Francisco Cabral Bravo

Con solidaridad y respeto a Cuitláhuac García Jiménez, Eric Cisneros Burgos, Ricardo Ahued Bardahuil y Rafael Hernández Villalpando.

Tal como está configurado el Insabi no es una arquitectura sostenible para hacer efectivo el derecho humano a la salud.

Es curioso la distancia entre el Seguro Popular y el Insabi es la mía a qué existe entre la formación de sus creadores

La improvisación y el desorden con el que ha iniciado el uso del membrete llamado Instituto de Salud del Bienestar nos obligan a preguntar hasta dónde resulta lícito el derecho de los gobernantes a soñar.

Julio Frenk Mora, quién creó el Seguro Popular, ha publicado una treintena de libros además de decenas de artículos en revistas especializadas, creó la Cofepris, la primera agencia regulatoria de salud en el país, misma que hoy vive un profundo marasmo.

Frenk es una autoridad mundial en salud pública y uno de los mejores secretarios de Salud que ha habido en el país.

El Insabi, está ocurrencia que ha reemplazado al Seguro Popular que daba atención a 57 millones de mexicanos y que estaba ya financiado para poder operar durante varios años más sin dificultades lo encabeza un señor que se llama Juan Antonio Ferrer Aguilar, muy respetable paisano de AMLO.

El señor Ferrer Aguilar dejó la administración de las zonas arqueológicas para encargarse de desmantelar el sistema de salud más exitoso que ha tenido México para la atención de los más pobres, creado bajo las normas y criterios internacionales, y crear un instituto que se vendió como gratuito pero que cobra, y mucho, por servicios que no funcionan, que no está atendiendo a la gente, que no tiene medicinas.

Un instituto lanzado como casi todo, con prisa, improvisación y falta de sentido de la realidad.

El Insabi no tiene reglas de operación claras, ni para pacientes, ni para los administradores ni mucho menos para los médicos.

El tema de la salud se ha convertido en un pasivo para la 4T. El caótico arranque del famoso Insabi pega donde más duele. Hace ver el lema “por el bien de México, primero los pobres” como demagogia pura.

Son los pobres los más afectados por la desaparición del seguro popular, el 1° de enero del 2020, y la llegada del Insabi.

El PAN, de plano ya no sabe que hacer. La bancada azul en el Senado anunció la intención de citar a Arturo Herrera, ¡secretario de Hacienda!.

¡Ni la inexperiencia ni los equívocos de los ajustes administrativos gubernamentales deben convertirse en un riesgo más sobre los usuarios y pacientes de los servicios de salud!.

La distancia entre las palabras y los hechos no se salva, por ponerlas en la ley.

Legislar la utopía es tentador, una forma de dejar establecido el ideal anhelado, pero eso provoca problemas cuando el enunciado otorga derechos que el Estado no está en condiciones de garantizar. Y éste, tan sólo, es uno de los inconvenientes de recién estrenado Insabi.

Si la política de la llaman a 4T tuviera que reducirse a una palabra sería “propaganda”.

La megalomanía convertida en política pública. Por eso tratan de meter y acomodar la realidad a la narrativa épica y, cuando eso no es posible, deslinda de cualquier error, falla e insuficiencia a quién tomó la decisión de decretar la realización histórica de metas paradisíacas.

Es muy grave que este cambio de gran envergadura en el sistema de salud se dé al margen de evaluaciones, diagnósticos y omitiendo la más elemental planeación para la transición hacia lo nuevo, pues con ello están poniendo en peligro vidas de quienes paseen enfermedades prevenibles, tratables y/o curables.

No bastan las palabras para que tengamos un sistema de salud “el de los países nórdicos”, compromiso de AMLO.

Sin recursos suficientes y sin adecuada planeación no será posible siquiera regresar a la situación que teníamos antes de la atropellada puesta en operación del Insabi.

La demagogia, si bien puede crear la ilusión de un cambio de época y mantener alta la popularidad del gobernante, no genera crecimiento económico, no crea empleos dignos, no trae paz ni seguridad ni, tampoco salvavidas. Pero sí las puede poner en riesgo.

