Lo que recientemente sucedió en Monterrey Nuevo León, con el Proceso Penal que se le sigue al ex mandatario de ese Estado es para poner a pensar con mucha seriedad a los demás gobiernos estatales, principalmente a los presidentes de los Tribunales Estatales de Justicia y por ende, a los Fiscales para aplicar correctamente la reforma procesal penal.

Y no aplicarla al capricho, o a los intereses del gobernante en turno.

México es uno de los países más atrasados en la aplicación de la reforma; Veracruz, lo es en el país.

Nos guste o no, esta reforma es eminentemente garantista; donde el imputado tiene todas las garantías constitucionales y convencionales.

Donde la prisión preventiva es la última ratio, una de los objetivos es precisamente, despresurizar a las prisiones; y no usar la reforma procesal penal como un resorte populista, esto último pasó en Monterrey con el ex gobernador Rodrigo Medina.

Donde la fiscalía debe superar más allá de toda duda razonable, con propuestas fácticas, con evidencia, con una concatenación de los hechos y las evidencias, lo que se impute a determinada persona.

Ese es el sistema adversarial, con reglas, con técnicas propias, y no como lo hacemos en México, TROPICALIZARLO, es decir, aplicarlo a la nuestra conveniencia.

Volviendo al caso del ex gobernador Rodrigo Medina, se supone que tenía una suspensión provisional concedida por un juez federal, para no ser detenido; el juez del estado –habría que ver aquí la relación poder ejecutivo-poder judicial-, la inobservó y lo mandó a prisión; ello motivó que se ganara las ocho columnas el gobernador del estado; pero le duró poco el gusto, menos de 24 horas, estaba libre de nuevo Rodrigo Medina.

Por qué? Simplemente y llanamente por que el juez del estado desconoce el sistema adversarial; pueden ser varias razones, la que más se asoma, es la dependencia del poder judicial al ejecutivo.

Así pasa en muchos estados, no solo en Nuevo León.

Esto mismo pasó con Leonel Bustos, que a mi entender deberá estar en libertad enfrentando el proceso; pues se ha violentado en su perjuicio disposiciones legales contenidas en Tratados Internacionales y en la propia Constitución Federal, tampoco en Veracruz estamos exentos de ese maridaje fiscalía-poder judicial.

De seguir aplicándose así la reforma penal, serán muchos los errores que cometerán los fiscales de los estados, porque la justicia federal en su momento, los exhibirá.

Muy pocos han entendido que el sistema adversarial se rige por principios que deben ser observados y respetados por todas las autoridades del país. Con técnicas propias que le dan precisamente esa certeza de ser mejor sistema penal que el inquisitivo-mixto.

Así lo mandata el punto y seguido del artículo 133 de la Carta Magna.

Pero ha sido tanta la cerrazón por aplicarlo correctamente que muchos operadores del sistema, aquí en Veracruz, con dos o tres cursos –recibidos de quien sabe que institución- ya son “expertos” en el sistema adversarial; y no han querido aplicar o aprender las técnicas que siguen los Estados Unidos, que ellos tienen más de 200 años de expertiz.

Chile nos tomó delantera, pero su sistema colapsó y hoy lo están recomponiendo, Cómo? Capacitando a sus operadores en los Estados Unidos.

Ojalá, el juez de Monterrey que violentó la suspensión provisional sea denunciado y sancionado como ejemplo a seguir, que los jueces deben aplicar la ley, y no solo seguir instrucciones superiores.


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