>> Este reporte analiza las compras públicas del sexenio 2018-2024 identificando los principales problemas: Se destacan los contratos por adjudicación directa, que representan el 80% de los contratos del gobierno. Esta entrega de Nuestro Dinero revisa también las compras del primer semestre de 2024 y propone mejoras para aumentar la transparencia y competencia en las compras públicas.

Ciudad de México, 14 octubre 2024.- A lo largo del sexenio 2018-2024 identificamos múltiples problemas, irregularidades e ilegalidades en las compras y contrataciones del gobierno federal, desde las caídas y fallas de la plataforma CompraNet, pasando por la persistencia del uso de las adjudicaciones directas en 8 de cada 10 contratos, hasta contrataciones a empresas que legalmente no deberían haber recibido recursos públicos.

En esta ocasión, nuestro reporte presenta un análisis de las compras durante el último año de gobierno, pero con un énfasis en la visión de conjunto sobre casi 6 años de contrataciones. Con esto, presentamos una serie de diagnósticos y propuestas para mejorar los procesos de contratación y compra que podrían ser tomados en cuenta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo cual ayudarían a mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como para disminuir los riesgos de corrupción.

Panorama general

Las compras y contrataciones públicas del gobierno federal implican uno de los principales rubros en que se destina el presupuesto. Año con año en promedio se gastan alrededor de 445 mil millones de pesos para adquisición de insumos, arrendamientos, obra pública y servicios, todo esto para atender las necesidades de la ciudadanía. Dado que lo que adquiere el gobierno son bienes y servicios que directamente son utilizados para atender o garantizar los derechos de las personas, hablar de los problemas en las contrataciones públicas es el primer paso para evaluar y replantear una estrategia que ponga al frente el bienestar de las personas.

Al hablar de los problemas principales de los contratos del gobierno, hasta contrataciones a el abuso en las adjudicaciones directas es una de las preocupaciones más importantes. Este problema ha sido recurrente a lo largo del sexenio pasado, pero también lo ha sido en administraciones anteriores. Desde 2012 la tendencia en número de contratos no ha cambiado de manera significativa, en promedio, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador 8 de cada 10 contratos se otorgaron mediante este método, como puede apreciarse en la siguiente gráfica.

Durante el primer semestre de 2024 se gastaron 237,346 millones de pesos en un total de 78,780 contratos. De estos 7 de cada 10 fueron por adjudicación directa, 1 por licitación pública y el resto por invitación a cuando menos tres proveedores y otro tipo de contrataciones, es decir la mayoría son procedimientos que por ley deberían ser solo una excepción.

Hablar del abuso en las adjudicaciones directas no solamente incluye que la mayoría de los contratos se realicen por esta vía, sino que también observamos que 4 de cada 10 dependencias del gobierno federal gastan la mitad o más de la mitad de sus presupuestos en compras únicamente a través de contratos por adjudicación directa. De las 240 instituciones de la administración pública federal analizadas para este reporte, 95 gastaron más de la mitad de sus recursos para el primer semestre de 2024 en adjudicación directa.

En la siguiente tabla se encuentran las 10 instituciones que mayor monto gastaron por adjudicación directa y que representa más de la mitad de sus recursos en contratos.

Destacan ?el ISSSTE que ha gastado más de 9 mil millones de pesos en adjudicaciones directas, lo que representa el 67% de los recursos que ha gastado en contratos durante 2024. Seguido de Diconsa que ha gastado en contratos sin competencia más de 4 mil millones de pesos, un 55% de lo que ha contratado ha sido por esta vía. En tercer lugar está la Casa de Moneda de México donde el 99% de sus recursos en contratos fueron por adjudicación directa, acumulando 3 mil millones de pesos.

Adicionalmente, si analizamos por monto de contratos 48 de cada 100 pesos se gastaron por licitación pública, 38 por adjudicación directa, 5 por invitación a cuando menos tres proveedores y 9 por otro tipo de contrataciones como contratos entre entes públicos. Esto implica que los mecanismos de contratación que deberían de ser excepcionales siguen siendo utilizados como regla general. Esto lo podemos observar tanto por número de contratos como por monto, donde menos de la mitad es licitación pública a pesar de que debería de ser la mayoría.

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se prometió en el Plan Nacional de Desarrollo que las adjudicaciones directas se iban a eliminar y que todas las contrataciones se realizarían por licitación pública. Una propuesta en esa misma línea, aunque más modesto en sus objetivos, fue presentada por Javier Corral junto con Claudia Sheinbaum durante su presentación de su “Plan para una buena administración pública y un ambiente libre de corrupción”, donde se prometió que “el 65% de los contratos se realizarán por licitación pública”. Esta es la promesa sobre la que tendrá que hacerse una vigilancia precisa, pues si bien la licitación pública no es garantía de contrataciones libres de corrupción y tráfico de influencias, la adjudicación directa es el mecanismo en el que históricamente existen mayores riesgos potenciales, así como casos documentados, de uso irregular de recursos públicos.

Revisa nuestra investigación completa

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en:  https://contralacorrupcion.mx/nuestro-dinero/asi-contrata-el-gobierno/contratos-y-adjudicaciones-directas-al-cierre-del-sexenio-problemas-retos-y-pendientes-para-el-gobierno-de-claudia-sheinbaum/

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