Los problemas que afronta el Insabi no están causados por el boicot de oscuros grupos de poder ni tampoco faltan medicinas porque las empresas no se las quieren surtir el gobierno.

Hay que ser más serios. Ya lo señaló Carlos Urzúa ex secretario de Ascienda: “el diseño del Insabi carece del debido sustento normativo, financiero y operativo, lo que puede condenarlo a convertirse en una riesgosa quimera”.

Por eso se fue Germán Martínez del IMSS, quien lo denunció y fue ignorado.

El Presidente AMLO dijo que si es necesario se comprarán medicinas en el exterior.

Insistimos en un punto: la salud y las medicinas son prioritarias para la gente.

Alguien no le está diciendo la verdad al Presidente.

La garantía del derecho a la salud no se logran nada más por decreto. Se necesitan recursos para que las políticas públicas tengan un soporte presupuestal. Evidentemente, un esquema universal de salud requiere una reforma fiscal y éste es un asunto al que la 4T le va ha tener que entrar más pronto que tarde, sino quiere que las protestas sociales se amplifiquen.

Garantizar el derecho a la salud tanto en términos de acceso como de costo, calidad y oportunidad, es uno de los grandes retos pendientes de la política pública y social en México.

Por principio de cuentas, hay que tener claro que los servicios de salud se pueden obtener tanto en el sector público como en el privado.

Por desgracia en México los servicios de salud contributivos (IMSS, ISSSTE, PEMEX, Fuerzas Armadas, etc.) sólo llegan a los hogares con empleos formales. Históricamente, millones de personas sin empleo formal, autoempleados o pertenecientes a grupos vulnerables se habían quedado fuera de los esquemas contributivos de Seguro Social y pensiones.

El que millones de habitantes no tengan acceso a servicios de salud de diverso nivel tiene costos sociales graves, puesto que constituye una auténtica trampa de pobreza y una fuente de desigualdad. El Seguro Popular no estaba libre de problemas o limitantes.

Los servicios de salud cuestan. Entre los países de la OCDE, México tiene el menor gasto público en salud como porcentaje del PIB: 3%, mientras que el promedio en países OCDE es de 6.3%.

El problema del Seguro Popular era que, como las transferencias a los estados estaban vinculadas al número de afiliados, algunos gobernadores abusaron del esquema de financiamiento para desviar recursos.

La Transición del Seguro Popular al Insabi está plagada de conflictos distributivos entre el gobierno federal y local, así como entre los prestadores de servicios y proveedores.

Sin embargo no debe de olvidarse que en medio se encuentra la calidad de vida de los beneficiarios pasados y futuros.

Cuestionar una política de la nueva administración no significa ser su adversario, ya no digamos su enemigo. Mucho menos significa avalar todo lo que se hacía en pasadas administraciones.

Cuestionar es una invitación a discutir, a debatir, a controvertir, a poner frente a frente argumentos que sustentan una posición.

Es, sobre todo, una oportunidad para reafirmar o corregir. Por algún motivo esta práctica, que está en el corazón del progreso de la civilización, no le gusta al Presidente me limitó a recomendar el recién publicado libro de Julio Frenk, Proteger a México (Cal y Arena y el Colegio Nacional, 2019) que, dicho sea de paso no es una exaltación del Seguro Popular. Señala sus yerros y los casos de corrupción, apunta los vicios del sistema de salud, analiza sus orígenes y ofrece propuestas de solución al “apartheid médico para que los ciudadanos ejerzan sus derechos por igual, con la libertad de moverse en el sistema según sus preferencias y necesidades”.

Quiénes idearon y ahora están a cargo del Insabi no sé molestaron en tomar el parecer y enriquecerse con ideas de quienes idearon y tuvieron a su cargo el Seguro Popular.

Hoy esta sana práctica ha desaparecido bajo la premisa de que todo lo anterior apesta, el conocimiento especializado no es condición suficiente para resolver los problemas de una sociedad, pero si condición necesaria.