Samuel Aguirre Ochoa

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El aceleramiento de la pandemia del coronavirus en México es un peligro claro e inminente para los niños. De acuerdo con el reporte sobre contagios sobre menores de edad, recopilados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), con base en la información de la Secretaría de Salud federal (SSA), para la primera semana de junio se registraron 273 casos en este sector; para la segunda semana (del 7 al 13) el número de casos confirmados creció a 402, es decir, un alza de 47.2%.

Desde entonces, la cifra semanal de casos confirmados entre la población de 0 a 17 años no ha parado de crecer. Según el último reporte sobre contagios en menores de edad, para la primera semana de agosto se registraron 1,801 casos de Covid en dicho sector de la población.
De los 1,801 casos infectados, la mayoría se han presentado en adolescentes entre los 12 y 17 años con 1,062 infectados; le siguen los niños de 6 a 11 años con 436; mientras que en tercer lugar están los menores de entre 0 y 5 años, en donde se registraron 303 contagios de Covid-19. Desde que se inició la pandemia hasta el pasado 8 de agosto se han registrado 60,928 casos entre los menores de 17 años.

El hospital infantil de la Ciudad de México ya no cuenta con camas para atender a menores y hay muchas mujeres embarazadas contagiadas por esta terrible enfermedad. Este crecimiento de los contagios en menores de edad, es una tendencia que se pone de manifiesto en varios países del mundo, y estudios realizados en Estados Unidos y Reino Unido muestran que cientos de miles de aquellos contagiados tendrán síntomas prolongados. Han aparecido síntomas de pérdida de memoria completa de corto plazo, fatiga extrema, insomnio y cambios continuos en el gusto y en el olfato. Estas deficiencias cognitivas son cuantificadas como pérdidas de entre dos y siete puntos en el coeficiente intelectual, perdida equivalente a un envenenamiento por plomo.

Estos datos deben llevar al gobierno mexicano a una conclusión contraria a la asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha venido afirmando que el regreso a clases presenciales será el próximo 30 de agosto, sin importar los riesgos que esta política conlleva. Pero como acostumbra, el presidente no hace caso a los datos que arroja la realidad cruda, ni a los reclamos de diversos liderazgos, expertos en salud y organizaciones que han criticado la decisión del gobierno de impulsar el regreso a clases en un momento donde los casos también se han disparado entre los menores de edad.

La decisión de López Obrador para reabrir las escuelas no es una cuestión de irracionalidad individual. El carácter de esta decisión se basa en la necesidad imperiosa de la clase capitalista del planeta para hacer todo lo posible para que los padres regresen a los lugares de trabajo inseguros, con todos los riesgos de la pandemia, para extraer mayor plusvalía de la clase obrera e incrementar sus ganancias en cantidades gigantescas.

Esta campaña está siendo impulsada por los dueños del capital, porque es una necesidad basada en las leyes del capitalismo. Las ganancias de los capitalistas deben aumentar bajo el actual modelo económico y, debido a esto, los niños necesitan ser devueltos a las aulas y los padres devueltos a sus puestos de trabajo.

En una sociedad racional, más justa, los cierres escolares y los negocios no esenciales se implementarían de inmediato como una medida para detener la propagación de la enfermedad, ofreciendo compensación financiera completa para los trabajadores y las pequeñas empresas impactadas por los cierres. Estos confinamientos se combinarían con una expansión masiva en la toma de pruebas, el rastreo de contactos y la construcción de instalaciones necesarias de salud para cuidar a los infectados.

En cambio, López Obrador declara que “tenemos que correr los riesgos necesarios, como todo en la vida”, hace chistes diciendo que su hijo de 14 años de edad se contagió y no trajo consecuencias graves para la familia presidencial y afirma que, considerando el número de menores de edad que hay en el país, los niños y adolescentes contagiados y muertos por el covid-19 no se trata de una cifra alarmante. Vemos, pues, que el mandatario mexicano, que se desgañita diciendo que acabará con la pobreza en el país, que en su gobierno primero los pobres, pero en los hechos actúa siguiendo los lineamientos que le dicta el gran capital, los poderosos empresarios de México y del mundo.

Ante esta situación los padres de familia, los profesores y estudiantes deben reunirse a discutir y analizar qué es lo que más conviene a los mexicanos, conectando la oposición a la reapertura de las escuelas con una política más amplia para detener la pandemia. En varios países del mundo ya se está aplicando la vacuna a niños y niñas mayores de 12 años, mientras México registra un déficit de aplicación de vacunas contra Covid-19 de 53% para cumplir con el plan de gobierno de tener protegida a la población mayor de 18 años en octubre de 2021. Esta actitud gubernamental es homicida y, por tanto, va en contra de los intereses de las clases trabajadoras.