Raymundo Jiménez

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Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de seguridad para su gobierno, la cual encargó a su hombre fuerte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La estrategia está focalizada en seis estados clave: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, y contempla de manera contundente el combate a la extorsión.

Ojalá que este nuevo intento para combatir la criminalidad resulte más eficaz que la de los “abrazos, no balazos”, que prevaleció en el régimen anterior también de Morena.

Sin embargo, hay dudas razonables. Empezando porque la estrategia le fue encargada a García Harfuch, quien, como ex delegado de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, no ha contribuido a esclarecer el caso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Hace dos años, a principios de septiembre de 2022, el diario español El País publicó dos minutas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acreditan la asistencia del actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Sheinbaum, los días 7 y 8 de octubre de 2018, a una reunión en Iguala con los responsables militares y civiles de investigar la desaparición de los estudiantes normalistas ocurrida cuatro años antes.

Los documentos mostrados por el diario madrileño sitúan a García Harfuch en esa ciudad de Guerrero, el mismo día en que se celebró la reunión que se acusa sirvió para “fraguar” la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la declaración ministerial que la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó para imputar los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; imputación que actualmente tiene sujeto a prisión preventiva al ex gobernador priista de Hidalgo.

Pero otra duda razonable se debe al encubrimiento de algunos gobernadores presuntamente vinculados con los cárteles criminales. El caso que actualmente está en la mira de la opinión pública es la del sinaloense Rubén Rocha Moya, a quien en su conferencia de prensa de este lunes defendió sin tapujos la Presidenta.

“No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha”, afirmó Sheinbaum, desmintiendo los informes que han circulado sobre un supuesto seguimiento al gobernador por sus presuntos lazos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal respondieron a una reciente publicación de la revista Proceso, que reveló que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo del general Audomaro Martínez Zapata, y la inteligencia militar estaban vigilando a Rocha Moya por supuestas conexiones con el Cártel de Sinaloa. El reportaje indica que el gobernador morenista habría mostrado simpatía por la facción de Los Chapitos, lo que habría provocado tensiones con la facción de ‘El Mayo’ Zambada, también líder del cártel.

Según el informe, el seguimiento al gobernador de Sinaloa fue ordenado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y contaba supuestamente con el visto bueno de Sheinbaum.

La publicación detalló que los documentos de inteligencia federal señalan que José Rocha Ruiz, el hijo del mandatario sinaloense, también estaría bajo vigilancia y que se le acusa de ser el enlace entre su padre y Los Chapitos a través de altos funcionarios del estado, incluido el titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado.

El informe agregó que Rocha Moya ha recibido amenazas de muerte, lo que ha obligado a reforzar su seguridad, y que pernocta en el Palacio de Gobierno de Culiacán para su protección.

Sin embargo, pese al blindaje presidencial, Rocha Moya es indefendible. Hace tres años, en agosto de 2021, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, acudieron a la sede en Washington de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar formalmente ante el secretario general del organismo internacional, Luis Almagro, la intromisión de grupos del narcotráfico en las elecciones locales y federales de ese año. Precisamente uno de los casos más escandalosos fue el de los comicios de gobernador de Sinaloa, donde horas antes de las votaciones, entre la noche del sábado 5 y la madrugada del domingo 6 de junio, hombres armados del cártel de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán secuestraron a una decena de representantes y operadores electorales del partido tricolor en Culiacán, entre ellos al secretario de Organización del Comité Directivo Estatal, José Alberto Salas Beltrán.

El gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel, del PRI, no protestó ni maniobró para rescatar a sus correligionarios, quienes fueron liberados por los sicarios hasta después del cierre de las casillas electorales. Coincidentemente, nueve meses después, a principios de marzo de 2022, el mandatario priista fue propuesto por el presidente López Obrador ante el Senado de la República como embajador de México en España, nombramiento que motivó su expulsión del Revolucionario Institucional.

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