No hay proporción que guardar y en ambas situaciones los elementos concurrentes dan pie a concluir que las réplicas de quienes se quejan de no haberse guardado los preceptos y normas que rigen los nombramientos de dos políticos en cargos que nada tienen que ver con el ejercicio profesional en uno y de operatividad técnica en el otro, son en verdad creíbles y fundamentadas en el rigor de la Ley.
Así las cosas, el señalamiento de la barra de abogados del estado de Veracruz impugnando el nombramiento como magistrado del tribunal superior de justicia de Eduardo Andrade Sánchez, por no concurrir en su persona todas las características estipuladas en el ordenamiento constitucional local, no sólo es ilustrativo de la forma en que desde el poder, se toman decisiones políticas en un ámbito en el que debería estar completamente ajeno el juego de intereses electorales y de control gubernamental y debiera única y solamente imperar la vocación demostrada por el aspirante, en una vida entregada a la defensa del derecho y a su ejercicio diario en los ámbitos de la judicatura.
Imponer a una persona el cargo de magistrado, sin demostrarse que ha ejercido su profesión en el territorio veracruzano al menos cinco años anteriores a su nombramiento y sin haber pasado por la escuela del conocimiento y práctica plena del ejercicio profesional en los juzgados de todos los niveles en la entidad, no deja de lastimar a quienes tienen una vida entregada a la tarea de mantenerse actualizados y en el ejercicio diario de la abogacía durante decenas de años, para que en un momento y por dedazo, como en la vieja costumbre priista, se vayan a la basura sus sueños de un día alcanzar la posición por la que han luchado años y años en una tarea de honrar de Ley y ser sus mejores servidores.
El otro caso igual, es el de Alfonso Vásquez Cuevas, ex diputado, líder panista, a quien se pretende meter a la de a güefo como subdirector académico ¡hágame usted el favor! en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, cuyo prestigio académico es no sólo nacional sino de reconocimiento en sedes mundiales, porque cuenta con verdaderos maestros con capacidades profesionales de rangos superiores y el político cuenta apenas con un diploma de técnico.
Y luego dicen que la educación pública está mal y no es cierto, la educación popular en todos los niveles en México y Veracruz, es buena y prueba de ello es que quienes lean estas letras lo saben porque son personas exitosas y profesionales en su ramo y egresaron de escuelas públicas como la UV, tecnológicos o normales o institutos de gobierno.
Cabe entonces reconocer que no están mal defendiendo su posición de profesionalismo y ética en el ejercicio de su tarea los abogados y los maestros de estas instituciones que ponen en evidencia el compadrazgo y connivencia entre la monarquía absolutista que ejerce el Ejecutivo y la aristocracia política que ejerce el poder y que tiene el atrevimiento de llegar hasta lo más sensible de las instituciones, en donde se requiere el ejercicio de un profesionalismo ético en el que no quepa, ni por asomo, la corruptela, el entreguismo ni el chantaje.
Desde arriba tienen – porque nadie se los ha impugnado- el poder de nombrar y apoyar -aunque nada sepa y ni siquiera tenga idea de la tarea que realiza y además nadie lo quiera- a un Secretario de Educación (que nunca es maestro), a un secretario del ramo que sea o un funcionario o edil, que al fin se le pagan chalanes que le hagan el trabajo, pero en el aula, y la magistratura, por favor dejen que la chamba la hagan los maestros y a quienes han entregado su vida a la práctica de la abogacía.



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