Raymundo Jiménez

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En diciembre de 2022, un juez de control vinculó a proceso al ex contralor del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Alfonso Velásquez Trejo, por el presunto delito de incumplimiento del deber legal cometido en agravio de ese organismo autónomo.

El ex funcionario indiciado, a pesar de ser detenido y presentado ante un juez con sede en el reclusorio regional de Pacho Viejo, no fue recluido debido a que el delito que se le imputaba no era considerado “grave”, por lo que la autoridad judicial le concedió seguir esta etapa del proceso penal en libertad.

Además, según consta en el expediente de la causa penal 492/2022, el juzgador solamente le impuso como medidas cautelares la presentación periódica cada 15 días, la prohibición de salir del estado y el no acercarse ni ingresar al edificio del IVAI o a las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC).

También se le ordenó entregar las llaves de acceso al edificio del OIC en un plazo máximo de 36 horas y le prohibieron acercarse o comunicarse incluso con personal del IVAI y del OIC, a menos de que fuese con motivo de su derecho de defensa y separación temporal del cargo.

Fue el entonces secretario ejecutivo del IVAI, Javier Jair Heredia Riverón, quien habría presentado la denuncia en contra del ex contralor interno, por omisión, al presuntamente haber tolerado algunas irregularidades cometidas por la ex presidenta Yolli García Álvarez, quien, en cambio, ella sí permaneció dos años en prisión, de 2020 a 2022, al imputársele los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición.

A ella no se le permitió llevar su proceso en libertad a pesar de que durante su cautiverio le practicaron una operación a corazón abierto que requería de cuidados médicos especiales.

Sin embargo, en diciembre del año antepasado finalmente logró salir de la prisión por orden del juez federal de distrito, Fermín Santiago Santiago, quien en el juicio de amparo 553/2022 determinó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva que mantuvo desde 2020 hasta finales de 2022.

Velázquez Trejo, en cambio, sigue libre no obstante que en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, dentro del juicio oral 46/2024-J, celebrada el 8 de julio de este año, fue hallado culpable del delito de incumplimiento del deber legal en agravio del IVAI, según informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que fue la que se adjudicó el fallo condenatorio en contra del ex funcionario.

Pero pese a este fallo adverso, al ex contralor el IVAI, quien presume de supuestos vínculos con actuales funcionarios y políticos de la 4T –entre ellos la directora del IPE, Daniela Griego, y la senadora Gloria Sánchez, las cuales habrían negado toda relación con él– no le ha ido nada mal, pues pese a esta situación irregular sigue percibiendo un buen ingreso como personal académico de la Universidad Veracruzana (UV) asignado a la carrera de Sociología en el Sistema de Educación Abierta (SEA) Región Córdoba-Orizaba.

Según comentan algunos académicos, las autoridades de la máxima casa de estudios del estado no le han fincado ninguna responsabilidad, sino que después de su sentencia sigue impunemente dando clases, sin consecuencia, no obstante que aseguran que además de cobrar durante casi seis años en el IVAI también dobleteaba en la UV como profesor de tiempo completo, cuyos ingresos estimaban en casi 200 mil pesos mensuales, superando los ingresos del gobernador y también profesor universitario Cuitláhuac García Jiménez, quien cuenta con una plaza docente en la Facultad de Ingeniería en el campus Xalapa.

Velázquez Trejo, nos dicen, para continuar como docente de la UV –otra institución autónoma– estaba legalmente obligado a solicitar permiso al Congreso local que lo había designado como contralor del IVAI, trámite que no realizó y por el que le resultaría otra denuncia penal, además de otras presuntas causales que aún tendría pendientes.

Su caso, lamentablemente, podría alcanzar también a la ex presidenta Yolli García, quien, aunque obtuvo el amparo de la justicia federal para modificar la medida cautelar que le impuso un juez local, aún no habría sido totalmente exculpada de los cargos que le imputó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y ella, a diferencia del ex contralor, tampoco tiene la misma suerte de compartir el mismo abogado defensor de David Agustín Jiménez Rojas, actual presidente del IVAI, quien al asumir la titularidad de este órgano autónomo en junio de 2023 tuvo que llegar acompañado del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso local, y con un amparo bajo el brazo para evitar ser aprehendido por la carpeta de investigación que la FGE le había iniciado semanas antes por las denuncias presentadas en su contra por su presunta responsabilidad que como director del Registro Público de la Propiedad le resultaba por la doble escrituración de un rancho que legítimamente pertenecía a una familia del municipio de Puente Nacional que presentó denuncia penal por despojo.

Hace poco, por cierto, ante las versiones de que la gobernadora electa Rocío Nahle estaba ponderando avalar la destitución de la fiscal Verónica Hernández Giadáns, el comisionado presidente del IVAI se autopromovió para encabezar el órgano autónomo encargado de procurar justicia, presumiendo a sus cercanos su presunta relación estrecha con José Luis Peña, el influyente esposo de la virtual mandataria estatal.

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