José Luis Amaya Huerta

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Aunque en 2024 a nivel estatal se sancionó a 64 docentes por casos de hostigamiento o violencia sexual denunciados en las escuelas, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación de Veracruz, SEV, lo cierto es que el problema sigue latente, tanto en el nivel federal como estatal, no ha cesado, y lo peor es que no hay datos sobre los casos donde la víctima de acoso es el propio docente y el acosador es quien ejerce un cargo en la escala jerárquica del sector educativo.
Y esto es así porque en la mayoría de los casos, los docentes víctimas de acoso se enfrentan a la indiferencia de las autoridades educativas, que prefiere mirar para otro lado, y al temor a quejarse o denunciar, debido a presiones de las organizaciones sindicales de las que forman parte.
“En otras administraciones estos casos eran tratados de diferente manera entre la parte oficial y la parte sindical”, reconoció hace unas semanas el ex secretario de Educación, Víctor Emanuel Vargas Barrientos, antes de concluir la administración anterior.
En aquella ocasión, el ex funcionario estatal declaró que durante su gestión se atendieron todos los casos que fueron denunciados en las escuelas, pues en gobiernos anteriores no se hacía de esa forma.
Al respecto habría que preguntarse, ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación de Veracruz, para proteger a los docentes que han sido o son víctimas de acoso, tanto sexual como laboral, por parte de sus superiores jerárquicos?
¿Qué castigos ejemplares ha impuesto a directivos, Jefes de sección o supervisores que incurren en ese tipo de delitos, en agravio de los trabajadores del sector educativo?
¿Qué hacen los supervisores escolares para combatir el acoso y proteger a los trabajadores de la educación que trabajan frente a grupo y que por temor a represalias prefieren callar y no denunciar las situaciones que padecen en sus centros de trabajo?
Sin duda se trata de una problemática real que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz deberá abordar en su momento a través de cursos, talleres o circulares, que doten a los docentes agraviados de las herramientas jurídicas necesarias para denunciar estos hechos.
En el mismo sentido, se requiere de concientizar a las organizaciones sindicales para que colaboren en la vigilancia, control y castigo de este tipo de situaciones, que van en detrimento de la calidad de la educación y en perjuicio de los docentes.
Por un lado, hay que aplaudir la postura de la gobernadora Rocío Nahle, en el sentido de que en esta nueva etapa los docentes deben estar frente a grupo cumpliendo con su labor educativa.
Por el otro, la dependencia encargada del ramo debe garantizar las condiciones básicas de seguridad, integridad y respeto para que esta labor pueda desempeñarse con responsabilidad y eficacia.
El respeto a los derechos de los trabajadores de la educación es lo primero que debe atenderse.

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