Debido a que se trata de un recurso público de orden municipal corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) investigar la aplicación de ese dinero. Por cierto, en reunión con comunicadores de la ACOVER, la titular del Orfis, Delia González Cobos, informó pormenorizadamente sobre los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública 2024. A la pregunta acerca del costo-beneficio de la existencia del ORFIS respondió aludiendo a la conveniencia de un órgano que capacite a los entes auditables y vigile la correcta aplicación del dinero público, además, considera que sus auditorías son mecanismos preventivos contra la corrupción. El ORFIS fue creado en el gobierno de Miguel Alemán Velasco (1998-2004), en el decurso de su avatar este órgano fiscalizador no se ha salvado del “sospechosismo” de incurrir en prácticas muy antagónicas al leitmotiv que le dio vida: combatir desviaciones del recurso público para beneficios ajenos a su destino. Sin embargo, debe reconocerse que durante el actual periodo encabezado por la licenciada González Cobos ese estigma ha desaparecido, lo cual es buen síntoma porque la administración pública de los tres órdenes de gobierno está fuertemente contaminada por la corrupción. Luce peor el escenario cuando se intenta “combatir” la corrupción al estilo de López Obrador, matando al perro para terminar con la rabia, tal como lo hizo al suspender la construcción del aeropuerto de Texcoco y finiquitando al FONDEN con el cuento de que la corrupción los invadía. A propósito del combate a la corrupción, la Auditoría Superior de la Federación denunció penalmente a María Elena Álvarez Buylla por irregularidades en el manejo de 57 millones de pesos en el CONACYT, si el órgano de fiscalización federal tiene esa facultad de denuncia ¿Por qué no la tiene el ORFIS? Sin ese mecanismo en su poder el órgano local de fiscalización debe triangular sus denuncias y en esa instancia pierde capacidad y control en el proceso de corregir la malversación. Pero ese ya es asunto concerniente al interés político y algo más, ni modo que la Comisión de Vigilancia del Congreso local tenga que compartir “su vigilancia” a los ayuntamientos con el ORFIS.

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