Alfredo Bielma Villanueva

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En 2021, el General Glen VanHerck, Comandante del Comando Norte, el ente militar de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, declaró que el crimen organizado se había entronizado ya en un importante porcentaje del territorio mexicano, por la jerarquía de quien lo dijo necesariamente ese dicho genera preocupación porque en ese Comando Norte poseen información certificada de los países en donde mantiene permanente vigilancia, pues su objetivo consiste en “proporcionar apoyo militar a las autoridades civiles en Estados Unidos y proteger el territorio y los intereses nacionales en zonas como Puerto Rico, Canadá, México y Las Bahamas” (Wiki). Lamentablemente la referida declaración de Glen VanHerck se corresponde con nuestra lacerante realidad, según ha sido posible comprobarlo en las violentas incursiones de grupos delincuenciales en Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Michoacán y en muchas entidades más. Ahora mismo lo estamos atestiguando con los reportes de cadáveres desmembrados y abandonados con signos de violencia en parajes citadinos en Sinaloa. Que es pugna entre malosos, se disculpan las autoridades en innecesario afán por disculpar su incapacidad para imponer orden en esa vorágine sangrienta. Poblaciones enteras de Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, emigran hacia lugar seguro dejando pueblos desiertos y en ellos el patrimonio de toda la vida, indefensos, sin encontrar el apoyo requerido de las autoridades encargadas de la seguridad y del orden. La impunidad levanta su bandera allí donde el gobierno presume pañuelos blancos.

En la elección intermedia de 2021 se acreditaron hechos del innegable involucramiento de células delincuenciales en ese proceso electoral, lo observamos en la elección de Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, etc., en aquel entonces supimos del secuestro en Sinaloa de operadores priistas precisamente el día de la elección, fueron puestos en libertad una vez concluida la votación que dio como resultado la mayoría electoral favorable a Rubén Rocha Moya, el gobernador a quien el Mayo Zambada involucró en su carta más reciente, y se encuentra en el ojo del huracán pues del viernes a la fecha los cadáveres de diez delincuentes han aparecido en diferentes sitios de la capital sinaloense. El 6 de junio pasado, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que por lo menos ocho candidatos electos a alcaldías en la votación del 2 de junio mantienen algún vínculo con grupos criminales. Ahora mismo la fiscalía general del Estado de Guanajuato informó de carpetas de investigación “contra alcaldes y autoridades electas por posibles vínculos con la delincuencia organizada” (Milenio); ese fenómeno se produjo en Michoacán en 2021 y en Guerrero en muchos municipios los candidatos a alcaldías tuvieron ese nefasto origen. En Veracruz no estamos a salvo de esa patología, no al menos en cuanto a alcaldes en permanente riesgo de sufrir algún “accidente” por incumplir instrucciones y no necesariamente de la superioridad política. De Chiapas ni duda cabe, allí la delincuencia se convirtió en metástasis estatal y ¿Quién lo impide? Que lo averigüe Vargas, decía el clásico. Pero es mala señal cuando la política y la delincuencia hacen simbiosis.

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