Raymundo Jiménez

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En la década de los ochentas, cuando en el país predominaba un solo cártel del narcotráfico –el de Guadalajara, fundado por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, implicados en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, quien fue secuestrado en 1985 en la capital jalisciense, donde operaba para la agencia estadounidense antinarcóticos–, los analistas políticos y académicos comenzaron a alertar que México estaba por “colombianizarse”, en alusión a la barbarie que en el país sudamericano habían desatado principalmente los traficantes de cocaína de Cali y Medellín.

En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empezó el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, cuyo crimen fue ordenado por el líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, en ese entonces suplente en la Cámara de Representantes.

En México, según los gobernantes de Morena, la violencia de los grupos criminales se desbordó a partir de que el ex presidente Felipe Calderón, del PAN, declaró en diciembre de 2006 la guerra al narcotráfico en Michoacán, pero el mandatario panista lo hizo en apoyo del atribulado gobernador perredista de esa entidad, Lázaro Cárdenas Batel, quien en el sexenio pasado, el de “los abrazos, no balazos”, fue de 2018 a 2023 coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y actualmente, desde hace 25 días, funge como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República con la morenista Claudia Sheinbaum, que ha dado continuidad a la misma política anticrimen de su antecesor a pesar de los malos resultados que sigue arrojando hasta ahora.

La administración de López Obrador concluyó con un registro preliminar de 199 mil 952 personas asesinadas, tanto en la modalidad de homicidio doloso como feminicidio, según registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre la incidencia delictiva ocurrida en el país con datos actualizados al mes de septiembre pasado.

Sheinbaum, en los primeros 21 días de su administración, registraba ya 2 mil 515 homicidios dolosos.

Ayer, en Acámbaro y Jerécuaro, del estado de Guanajuato, explotaron dos coches bomba.

En Tecpan, Guerrero –entidad donde hace tres semanas fue decapitado el alcalde Alejandro Arcos Catalán, de Chilpancingo–, se reportaron enfrentamientos, bloqueos y quema de tráileres.

En esa región de la Costa Grande guerrerense surgió un grupo armado independiente que asegura no pertenecer a la delincuencia organizada, aunque se les liga con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por denominarse Guerrero Nueva Generación. En un video que circuló en redes sociales, advierten que van contra el Cártel de los Granados, que presuntamente son protegidos por autoridades municipales de Tecpan de Galeana, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de la Guardia Nacional y del Batallón 109 de Infantería. Inclusive mostraron un video en el que sicarios del grupo delictivo secuestran a lugareños, encubiertos por un vehículo militar. 

El pasado martes 22 de octubre, en Villahermosa, la capital de Tabasco, se registró una nueva ola de violencia dejando como saldo varios vehículos calcinados, tiendas de autoservicio afectadas y el reporte de detonaciones de arma de fuego.

En Chiapas, donde el domingo pasado fue asesinado el sacerdote tzotzil Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, comunidades indígenas siguen siendo desplazadas por el choque de los cárteles de Jalisco Nueva Generación con el de Sinaloa por el control de la frontera sur de México con Guatemala.

Y, en Sinaloa, no cesa la violencia desatada a partir del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.  

La Fiscalía General de Sinaloa ha registrado más de 172 homicidios y 200 desapariciones, tras estas seis semanas de las disputas entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

De acuerdo con lo reportado por el diario Milenio, a principios de septiembre estos enfrentamientos habrían dejado un saldo de seis muertos y siete personas desaparecidas. Pero el 7 de octubre, un mes después, las cifras aumentaron a 155 mil fallecidos y 171 personas sin localizar, de las cuales 28 fueron privadas de su libertad.

De colofón, anteayer el club de futbol Dorados, de Culiacán, mediante un comunicado anunció que debido a la narcoviolencia cambiará su sede a Tijuana para jugar los últimos tres partidos de la Liga de Expansión MX.

¿Y… el “super policía” Omar García Harfuch? ¿Cuándo empezaremos a verlo en acción?

Después de haber sobrevivido al brutal atentado en la Ciudad de México en junio de 2020, el flamante secretario de Seguridad y Protección Ciudadana debería aplicarse más para someter a los cárteles del narcotráfico y bandas criminales que están desangrando al país.

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