Los tiempos se acercan.
Hay quienes, no pocos, le están contando hasta las horas. No ven el momento que se vaya.
Es tanto el rechazo que ha gestado entre amplios sectores de la población que por más que demuestre las “99 cosas buenas” de su gobierno, el gobernador Javier Duarte no guarda márgenes de aceptación que le permitan la gobernabilidad.
Al menos la real, porque en la virtual –el twiter- el señor Duarte cree ser el amo… tal vez lo sea, pero de las ocurrencias.
La última.
Hace unas horas, tras el severo discurso del candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, quien adelantó cárcel a los corruptos, el gobernador twuiteó un “Coincido plenamente con @HéctorYunes, hay que combatir a los corruptos y no dejarlos llegar al poder”.
Acaso afectado por tanta presión que exige tan alta responsabilidad, tal vez rebasado por la impericia o de plano alejado de la realidad, de manera similar a otro que actúa de manera parecida, el presidente Enrique Peña Nieto, Duarte llega al final de su camino con un serio problema.
El gobierno, su gobierno deberá encarar la responsabilidad administrativa y penal que arrojó tan cuestionada administración pública.
Ello por más que este domingo se haya amarrado el dedo con Beltrones y Gamboa Patrón, para ganar impunidad y por más que de última hora decidiera aparecerse en el evento de Héctor en el WTC de Boca, en clara señal de que ya empezaron a fluir los recursos.
Héctor Yunes no está en un dilema, está cierto que la única manera de legitimarse en su micro gobierno y en la victoria misma es llevando a un juez a los saqueadores que respondieron al mando de una cabeza, de un jefe.
Acaso por ello conviene rescatar la nota periodística que se publica hoy en la prensa nacional en donde en tiempo y forma en el estado de Sonora se empezó a actuar contra el gobierno corrupto que saqueó, al igual que en Veracruz, las arcas públicas.
En una primera medida, el gobierno entrante que encabeza una mujer Claudia Pavlovich, adelanta castigo a saqueadores.
La Contraloría General del nuevo gobierno estatal procesó a 18 ex funcionarios de la administración de Guillermo Padrés que provocaron un daño patrimonial superior a los 6 mil 250 millones de pesos.
En Veracruz estamos hablando de una deuda entre 43 mil y 120 mil millones de pesos y adeudos ante la Auditoría Superior de la Federación –estados de cuenta parciales- por 12 mil 700 millones de pesos.
Entre los ex colaboradores de Padrés a buen recaudo se encuentran el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero, el ex secretario de Hacienda estatal, Carlos Manuel Villalobos, y el ex tesorero, Mario Cuen Aranda.
Hasta el momento ya conjuntaron mil expedientes de investigación, 40 de ellos están turnados ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.
En Veracruz hay 23 expedientes turnados desde el 2013 ante la PGR por delitos patrimoniales. Ello de cara a presiones sociales agudas por adeudos graves como el faltante de dos mil 76 millones de pesos (ya subió a casi 2 mil 500 millones) a la UV y los más de tres mil millones que se adeudan a jubilados y pensionados.
En Sonora el ex titular de Hacienda es acusado de hacer operaciones ilícitas –sin la documentación contable- por mil 586 MDP, mientras el Tesorero es señalado por desvíos millonarios que alcanzan los dos mil millones de pesos.
En Veracruz, el cargamaletas millonarias, Vicente Benítez, sin despeinarse, es acusado de malversación por más de 3 mil 800 millones de pesos. ¡Eso es nivel!
En tanto el secretario de Gobierno de Sonora es señalado de cargar a la partida 44101, destinada a ayudas sociales de personas más de 90 millones de pesos e incumplió la falta de transparencia en su gestión.
En Veracruz 85 cambios en el gabinete de Javier Duarte, entre ellos cinco secretarios de Finanzas, han creado un estado de confusión entre quién y para qué destinaron a otros fines el recurso público.
Pero además la famosa “licuadora” concentradora de recursos federales y estatales transformó en un verdadero desmadre el uso y destino del dinero.
En Sonora, ya por lo pronto hay una disposición estatal y de carácter federal para que los funcionarios corruptos devuelvan lo robado. Así, en una primera reposición del dinero público espera el regreso de 6 mil 259 millones de pesos y que los responsables terminen en el bote.
Es decir, tendrán que regresar el cien por ciento de lo robado.
En Veracruz, que de cero deudas hace dos décadas alcanzó los 18 mil millones en números redondos al final de la administración de Fidel Herrera y quedó desquiciada al final de la gestión de Duarte con, insisto, 120 mil millones de pesos, la deuda más grande de la república e histórica en Veracruz.
Ello sin que se conozca una obra, una sola obra que justifique la salida de decenas de miles de millones de pesos, ni que atempere el reclamo de todos los sectores de la población que no cuentan con servicios públicos, como tampoco hay pago a proveedores, educandos, pensionados, maestros, hoteleros, comerciantes industriales y medios de comunicación.
Afortunadamente y gracias a la Santísima Trinidad, que no al gobierno federal ni a los poderes fácticos del estado cómplices, ya falta menos para el uno de diciembre.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo