José Luis Enríquez Ambell

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Cuando llega el momento en el que servidores públicos se apartan de ser empáticos con los diputados del Congreso –como en Veracruz, que no les dan audiencia y no responden a los oficios de petición de espacio en agenda– y justo a quienes les otorgaron la dispensa normativa para ocupar un cargo en el gabinete legal de la titular del Poder Ejecutivo, por no ser originarios de nuestra entidad, es el caso de Leonardo Cornejo en la SIOP, la ciudadanía, siendo un ente social, está siendo rechazada.

Es triste que, por la conducta de uno, el pueblo crea que todos los servidores públicos son iguales.

Estas líneas surgen y son en razón a la comparecencia del Secretario Cornejo –titular de la SIOP– y quien hace unas horas recibió de más de uno de los legisladores presentes, en la glosa sectorial del Primer Informe de Gobierno de la Ingeniera Rocío Nahle, el reclamo por no otorgar audiencias solicitadas por escrito e incluso ni siquiera responder a ellas.

La insensibilidad de servidores públicos –no de todos, afortunadamente– hacia las diputadas y los diputados, y con ello a la población, es un asunto que en menos de doce meses de régimen parece recurrente.

Este tipo de conductas, como en el caso del Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, es una acción que erosiona particularmente la confianza ciudadana, pero igualmente a la Gobernadora del Estado, y no precisamente para llevar a mover fichas en el tablero de la estructura de SIOP, pero sí para buscar mejorar en todo lo posible actitudes y comportamiento en ese sector del gobierno.

De continuar con esa actitud, habrá que revisar y pedir que el código de ética se aplique o, de lo contrario, ese tipo de conductas habría que entenderlas como desobediencia o agravio a la población en su conjunto. Y los servidores públicos, en su conjunto, saben o deben saber que son empleados de los veracruzanos, y sin que esto, dicho sea de paso, se entienda como un empujamiento social o una agresión.

DE SOBREMESA

La causa o causas que serán base para algún cambio de titular de la FGE (Fiscalía General del Estado) –como se ha venido diciendo en las recientes horas y días– se tendrían que dar bajo el sustento que establece la Constitución Política para Veracruz y las normas vigentes en términos de las leyes orgánicas que correspondan.

Y es que la FGE es un organismo autónomo y todo acto jurídico que le corresponde no es una acción discrecional, pues al ser un ente público requieren observarse procedimientos y causales particulares que se especifican en términos de garantía a su autonomía y su significado de contrapesos como institución.

La 65 Legislatura y el Secretario de Gobierno del sexenio pasado decidieron el cambio de titular de la FGE por razones de orden político, más no jurídico, como ahora parece estaría dándose.

Dicho de otra forma, cualquier cambio en los organismos autónomos –sea una transición o alguna reestructuración, en este caso la FGE– se espera que se realice bajo estrictas reglas y procedimientos legales que eviten sospechas o cuestionamientos jurídicos.

¡ES CUANTO!

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