Según Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de entre 175 países en materia de corrupción, 82 posiciones por debajo de Chile y 34 por debajo de Brasil.
Entre los 34 países que integran la OCDE, México está en el lugar 34.
Por otra parte, de acuerdo con el INEGI (Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 publicada en junio de 2014), 89.7 por ciento de los mexicanos percibe a los policías como el sector más corrupto, seguido de los partidos políticos con 84.4 y el Ministerio Público con 78.4 por ciento.
Detengámonos en quienes gozan del segundo lugar: los partidos políticos, que son el semillero de nuestros gobernantes y legisladores.
De los partidos políticos surgen quienes protestan cumplir y hacer cumplir la ley, los responsables de velar por la vigencia del estado de derecho, los que deben procurar justicia, los que deben trabajar para impulsar el desarrollo y la equidad.
De los partidos políticos emergen los que hacen las leyes, los que a través de la tarea de legislar deben crear un marco jurídico justo, equitativo y de vanguardia, que aliente el desarrollo, la justicia social, la seguridad y la concordia.
De los partidos políticos surgen los que ocupan las más altas responsabilidades políticas y de la administración pública.
Ponemos en sus manos enormes recursos para que los ejerzan con sabiduría, eficiencia y honradez, para que impulsen la infraestructura pública, las comunicaciones, la educación, la salud, el desarrollo social, la eficaz y justa recaudación, el turismo, la seguridad.
Todo aquél que asume un alto cargo de gobierno tiene entre sus responsabilidades que trabajar para lograr el máximo rendimiento de cada peso, el mejor desempeño del personal que dirige, la mayor capacidad de interlocución para generar acuerdos y soluciones.
Los partidos políticos son los ríos que alimentan ese océano, por lo que limpios deben ser y estar los ríos que los alimentan.
Es extraña la conclusión no confesada de los mexicanos: creemos que los partidos políticos no son confiables, y sin embargo esperamos que lo sean los cientos de militantes que colocan en gobiernos de todos los órdenes.
Ponemos a los partidos políticos en segundo lugar en la percepción sobre corrupción y mantenemos esperanzas de que cada gobierno sea mejor que el anterior.
Censuramos las argucias, las componendas, los acuerdos velados en las cúpulas partidistas, y esperamos que lo que nos ofrecen, léase gobernantes y legisladores, sea de calidad profesional y moral.
Atestiguamos cómo los partidos políticos defienden, ocultan, envuelven en algodón a aquellos militantes de los que deberían avergonzarse, y aún así creemos que a la hora de postular a sus candidatos a cualquier puesto de elección popular nos presentarán a mujeres y hombres honorables.
Estamos convencidos de que el semillero es deficiente, errático, limitado, y esperamos, quién sabe por qué, que las semillas sean buenas y los frutos mejores.
¿Es ingenuidad, incongruencia, torpeza, ganas de creer?
No sé, pero creo que es, al menos, mucho pedir.
Para nadie es un secreto en este país el daño, perjuicio y menoscabo descomunal de instituciones, funcionarios, partidos políticos y sociedad en general, por el elevado grado de corrupción existente. Los partidos han ido y venido del poder, el escenario es el mismo: corrupción rampante en gobiernos municipales, estatales y federal, en el Poder Legislativo, el Judicial, empresas, etcétera.
Parece que nada escapa en la vida pública de México a la corrupción que la inunda, la contamina y la destruye toda.
El presidente Peña Nieto señaló en su decálogo la lucha contra la corrupción como una de sus prioridades vitales del cambio en México.
El diputado Beltrones en la Cámara "saludó con agrado y satisfacción" la llegada de la iniciativa y anunció el inmediato debate y análisis para legislar a la brevedad.
El énfasis lo puso el presidente cuando la colocó –no podía ser de otra manera–, entre las 10 prioridades de cambio institucional.
Hoy vemos con tristeza, que una vez más, las declaraciones y la retórica no se traducen en acciones concretas y voluntad política para avanzar en un tema que lo abarca todo, toca a todos, mancha a todos los partidos.
La Comisión de Puntos Constitucionales ha ido limpiando los elementos de fuerza y de poder en la iniciativa para dotar de "dientes" a los organismos y en efecto perseguir en corto y efectivo plazo a los corruptos. Es como si la hubiera ido "adelgazando, haciéndola light".
Los gobiernos estatales ejercen fondos federales con amplia laxitud, esencialmente porque a nadie deben entregar cuentas, considerando que ni el presidente ni la Secretaría de Hacienda son sus jefes.
Pero sí le deben cuentas a la ciudadanía.
Los señores legisladores, todos, deben escuchar el clamor contra la impunidad de la sociedad. Es un momento clave, o se hace un viraje profundo o permaneceremos en el lodo y el hábito corrupto a todos niveles.
La corrupción es la puerta de entrada a la vida pública de conductas delictivas de todo tipo. Se trata de un flagelo que no se puede evadir por más tiempo en virtud de la actual crisis de credibilidad de las instituciones y la necesidad de que las autoridades den respuestas efectivas y claras a las demandas más apremiantes de la sociedad.
Además de los impactos a la economía, la corrupción afecta la legitimidad del estado y la credibilidad de la población en sus autoridades.
Estamos en una verdadera crisis general del estado de derecho y esto lo tienen que tomar muy en serio todos los que tienen cargos públicos.
La crisis estructural del estado mexicano es también, por lo tanto, una crisis moral que se debe encarar.