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¿Hay un vínculo de la guerra entre cárteles de la droga en Veracruz y la elección de alcaldes a llevarse a cabo el próximo 4 de junio?
Sí, desde luego.
Más aún: la guerra entre grupos del crimen organizado se vincula a la victimización de la sociedad civil desde frentes diversos.
Es decir, los cuerpos de seguridad no garantizan la seguridad de la población y ésta sufre extorsiones, robos, secuestros, ejecuciones e incluso declaraciones lamentables de sus autoridades.

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Hay datos duros arrojados por la realidad que exhiben lo anterior.
El domingo 26 de febrero pasado aparecieron tres fosas clandestinas en la colonia “Diana Laura Riojas de Colosio” en Minatitlán, al sur de Veracruz.
Cuatro días más tarde, arribó a Tuxpan -en la huasteca veracruzana- el Presidente Enrique Peña Nieto.
Entre la fecha del hallazgo de las fosas clandestinas minatitlecas y la llegada del jefe del ejecutivo transcurrieron 4 días.
Justo en medio de ambos acontecimientos -el martes 28 de febrero- el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong acudió a Córdoba, en el centro montañoso veracruzano, municipio vecino de la sierra de Tezonapa que abarca parte del territorio de Veracruz y parte de Oaxaca.
La noche del 28 de febrero, luego de que Osorio Chong puso en operación el plan de seguridad de las altas montañas con la presencia de la gendarmería nacional, en la colonia “La Tampiquera” de Boca del Río, municipio conurbado con la ciudad y puerto de Veracruz, fueron arrojados los cuerpos de 11 personas torturadas, amarradas, ejecutadas: 9 hombres y 2 mujeres.

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El miércoles primero de marzo –a tres días del hallazgo y durante el miércoles de ceniza que marcó el inicio de la Cuaresma- identificaron los 3 cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Minatitlán.
Todas las víctimas eran mujeres: la mayor, de 42 años, fue trabajadora de la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos. La segunda, una joven de 20 años, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO). La tercera, una menor de 14 años de edad.
Hay dos detenidos respecto al caso y se ha ventilado extraoficialmente que se trató de secuestros por los que se pidieron sendos rescates cuyo pago no impidió la tercia de feminicidios.
El jueves 2 de marzo Minatitlán enterró a sus mujeres rodeadas de flores, de llanto, de rezos, zozobra y miedo.
No son las únicas víctimas de los años y meses recientes. De hecho, el alcalde Héctor Cheng Barragán ha solicitado una y otra vez la presencia de la Gendarmería Nacional para frenar los altos índices delictivos del municipio que gobierna.
Llamó la atención, sí, que se tratase de mujeres incluyendo a una niña.
Fue una suerte de ofensa colectiva a un lazo profundo en el tejido social minatitleco; paralelo al sufrimiento de las familias afectadas en lo particular.
El triple crimen marcó a un pueblo.

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Al otro día de que se arrojaron 11 ejecutados en “La tampiquera” de Boca del Río –municipio gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y aspirante a relevar a su padre a partir del 2018- hubo declaraciones oficiales contradictorias.
Era el miércoles de ceniza, se habían identificado los cuerpos de las 3 mujeres en Minatitlán y al otro día –jueves 2 de marzo- Enrique Peña Nieto llegaría a Tuxpan para inaugurar millonarias obras privadas y públicas en el puerto huasteco cercano a los vecinos estados de Tamaulipas, Hidalgo, Puebla.
Tuxpan posee la playa más accesible desde la Ciudad de México por encima de Acapulco y Veracruz; lo que lo convierte en un punto estratégico desde diversos puntos de vista.
En este contexto: Miguel Ángel Yunes Linares victimizó aún más a los ejecutados al declarar que los 11 tenían nexos con la delincuencia.
Su tocayo, Miguel Ángel Osorio Chong, aprovechó una visita a la cámara baja del Congreso para asumir aquella matanza como un reto a la autoridad y señalar que “no nos van a doblegar”, en referencia clara a los cárteles de la droga que se disputan plazas de norte a sur en Veracruz.
Yunes Linares dijo que se trataba de una guerra entre malosos.
Osorio Chong refirió una agresión al estado de derecho en general.
El jueves 2 de marzo, mientras Enrique Peña Nieto encabezaba el evento oficial en el puerto de Tuxpan, en Coatzacoalcos eran secuestradas dos mujeres más de las que a la fecha no hay noticias.

