bajo leoninos “factores de actualización de capital”, que en términos ‘mortales’ o ‘civiles’ no significa otra cosa, mas que proteger el valor del dinero o capital prestado del acreedor, frente a la depreciación del peso o fenómenos como la inflación, y que dicho valor se siga aumentando mes con mes, o día por día, y que aún así (o sobre ello) aparte se cobren intereses. En resumen: deudas impagables.

Porque sobre este fenómeno de abuso usurario, ¿quién nos protege? Hoy los bancos responden con optimismo que han observado una recuperación en sus cifras de colocación de créditos al consumo, respecto a lo que se tenía antes de la pandemia, solo que parece que ese optimismo obedece mas bien a una actitud irresponsable, en donde en algunos casos, mediante falsos programas de apoyo o de reestructuras, ellos mismos le prestan a sus acreditados para que les puedan pagar complicando a futuro el escenario de sus clientes.

Según especialistas en el último trimestre del año alcanzaremos el nivel máximo de inflación, el dato nos impone a todos mesura en el ámbito financiero, disciplina y responsabilidad; pues si no se puede pagar, no por ahora, habrá que aceptarlo y reconocerlo a tiempo, nadie está obligado a lo imposible. No queremos otro capítulo de anatocismo, que derive en un rescate más a los bancos.

Exijamos atención sobre el problema, y si nadie nos voltea a ver, reforcemos la resistencia civil pacífica de no aceptar más pagos injustos, protejamos nuestra dignidad y nuestro patrimonio.

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