Nunca será igual la verdad oficial a la histórica.

A tres años del asesinato de la periodista Regina Martínez asoma de nueva cuenta la exigencia de esclarecimiento del crimen, mismo que va acompañado del recuento de hechos que sepultan la verdad gubernamental.
Entre los premios y castigos destaca una Subprocuraduría para quien integró la investigación, una magistratura a la juez de primera instancia que sentenció al supuesto cómplice del crimen, una casa para “El Silva”, aprehendido, liberado y reaprehendido, así como una escalada de simulación para sepultar el caso.
Y para la remembranza queda aquel sábado 29 de abril del 2012, día que fue violentada hasta la muerte la periodista Regina Martínez Pérez y sería hasta el día siguiente cuando la periodista, corresponsal en Veracruz del semanario Proceso, fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Xalapa, con signos de violencia y asfixia.
Es ahí cuando se inicia todo el entramado de maquillaje.
La entonces Procuraduría de Justicia iniciaría la investigación ministerial 363/2012 en la agencia segunda del Ministerio Público para esclarecer esta muerte, al tiempo que ordenaría a la Agencia Veracruzana de Investigaciones integrar un equipo especial con el mismo propósito.
La vivienda estaba abierta
El cuerpo de la comunicadora fue localizado a las 18 horas de ese 29 de abril en su vivienda, luego de que un vecino reportó al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C-4, que la puerta de la vivienda de la periodista se encontraba abierta desde temprano, sin que se percibiera movimiento.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado acudieron a revisar el domicilio. En el baño de su modesto departamento localizaron el cadáver, mismo que “presentaba golpes contusos en el rostro y el resto del cuerpo”.
Aparentemente la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, versión que se confirmaría después de la necropsia de rigor.
La clave del cambio del escenario y construcción de la verdad oficial correría a cargo del director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, Enoc Maldonado Caraza (experto en construir versiones y verdades oficiales a modo) y el director de Servicios Periciales, Crosby González Montiel.
Originaria del municipio de Gutiérrez Zamora, y egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, Regina Martínez se desempeñó hace tiempo como corresponsal de La Jornada y de Proceso, así como de la agencia informativa Apro y en el ámbito local reportera durante 20 años del periódico Política.
Tras el hecho se desencadenarían una serie de versiones y hechos inexplicables.
En octubre de ese 2012 detienen a un presunto cómplice del asesino. La Procuraduría presentó a Jorge Antonio Hernández Silva, como presunto asesino de la periodista Regina Martínez ocurrido en abril pasado, y aseguraron que el móvil del crimen se debió a un robo.
¿Robo?
En ese entonces también se logró identificar a un segundo participante en el asesinato, de nombre José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, quien fue buscado en todo el país, de quien posteriormente se sabría que huyó a Michoacán para integrarse al grupo armado “La Familia”.
Ya para entonces las indagaciones periodísticas de Proceso y colegas locales concluían que Regina Martínez había dedicado sus investigaciones más recientes a los crímenes cometidos contra otros colegas en el Estado de Veracruz, uno de los más mortíferos de la República en 2011, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Desde diciembre de 2010 al 2012 habían sido asesinados en Veracruz 9 periodistas, los últimos ultimados fueron los periodistas gráficos Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna en el puerto de Veracruz, al igual que Noel López Olguín, Yolanda Ordaz de la Cruz, así como Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana, también periodista.
La escalada no pararía, sin embargo, el caso Regina cobraría mayor relevancia por los tintes internacionales al igual que la escalada de desprestigio contra el gobernador Javier Duarte, misma que se ahondó en el mismo momento en que el “cómplice”, Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva” ya detenido, fue puesto en libertad el 8 de agosto del 2013.
Con una supuesta confesión bajo tortura, el testimonio de una mujer y sin pruebas periciales de por medio, el 9 de abril de 2013 Beatriz Rivera Hernández, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia, condenó a 38 años y dos meses de prisión a “El Silva” por los delitos de homicidio calificado y robo agravado contra la periodista veracruzana, pero ese 8 de agosto, los magistrados Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra, integrantes de la Séptima Sala Penal del TSJE, revocaron la sentencia de prisión impuesta al presunto cómplice del asesinato.
Para el magistrado Edel Alvarez Peña, lo que le seguiría sería el infierno, no así para la juez Beatriz Rivera, a quien posteriormente la premiarían haciéndola magistrada, al igual que a la Directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJV, Consuelo Lagunas, a quien premiarían con una subprocuraduría especializada en investigación de Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y de la Familia.
El punto es que en los medios de comunicación se dio a conocer que los magistrados del TSJE argumentaron que no se llevó a cabo un debido proceso, en primer término, porque no hubo orden de aprehensión para la detención del inculpado y porque el acusado fue detenido medio año después de ocurridos los hechos.
Los magistrados tomaron en cuenta que “El Silva” dijo haber confesado su culpabilidad mediante “tortura”, por tanto señalaron que la declaración no era válida y que sólo había testimonios “de oídas”. Además dijeron que no hay pruebas que acrediten que el sujeto estuvo en la casa de la periodista el 28 de abril de 2011.
Para tapar el agravio la fiscalía reaprendió a “El Silva” el 22 de octubre del año pasado y calmar los ánimos exaltados del hermano de Regina, Ángel Alfonso Martínez Pérez, sería “convencido” de manera contundente.
El titular de la PGJE, Luis Ángel Bravo Contreras aseguró ese octubre que “El Silva” fue detenido en un municipio pequeño de Tlaxcala, donde fue localizado en un operativo de inteligencia ministerial, “sin bigote” y “rapado de la cabeza” para dificultar su localización.
Bravo Contreras expresó que la sentencia de “El Silva” quedó en 32 años y meses (sic) por el homicidio de la periodista veracruzana… ¿dónde quedó, entonces, el proceso ministerial anterior? ¿Se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito?
En el caso del otro presunto homicida, Jorge Adrián Hernández Domínguez “El Jarocho”, la PGJE continúa en su búsqueda, informó.
El funcionario estatal admitió además que no hay “signos” ni “indicios” de que “El Jarocho” pudo haber sido abatido en Guadalajara, Jalisco en un enfrentamiento entre la delincuencia organizada en la Plaza Antares, como lo reveló el periódico Notiver un año atrás.
Así, en el ánimo oficial prevale la insistencia en que lo de Regina se trató de un “crimen pasional” y no un delito contra la libertad de expresión.
A tres años el recuento de periodistas asesinados alcanzó los once y lo de Regina pasó al olvido, no así para el gremio periodístico convencido de que el agravio está presente y no morirá hasta que se haga justicia.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo



Los contenidos, estructura y redacción de las columnas se publican tal cual nos las hacen llegar sus autores.