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El sábado 4 de marzo Miguel Ángel Yunes cambió su versión sobre los ejecutados en “La Tampiquera” aunque –fiel a su estilo político- trató de matizar el error.
El jefe del ejecutivo afirmó ante medios de comunicación que de las 11 víctimas de Boca del Río 5 tienen antecedentes penales comprobados, sobre 5 se está investigando y 1 no está identificada.
Es decir, con un personaje como Miguel Ángel Yunes Linares nomás existe la Ley de Herodes: “O te chingas o te jodes”.
Primero los 11 eran delincuentes; después 1 quizá no sea delincuente pero en sentido estricto no se le ha identificado; finalmente 5 sí delinquían y 5 están sujetos a investigación o sea a lo mejor son inocentes pero por lo pronto su gobernador ya los juzgó.
¿Sujetos a investigación? Bueno, ya están muertos, pero el gobernador Yunes Linares no se puede equivocar, o no puede admitir que se equivoca y entonces se limita a seguir victimizando al señalar que “se investiga”.
A dos víctimas sus familias las identificaron de inmediato. Uno era un joven de 16 años que aparece en una fotografía con uniforme del Penthatlon. Otra, es una joven de 24 años que fue secuestrada de una discoteca. Un tercer ejecutado ejercía la medicina profesionalmente en Poza Rica, donde fue privado de su libertad.
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Desde junio del 2016, el Almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona –a quien el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong dejó al frente de la seguridad en la entidad entre octubre y noviembre del año pasado- declaró la posible existencia de un nuevo grupo criminal en la entidad: “Jarochos Unidos”.
No estaba confirmada la carta de identidad de este cártel pero la Procuraduría General de la República emitió actas de nacimiento el pasado fin de semana al ubicar la disputa de plazas en municipios veracruzanos por parte de seis cárteles.
La PGR los identificó con nuevos nombres, mezclas y un objetivo común: hacer que Veracruz siga siendo un infierno: Zetas; Zetas Vieja Escuela del Golfo; Noreste Z; CJNG; Cárteles Unidos –Sinaloa, Antrax, Mando Sur Gente Nueva- y Jarochos Unidos.
Existían: el Cártel del Golfo, del Totonacapan y en Claroscuros hemos hecho alusión a las fronteras porosas que mantienen cacicazgos añejos ligados al crimen organizado en territorios inaccesibles para la policía y la competencia delincuencial. Un caso: Playa Vicente, Veracruz, con sus cercanías en José Azueta por el lado veracruzano y Palomares, en Oaxaca.
¿Ya desapareció esta parte del mapa delictivo o las autoridades no lo consideran por razones que tampoco explican?
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¿Cuál es la relación de estas organizaciones delictivas con los partidos políticos y los grupos de poder que buscarán hacerse de las alcaldías? ¿Quién patrocina a quién –desde la política- para que el crimen organizado afecte a los enemigos de cara a los comicios?
Miguel Ángel Yunes Linares ha declarado que testigos protegidos ubican a Fidel Herrera Beltrán como el introductor de los cárteles a Veracruz. Un juez determinaría si tal afirmación es real o falsa y de serlo Herrera Beltrán debería estar preso junto con sus cómplices.
Lo cierto es que crimen organizado y sus nexos con la clase política veracruzana son mucho más añejos que el sexenio de Herrera Beltrán sin que este dato libre al duque de Nopalapan de la declaración de Yunes Linares.

La del 2017 en Veracruz será una elección signada por la narco/política. Es un hecho.


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