José Luis Enríquez Ambell
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Habremos de suponer desde la observancia social, que todos aquellos servidores públicos - mujeres y hombres - que pretendan iniciar de manera formal sus campañas en busca de un espacio edilicio a través de las urnas en junio próximo, tendrán que separarse del encargo actual que vengan desempeñando.
Y más allá, que sean renuncias voluntarias o forzosas, también tendrán que cuidar de las campañas anticipadas y/o con dinero sin fiscalizar, pues además de dar a qué hablar, podrían llevarles a sanciones y eliminaciones electorales.
Si bien es cierto que el concepto de moda en la agenda electoral veracruzana pareciera ser "El Nepotismo y la No Reelección", el presentar renuncias en tiempo y forma, les evitará ser observados o tener que defenderse por hacer
promociones utilizando el dinero del pueblo.
Los responsables de los recursos humanos en las áreas administrativas y los encargados del control y la evaluación en términos de la plena observancia de la normatividad en el universo de la administración pública, se espera que actúen con transparencia, y es que a nadie conviene se ensucie la jornada electoral municipal venidera.
De por sí, el OPLE no la tiene fácil en su tarea correspondiente, pues es el árbitro electoral y garante de una contienda leal, a partir de la legislación y normatividad vigentes en materia de responsabilidades y resorte en el quehacer oficial, con la participación ciudadana activa.
De ahí que las renuncias o separaciones de los que busquen contender y ocupen espacios desde el aparato burocrático actualmente, se espera que las renuncias sean de forma libre, espontánea, inequívoca y constar por escrito, para separarse en definitiva del servicio donde trabajen.
No debo omitir que aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT), no menciona “la renuncia voluntaria de forma verbal”, eso no significa que no tenga carácter jurídico, sobre todo si el contexto en el que se expresa la renuncia pone en peligro la vida del trabajador. No obstante, en la mayoría de los casos es recomendable presentarla de forma escrita, como en el caso de todos los actuales servidores públicos en alguna oficina de gobierno -federal, estatal o municipal- que incluye a quienes por alguna razón se desempeñen en puestos honoríficos o de voluntariado social en organismos como el DIF.
Este tipo de Renuncia Voluntaria, es uno de los derechos que corresponde a todo trabajador, de acuerdo a la LFT. Y todo ello dado que nuestra Constitución garantiza el derecho de las personas a dedicarse libremente al trabajo o actividad económica que desee, siempre y cuando sea lícito; así como a firmar un contrato laboral en cualquier momento y dar por terminada dicha relación cuando así lo considere, ya sea por motivos personales o profesionales, aunque sabemos que pueden haber otras razones de interés político, pero que no dejan de ser susceptibles al caer en el terreno jurídico.
DE SOBREMESA
En la política tropical y veracruzana el acto de renunciar o la figura de renunciamiento, suele estar lejos de suponer un sacrificio, pues está más cerca de alentar una perspectiva –entre visible y oculta– pero que resulta muy clara para quien toma la decisión y a quién se le presenta la renuncia, lo que supondría una negociación entre quién sale, pero también de quién la recibe y acepta en su condición de superior jerárquico.
Y en el juego de los procesos electorales unos ganan y otro no, y es que en el balance de los primeros 100 días de gobierno de la Sra. Rocío Nahle, se podrían adelantar algunas renuncias también.
UN CAFÉ LECHERO LIGTH
En el oficio de la política y en el quehacer de las instituciones se entiende que se trabaja estando al servicio de la población y todo el electorado, lo que obliga permanentemente y a diario en cada momento a ganarse lo más preciado: “la confianza política y ciudadana.”
¡ES CUANTO!
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