El viernes de la semana antepasada, el doctor Jaime Fisher y Salazar, académico del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana (UV), debía viajar a la Ciudad de México porque tenía cita con un médico especialista que le atendería un malestar de las vértebras cervicales.
Pero Fisher no pudo hacerlo porque de manera sorpresiva el director Adolfo García de la Sienra Guajardo le envió un oficio citándolo precisamente en su oficina para ese viernes 8 de julio –¡a punto de iniciar el periodo vacacional!– con el propósito de levantarle acta circunstanciada, “diligencia durante la que usted podrá manifestar lo que a su interés convenga y aportar las pruebas que considere necesarias”, según le advirtió, sobre supuestos hechos ocurridos en la Junta Académica que tuvo lugar el pasado 27 de junio con el fin de definir una terna de profesores para ocupar la Dirección del Instituto de Filosofía.
Según versión del doctor De la Sienra, “el Dr. Jaime Fisher y Salazar empezó a tratar de intimidar a los presentes en la junta (como suele hacerlo) expresándose de manera inapropiada con palabras sumamente vulgares, soeces y vejatorias, faltando al respeto con ellas a los presentes en la reunión”.
El director añadió que “la continua violencia verbal” del Dr. Fisher “en las reuniones, juntas y demás foros académicos es ya en todo punto insoportable”, por lo que “se le conminó en ese momento a dejar el lenguaje soez e impropio de cualquier intercambio correcto entre las personas, a lo que contestó con nuevas majaderías”.
Sin embargo, en su respuesta por escrito al oficio IF079/16 que le dirigió el pasado 4 de julio el doctor De la Sienra, el académico del Instituto de Filosofía desmiente rotundamente al director, refiriéndole además una serie de violaciones al Estatuto de Personal Académico de la UV, particularmente a lo estipulado en los artículos 201 y 203, que aluden a “la comisión de actos que impliquen una falta al respeto que se deben entre sí los integrantes de la comunidad universitaria” así como los procedimientos para conocer y sancionar “las acusaciones que se formulen a los integrantes del personal académico”.
Fisher acusa al Dr. García de la Sienra de haber “violado flagrantemente estos artículos y los procedimientos que de ellos se derivan”, ya que la semana antepasada “me hizo llegar un extrañamiento, mismo que rechacé recibir precisamente por no haber sido citado –ni desde luego recibido en audiencia– para mis alegatos de defensa, como indica el referido Estatuto que el director está obligado a conocer y respetar”.
Además infiere que por el citatorio recibido el lunes 4 para comparecer el siguiente viernes 8 de julio, “el señor director consideró que el caso que me imputa merecería una sanción mayor”, lo que “tampoco lo puso en conocimiento de la Junta Académica, pues yo formo parte de ese cuerpo colegiado y no recibí notificación alguna y, hasta donde sé, ningún otro miembro de la misma”, por lo que suman “dos violaciones al reglamento señalado”.
Fisher afirma, entre otras cosas, que las acusaciones que le formulan “son falsas”; que “ni en la reunión de Junta Académica aludida en el oficio, ni en alguna otra, he tratado de intimidar a persona alguna”; que “no utilicé en ningún momento las expresiones que dolosamente se me imputan”; que “no expresé en esa reunión queja alguna acerca de procedimientos, ni de autoridades, ni, mucho menos, de la posibilidad de que quedara o no en la terna alguien, y en particular la Dra. Adriana Rosa Menassé Temple, quien de hecho ya había renunciado por su propia voluntad y de manera irrevocable a participar en la terna mencionada; que “en ningún momento me ‘pareció que la votación no me favorecía’, como dice el oficio acusatorio, puesto que esta última votación la ganó el candidato por quien yo voté tanto en la sesión aquí aludida como en la sesión anterior en que se había designado a la Dra. Menassé, designación a la que ella misma, repito, renunció”; que “en ningún momento de la reunión dirigí la palabra ni la mirada a la Dra. Menassé”; que, “sin embargo, ella sí se dirigió a mí, con palabras que no puedo repetir y en un tono de amenaza, aunque no de falta de respeto, pues fueron palabras que tanto ella como los demás miembros del instituto solemos utilizar sin que alguien se sienta ofendido”; insistió en que “ni siquiera en ese momento le dirigí la palabra ni la vista, aunque sí la escuché bastante claro y fuerte”; que en ningún momento de la sesión se me ‘conminó a dejar el lenguaje soez’ como afirma en su oficio el Dr. García de la Sienra” y que “es también falso que ante esa amenaza hubiera contestado yo con ‘nuevas majaderías’ como me imputa el señor director (…); que “en su oficio citatorio el Dr. de la Sienra me sugiere asistir a esta reunión a fin de que ‘aporte las pruebas que considere necesarias’”, lo cual, dice, “violenta de manera flagrante el derecho de presunción de inocencia, puesto que yo no tengo nada que probar, sino que serían las autoridades universitarias o, en su caso, las extrauniversitarias, las que tendrían que demostrar la culpabilidad de las faltas al respeto que se me imputan de manera por lo demás desproporcionada y mendaz”; y que al “intentar indicarme las maneras apropiadas o inapropiadas de uso del lenguaje constituye, en todo caso, un atentado a mi libertad de expresión”.
Fisher remarca que “en esto radica esa interpretación que, según me acusa el director en su oficio, no puede ser otra que la de una profunda violencia”. El académico recalcó “que lo que hace el Dr. García de la Sienra constituye un atentado contra la libertad de expresión, y por ello, contra los derechos humanos fundamentales”. El académico niega “categóricamente las imputaciones tendenciosas y fuera de lugar que se me endilgan” y requiere a las autoridades de la UV “para que se demuestre la falta de respeto presuntamente por mí cometida, y no sea yo quien tenga que demostrar mi inocencia, dado que de acuerdo al Pacto de San José y a los artículos 10, 16, 19 y 20 Constitucionales, el suscrito es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario”.
Según trascendió, este vergonzoso intento de acoso laboral ya escaló hasta la Rectoría de la UV, pues ha cundido la percepción –ojalá sea equivocada– de que se trataría de un ajuste de cuentas contra Fisher en presunta represalia por la ácida crítica que el académico ha vertido en sus artículos periodísticos publicados desde la campaña electoral sobre el colaboracionismo oficioso de las autoridades universitarias con el nuevo gobernador electo.