El inmediato 28 de septiembre se publicó en el número extraordinario 386 de la Gaceta Oficial una cosa llamada “Decreto administrativo por el que se instruyen medidas de control jurídico en material laboral para la Administración Pública Estatal”, firmada por el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado.
Los 7 considerandos son más abundantes que los únicamente 4 artículos de que consta el decreto.
Sin embargo, en relación inversa proporcional a su pequeñez, el proveído es veneno puro para miles de trabajadores que están a punto de ser cesados por el gobierno estatal o que ya lo fueron y peregrinan por las oficinas burocráticas planteando el atrevimiento de recibir alguna indemnización.
Por principio de cuentas, el decretazo inventa un laberinto con el fin de hacer farragosa, inalcanzable y tortuosa cualquier salida decente en relación con los despidos, y finalmente exhibe su verdadera y desvergonzada intención, que es generar un respaldo legal para evitar pagar las indemnizaciones justas.
Paradójicamente a la supuesta regulación que pregona, el engendro, salido de las frankenstenianas mentes de los asesores duartistas, contiene afirmaciones que son un reconocimiento tácito sobre la manera irregular en que ha actuado el arruinado régimen para deshacerse de compromisos laborales que, en las actuales circunstancias de bancarrota, le significan un lastre.
La publicación alude ad nauseam a la “responsabilidad”, pero termina por reconocer que durante su administración ha existido exactamente lo contrario: total irresponsabilidad y desacato a la Ley.
Ordena, en su artículo primero, que los despidos se lleven a cabo “previa opinión favorable” de las áreas encargadas de la función jurídica; en el segundo, dispone que únicamente se despida a trabajadores “por causas legalmente justificadas y probadas”. Se reconoce, pues, que durante el duartismo, el gobierno despidió trabajadores injustificadamente y por capricho de los titulares de las dependencias, sin consultar abogados.
El tercer artículo describe la maraña burocrática con la que el gobierno simulará estar tratando de “arreglar” los conflictos laborales: cada entidad pública, primero, deberá “mantener actualizado” el registro de pasivos laborales. Habría que preguntar, antes que nada, qué entidad pública tiene un registro de tales pasivos. El tiro saldrá por la culata, cuando los interesados en la transparencia soliciten a cada entidad pública el detalle de sus pasivos laborales, y éstas no puedan negar su existencia.
Después, el laberinto dispone “integrar un expediente” con las constancias y diligencias de los juicios laborales, para realizar, posteriormente, “el análisis objetivo de naturaleza técnico jurídica del caso”, para determinar si se concilia y se suscriben “los acuerdos necesarios ante la autoridad laboral”. Es decir, el propósito de ello no es reparar el daño causado a un trabajador, sino “evitar el incremento de las obligaciones a cargo del Estado y mayores perjuicios al erario”.
Finalmente, el último tramo del abigarrado procedimiento dispone solicitar “autorización” a la Secretaría de Finanzas para que emita un “Dictamen de Suficiencia Presupuestal”.
Por si usted no captó lo que esto significa, quiere decir que ordena preguntarle a la Sefiplan si hay dinero…
El cuarto y último artículo apercibe que, si se incumplen las disposiciones del decreto, habrá sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y otras de carácter penal y resarcitoria.
Se trata, pues, de no acatar la ley.
Ahora, los titulares de los entes públicos intentarán excusarse y no cubrir los adeudos que se generen por concepto de pifias laborales, con el argumento de que la Secretaría de Finanzas (convertida en la salida del embudo a donde irán a parar todas las peticiones de recursos), no ha emitido un dictamen que diga que “no hay, lo que no hay”, porque ya se lo robaron: o sea, dinero.

Deléitese por sí mismo en:
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2015/09/Gac2015-386%20Lunes%2028%20Ext.pdf

Los contenidos, estructura y redacción de las columnas se publican tal cual no las hacen llegar sus autores.