Francisco Cabral Bravo

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En el camino hacia una vida lograda, muchas personas se enfocan en la motivación como el motor del cambio. Y aunque la motivación puede ser una chispa inicial poderosa, a veces, no es sostenible a largo plazo. La verdadera diferencia entre quienes logran sus metas y quienes se quedan en el intento es la disciplina, que es el arte de hacer lo que se debe de hacer, incluso cuando no se tienen ganas de hacerlo.

Es la capacidad de seguir avanzando pese al cansancio, la falta de ánimo o los obstáculos que inevitablemente surgirán. Es, en esencia, la habilidad de gobernarse a uno mismo, algo esencial para alcanzar cualquier objetivo significativo en la vida. Una de las cosas más importantes a tomar en cuenta es que la disciplina y la motivación no son lo mismo.

Aunque la motivación es muy relevante, también puede ser emocional y volátil. Por otro lado, la disciplina es estable y confiable: no depende de cómo te sientas, sino de un compromiso con uno mismo.

“Los soldados cansados son los que ganan batallas que han perdido batallas, que han sufrido heridas” es una frase que se atribuye a Napoleón Bonaparte.

Sin duda la gobernadora Ingeniera Norma Rocío Nahle García y el secretario de Gobierno empresario y político Ricardo Ahued Bardahuil juntos han construido un entre mando sólido, pero eso implica unidad, proyecto político, un gran esfuerzo y una poderosa estrategia lo que permite la gobernabilidad.

Y es que no es lo mismo afrontar riesgos que incertidumbre. La incertidumbre nos impide elaborar respuestas y más bien nos conduce a actuar a la defensiva, exponernos lo menos posible, en la medida que no sabemos por dónde va a llegar el golpe. Los riesgos son identificables y en cierto grado medibles. Se les puede asignar un nivel de probabilidad. Y quizás lo más importante es que podemos tomar acciones que nos permitan enfrentarlos. Estar preparado no es improvisar, es reaccionar con conocimiento. Entre muchas enseñanzas que aunque valen, recuerdo, que los viejos decían que los gobernantes podían jugar con mucho, pero no con todo.

En otro orden de ideas, en la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales, es esencial establecer alianzas y conformar, de manera integral, un abanico de posibilidades. Es por ello que, en respuesta a las necesidades de las niñas y los niños de México, se organizó el foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024−2030”, encabezado por el Senado de la República. Al encuentro acudieron, además de los legisladores, investigadores, académicos y líderes de organizaciones para trabajar de manera conjunta en políticas públicas a favor de los 12.4 millones de niñas y niños que integran la primera infancia mexicana.

Todos los participantes coincidieron en que este sensible sector enfrenta grandes desafíos inmediatos, siendo los principales los relativos a la violencia, la pobreza, la carencia de vacunación, la desnutrición, la educación y la falta de crianza positiva.

La primera infancia no puede esperar. Nuestro país se ha quedado atrás en el cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde sus primeros años de vida, mientras países de nuestra región apuestan por la infancia con una visión de largo plazo. Hoy hay una nueva oportunidad para atender necesidades prioritarias en este ámbito.

Entre los puntos torales se destacó acabar con la pobreza extrema que viven 1 de cada 10 niñas y niños en primera infancia, quienes además enfrentan violencia doméstica y fuera de su hogar. Urge la creación de entornos seguros para su desarrollo integral y, por lo tanto, asegurar el acceso efectivo a la justicia que garantice su protección.

Asimismo, se reconoció la importancia de fortalecer los cuidados desde la atención prenatal hasta el puerperio, asegurando que los centros de salud cuenten con equipos y personal capacitado para atender procedimientos de rutina, así como para prevenir y atender enfermedades y emergencias obstétricas.

El foro “Prioridades de Atención de la Primera Infancia 2024−2030” fue una oportunidad para dialogar y establecer compromisos en torno a uno de los sectores sociales más vulnerables. Principalmente, fue para resaltar que la atención que se demanda sólo será posible si la sociedad civil y el gobierno colaboran en un mismo esfuerzo y dirección.

Tenemos que trabajar por un mundo donde los niños puedan ser niños y donde su educación, salud, nutrición y protección sean otorgados cabalmente. Si queremos un auténtico estado de bienestar, la primera infancia debe ser prioridad. En otro contexto uno de los aspectos fundamentales en la integración de poderes y órganos electivos es el deber constitucional de su composición paritaria por razón de género.

Nuestra Constitución establece como derecho de una persona ciudadana a ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular (artículo 35, fracción II).

El 12 de febrero último el Consejo General del INE aprobó los criterios de paridad que aplicará una vez realizado el cómputo de los votos en la elección extraordinaria de personas juzgadoras.

En dicho acuerdo un esquema de alternancia y las reglas para garantizar la paridad de género en los cargos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal.

Diversas personas candidatas no estuvieron de acuerdo con esos criterios y promovieron juicios ciudadanos por presuntas violaciones a sus derechos a ser votadas, a su permanencia en el cargo (para el caso de personas juzgadoras en funciones) así como entre otros por la supuesta desproporcionalidad de la acción afirmativa establecida y la presunta violación al principio de reserva de ley.

La Sala Superior del TEPJF confirmó los criterios aprobados por el INE (SUPJDC-1284?2025 y acumulados). ¿Por qué resolvió de esta manera?

Para empezar, el INE no excedió su facultad reglamentaria porque actuó en ejercicio de un mandato constitucional y en cumplimiento a su obligación de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos judiciales federales.

La Constitución también ordena que el INE efectúe los cómputos de la elección judicial, publique los resultados y entregue las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos. Además, dispone que debe asignar los cargos judiciales alternadamente entre mujeres y hombres (artículo 96, fracción IV).

El INE tampoco vulneró el derecho a ser votado en igualdad de condiciones, ni la autenticidad o efectividad de su sufragio.

El INE tampoco vulneró el principio de certeza porque los criterios que aprobó establecen reglas claras y precisas acerca de cómo se aplicará el principio de paridad una vez que se lleve a cabo la elección judicial.

Por otro lado, el instituto foto no estaba obligado a implementar acciones afirmativas específicas para personas de la diversidad sexual al tratarse de un proceso extraordinario con características particulares.

Finalmente, el INE no vulneró el derecho de acceso a la justicia por falta de representación del Poder Judicial o de otros poderes ante su consejo general porque la integración de dicho consejo, para el proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial De la Federación, ya había sido aprobado por la Sala Superior del TEPJF con antelación (SUP-RAP-994?2024 y SUP-RAP-996?2024).

De esta manera, la primera elección de las personas juzgadoras en la historia de nuestro país se hará con respeto pleno a la asignación paritaria de los cargos judiciales electos, la cual es acorde con una democracia judicial inclusiva, justa e igualitaria.

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