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Si las autoridades estatales de Veracruz están rebasadas por las condiciones de ingobernabilidad que surgen de la crisis económica en la entidad los alcaldes padecen el mismo problema.
Ayer, 65 munícipes del PRI y otros partidos -entre quienes se encontraban Américo Zúñiga de Xalapa, Héctor Cheng de Minatitlán y Jorge González Azamar del recientemente incendiado Catemaco- intentaron entrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Buscaban dialogar con la nueva titular, Clementina Guerrero, para ver lo relativo al dinero federal y estatal que se les debe y que –en lo concerniente a las participaciones de la SHCP- debió ser depositado el pasado viernes 11 de noviembre.
Una protesta impidió el paso de los ediles.
La mañana de un miércoles histórico -por ominoso- empleados del Sector Salud paralizaron sus actividades en hospitales y centros de salud de la entidad.
Por horas, por turnos, 20 mil empleados de la SS de Veracruz bloquearon vías de comunicación de norte a sur de la entidad y accesos a dependencias como la SEFIPLAN en Xalapa.
La causa: no les habían pagado su primera quincena de noviembre.
Alrededor de las 13:00 horas los trabajadores empezaron a recibir el pago y a volver a sus centros de trabajo donde, trascendió, sólo se suspendieron citas a enfermos pero no se detuvieron cirugías ni servicios de urgencias.

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Meses atrás, cuando la Seguridad de Veracruz aún no estaba totalmente bajo el mando de la Secretaría de Marina, regiones clave por su número de habitantes y aportación económica como las que encabezan Poza Rica y Coatzacoalcos, combatían a la delincuencia por medio del Mando Único.
El MU es un modelo mixto de trabajo entre marinos, soldados, policías federales, estatales y guardia civil que nació en la primera mitad del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y fue impulsado por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
En agosto del 2016 el policía Bermúdez Zurita renunció al cargo bajo sospechas de corrupción y ha sido indiciado por un juez de Pacho Viejo ante el que presentó su declaración la semana pasada.
En Coatzacoalcos se dio el caso –narrado en su momento en Claroscuros- de que policías del Mando Único no recibían ni gasolina suficiente para sus patrullas ni la comida necesaria para sus necesidades nutricionales.
Hubo políticos que respondieron indirectamente al señalamiento y se afirmó que el argumento era una falsedad.
Bien, hasta ayer los integrantes de la Policía Estatal que ahora están bajo el mando de la Secretaría de Marina, no habían recibido el pago de su primera quincena de noviembre tal como ocurrió con el Sector Salud.
En una reunión con José Nava Olguín, titular de la SSP desde el pasado lunes 22 de agosto, representantes de los guardias estatales advirtieron que de no recibir su sueldo paralizarán actividades el jueves 17, es decir hoy.
El gobernador interino Flavino Ríos Alvarado declaró ayer mismo que esto no ocurrirá porque hay dinero para pagar a policías como lo hubo para la quincena del Sector Salud.
Veremos lo que ocurra pero la lista de sectores, grupos sociales, instituciones públicas, además de proveedores diversos es inmensa e imposible de pagar en horas, días, meses y años, debido a la cantidad que representa.
El gobierno de Veracruz está paralizado y debe más de 50 mil millones de pesos debidamente ubicados más una cantidad semejante extraviada en el laberinto de corrupción creado por “Alí Babá Javier Duarte y sus 100 ladrones” que incluyen familiares, amigos y empleados cómplices.

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En diciembre del 2015, en Poza Rica, un ex policía municipal que había prestado sus servicios durante más de 25 años al ayuntamiento tomó una cuerda, la colocó en una viga, se la puso al cuello y se quitó la vida.
Su nombre era Régulo Álvarez, quien dejó en la orfandad a tres hijos menores de edad.
La causa, cuentan quienes conocieron de cerca el caso, fue que la creación del Mando Único de Poza Rica -como ocurrió en el Sur de Veracruz- representó la pérdida de empleo de cientos, miles de hombres y mujeres que durante toda su vida sólo aprendieron un oficio: ser policías municipales.
El modelo institucional de seguridad implementado por Arturo Bermúdez Zurita entregó a Régulo una liquidación de 20 mil pesos.
Así de sencillo: el Estado aplicó su fuerza y pagó 20 mil pesos de liquidación a un ciudadano que le sirvió durante 25 años.
Un tiempo el ex policía suicida trabajó de vigilante en una empresa privada pero no pudo con la carga económica de su hogar y se marchó por la llamada puerta falsa.
¿Se escapó o lo escaparon?
¿Los trabajadores del sector salud y los policías que reclaman su salario son víctimas o victimarios?
Es evidente la responsabilidad del Estado, sus fallas, sus errores.
Está claro que el saqueo de las finanzas públicas y el daño estructural que ello conlleva cuesta vidas humanas y un Estado que no es capaz de cubrir las necesidades básicas de sus empleados y de su población presenta elementos de Estado Fallido.
El suicidio de Régulo en Poza Rica lo demuestra; la protesta de 20 mil trabajadores de la SS lo comprueba; el reclamo y advertencia de policías estatales que antes han padecido la falta de gasolina y de comida y hoy exigen su pago quincenal nos ofrece una evidencia más.
Miguel Ángel Yunes Linares dijo que antes del 11 de noviembre llegaría el dinero de este mes a los Ayuntamientos.
Estamos en el día 17 y no ha llegado el recurso a ninguno de los 212 municipios.
En 13 días Yunes Linares será gobernador en funciones; quizá antes de ello la SHCP y la SEFIPLAN avancen en la atención a los alcaldes que reclaman recursos básicos lo mismo que los sectores de salud y seguridad.
Quizá no.
Estamos ante una lucha por el poder que termina pagando el pueblo.
En Claroscuros planteamos el riesgo de que un gobernador electo hablara en un tono amenazante con un poder superior.
Vivimos las consecuencias.
Hay más: meses atrás un empresario de Coatzacoalcos abrió una sucursal de su negocio dedicado al ámbito deportivo en el estado de Oaxaca.
Circunstancialmente fue testigo del despido de una joven empleada en la tortillería de un pueblo alejado del desarrollo.
No hubo liquidación, ni adiós, ni nada.
Simplemente la corrieron.
Como pudieron, la joven afectada laboralmente y su marido juntaron 3 mil pesos y contrataron a dos sicarios jóvenes igual que ellos; prácticamente unos chamacos.
A bordo de una motocicleta los matones –eran dos, un conductor y un ejecutor- cumplieron su labor.
Acudieron al molino y mataron al dueño que corrió a la empleada sin el pago de su liquidación.
Empero, al momento de su ejecución había otros familiares presentes que también fueron ejecutados.
Muerte barata: un paquete familiar por 3 mil pesos.
En Coatzacoalcos, un operador político ligado a la izquierda me cuenta una historia semejante sin haberle narrado la de Oaxaca.
Entre jóvenes drogadictos que piden limosna, limpian parabrisas o se subemplean en lo que pueden para sobrevivir subyace otra realidad que no apreciamos, me explicó.
Estos muchachos y muchachas duermen en casas o viejas construcciones abandonadas; lucen famélicos porque apenas comen y su prioridad es la droga más barata como el diésel o el resistol.
Circular por su zona implica ofertas como sexo barato, de hombres y mujeres para quien sea y como que sea: hombre, mujer o quimera.
Cien pesos, unos tacos y se entregan desesperados.
También te ofertan: “dame tres mil y dime a quien quieres que mate...”

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