“Nada hay nuevo en este mundo”, nos transmite bíblicamente el Eclesiastés, pero también nos enseña que “todos los ríos entran en el mar, y el mar no rebosa; van los ríos a desaguar en el lugar de donde salieron, para volver a correr de nuevo”.
Así que no hay nada nuevo, y, al mismo tiempo, existe un nuevo correr, constante y renovado, de cada cosa antigua.
Hay cadáveres que nadie llora. El del IFE es de ésos, un cuerpo pestilente repudiado por sus víctimas y despreciado por sus beneficiarios. Deja algunas viudas y no pocos huérfanos, pero es un muerto que se dirige sin cortejo hacia el cementerio.
El poder no tiene lógica, pero sí consecuencias; es el eje central de la política; es terrenal y en muchos casos suele ser descarnado porque transforma, envilece, corrompe, como se ha demostrado a través de los siglos.
La denominada reforma política, aprobada tanto por el Congreso de la Unión como por la mayoría de las legislaturas locales, ha entrado en vigor después de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Su contenido es abundante y trascendente, pues toca temas de especial importancia, aunque es obvio que, por lo especial del caso, prácticamente el centro de la deliberación ha sido la parte electoral que transforma las reglas y árbitros de la competencia.
Sin hacer menos ninguna reforma, pues todas tienen su trascendencia, sin embargo la reciente, a que me refiero en este artículo, tiene un hondo calado y es, sin duda alguna, la más significativa de todas.
La reforma política, ya declarada constitucional, contiene imprecisiones sobre las facultades que tendrá el nuevo instituto electoral y que pueden afectar el desempeño de autoridades electorales estatales.
El tiempo apremia para que el Poder Legislativo discuta y apruebe las leyes secundarias correspondientes y con ello evite poner en riesgo los próximos procesos electorales.
No obstante, son de resaltar conceptos e imperativos fundamentales, que ahora recoge nuestra Constitución, tales como el principio de la democracia deliberativa en el proceso de planeación, con mecanismos de participación incluyente.
En el Congreso se prestan a aprobar las leyes secundarias de las reformas constitucionales. En 97 años de vigencia, nuestra Carta Magna ha sufrido 56 reformas, los artículos más modificados han sido el 73 (facultades del Poder Legislativo), el 123 (derechos laborales) y el 27 (tipos de propiedad), por lo cual algunos analistas señalan no es la misma que emanó del Constituyente de 1917, como tampoco el país es el mismo, argumentan otros. Lo cierto es que aún resume los acuerdos políticos que permite que las instituciones funcionen, pese a deficiencias y nuevas realidades.
En la Cámara de Diputados se arrancó a tambor batiente con la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y la de la Administración Pública Federal, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente en el Cofipe.
Por lo pronto Enrique Peña Nieto convocó a los distintos órdenes de gobierno, a los poderes de la Unión y a la sociedad, a trabajar juntos “para que nuestra Carta Magna sea cada vez menos una aspiración, y sea cada día más una realidad efectiva entre todos los mexicanos”, en el acto del 97 aniversario de la Carta Magna realizado en el Teatro de la República.
“La ley suprema es nuestra guía; es el programa fundamental que orienta a todas las acciones del gobierno de la república.
Estamos determinados a construir una sociedad de derechos, convencidos de que ésta no es una utopía, sino un deber del estado. Ése es el espíritu detrás de cada una de las reformas que ha impulsado esta administración, y que han sido aprobadas gracias al respaldo de las fuerzas políticas y la voluntad del Constituyente Permanente, que integra todas las legislaturas de los estados de la república, por su compromiso y responsabilidad con toda la nación”.