√ ratar de revictimizar a quien se atreve a romper el silencio

√ Cuando el escarnio recae sobre quien denuncia y no sobre el presunto violador

√ La justicia no puede ser un instrumento de coyuntura, ni la violencia de género

Miguel Ángel Cristiani G.

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En un país donde la violencia de género se ha normalizado al grado de volverse paisaje, cada vez que una mujer se atreve a denunciar una agresión sexual enfrenta no sólo al sistema jurídico, sino a un tribunal mucho más cruel: el del linchamiento público. Tal es el caso de Vania López, la joven que denunció al ex regidor noveno del Ayuntamiento de Córdoba, Eduardo “N”, hoy vinculado a proceso por el delito de violación agravada, según la causa penal 680/2024.

Y sin embargo, no es el acusado quien está siendo linchado en redes sociales y en algunos pasillos del poder. Es ella, la denunciante. La víctima.

Desde el pasado 18 de octubre, cuando la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Eduardo “N”, se activaron las cloacas del descrédito: campañas sucias, rumores maliciosos, insinuaciones miserables que buscan pintar la denuncia como un montaje, una venganza, una invención. La vieja estrategia de siempre: revictimizar a quien se atreve a romper el silencio.

¿Qué clase de sociedad hemos construido, cuando el escarnio recae sobre quien denuncia y no sobre el presunto violador?

No se trata de prejuzgar ni de condenar sin sentencia —porque el debido proceso es un pilar de la democracia—, pero tampoco se puede ser neutral frente a una realidad que arrastra siglos de impunidad y silencios forzados. Vania López, al presentar su denuncia, asumió no sólo el peso judicial, sino la lapidación mediática. Eso habla más de nosotros que de ella.

La conducta delictiva atribuida al ex regidor no es menor: violación agravada. Y el contexto agrava todavía más: era un funcionario público. Un representante popular. Un servidor del pueblo que, si se confirma su culpabilidad, habría traicionado su encargo con el acto más brutal de poder sobre otra persona: la violencia sexual.

Frente a esto, ¿dónde está la solidaridad institucional del Ayuntamiento que encabeza Juan Martínez? ¿Dónde el pronunciamiento firme a favor de la verdad y la justicia? El silencio cómplice, el mutis de quienes deberían alzar la voz en defensa de los derechos humanos, resulta igual de preocupante que la agresión misma.

Pero hay algo aún más inquietante: el uso político de la violencia. Lo que debería ser una investigación seria, autónoma y estrictamente judicial, ha sido secuestrada por intereses que buscan sacar provecho de la desgracia ajena. Sectores del poder —algunos incluso al interior del propio Cabildo— aprovechan la situación para ajustar cuentas, vengarse, desacreditar. No por empatía hacia Vania, sino por cálculo.

Y es aquí donde como periodistas, ciudadanos y demócratas, debemos marcar una línea clara: la justicia no puede ser un instrumento de coyuntura, ni la violencia de género un campo de batalla electoral.

Hay una historia larga detrás de todo esto. La impunidad histórica de agresores sexuales, la desconfianza en las instituciones, la falta de perspectiva de género en ministerios públicos y tribunales. Pero también hay un presente que exige responsabilidad: cada vez que una mujer denuncia una agresión, y el sistema le responde con descrédito, estamos abonando a la continuidad del abuso.

Se necesita valor para denunciar una violación. Se necesita aún más cuando quien la comete tiene poder, cargos públicos y aliados. Vania López tuvo ese valor.

No sabemos aún si el ex regidor es culpable o inocente. Eso lo determinarán los tribunales. Lo que sí sabemos —y debemos afirmar sin ambigüedades— es que ella no es culpable de denunciar. Que tiene derecho a la justicia, a la verdad, a la protección institucional, y sobre todo: al respeto público.

Porque si permitimos que quienes alzan la voz sean aplastados por el lodo de la difamación, no sólo estamos fallando como sociedad: estamos alimentando el ciclo de la violencia.

Hoy es Vania. Mañana puede ser tu hija, tu hermana, tu colega. No es una causa personal, es una causa pública. Callar frente al linchamiento moral de una víctima no es neutralidad: es complicidad. Y en un estado de derecho, la única complicidad aceptable es con la verdad y con la justicia.

“Lo contrario a la justicia no es sólo la injusticia: es la indiferencia.”

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