Alfredo Bielma Villanueva
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“Recibí un Sector Salud en ruinas” decía López Obrador en sus cotidianas admoniciones desde los inicios de su periodo de gobierno, lo hacía para justificar los cambios que a continuación implementaría en ese tan importante en la vida de los mexicanos, al que inyectaría insumos financieros suficientes para otorgar a los mexicanos servicios de salud de calidad, equivalentes a los proporcionados en los Países Bajos. Para emprender ese propósito resolvió desaparecer el Seguro Popular, un programa de financiamiento de gastos catastróficos creado en 2003, progresivamente alimentado con recursos económicos necesarios para respaldar tratamientos de elevado costo. El gran monto del presupuesto destinado al Seguro Popular prohijó acentuada corrupción por el frecuente desvío de sus recursos para otros fines por decisión de los gobernadores. En lugar de corregir los vicios en su manejo AMLO optó por desaparecerlo, lo que no hubiera sido imputable si en su lugar se hubiera creado un mecanismo alterno que superara en servicios al programa desaparecido. Pero las corruptelas sirvieron de fundamento para justificar la desaparición del Seguro Popular, porque para proseguir con los fines asignados a ese Seguro se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que resultó un genuino fracaso porque nunca entró en operación. La funesta combinación entre el desabasto de medicinas que permeó durante todo el gobierno de AMLO y la ausencia de un respaldo equivalente a los servicios del Seguro popular dejaron en la indefensión a cientos de pacientes enfermos de cáncer cuyo tratamiento requiere de gastos catastróficos. Fue el apocalipsis para el Sistema de Salud de este país y de los mexicanos en condición de penuria económico.
Otra consecuencia derivada de la desaparición del Seguro Popular la atestiguamos ahora que la gobernadora Rocío Nahle ordenó la compra de medicamentos a causa del desabasto de medicinas en el CECAN. El desabasto de medicinas es ocasionada por el retraso en la compra de medicamentos a causa de una irregularidad descubierta en BIRMEX, la dependencia encargada de la adquisición de medicinas, pues adjudicó convenios a sobreprecio por 13 mil millones de pesos en compra de medicinas. El presupuesto para adquirirlas asciende a 248 mil millones de pesos, una alberca bastante profunda para los clavados. Como en Veracruz, otras entidades padecen el mismo síntoma de desabasto, por esa circunstancia la gobernadora Nahle actúa en consecuencia para aliviar eventualmente las carencias de medicinas en el sector salud veracruzano. Es una contingencia fuera de programa, pero es un acto de gobierno obligado por la carencia de insumos médicos. De existir el Seguro Popular, de su presupuesto hubiera manado el recurso. No que ese programa de financiamiento haya sido el non plus ultra para solventar gastos catastróficos, pero funcionaba y era muy susceptible de perfeccionarlo. Como se ve el panorama, si fue cierto que López Obrador recibió un sector salud en ruinas, es fácil deducir las penurias que ahora sufre uno de los sectores de gobierno más importantes para el servicio a la población.
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