Núria Bou Torrent / Catalunya
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Del 29 al 31 de octubre se celebraron las elecciones a la Asamblea de Representantes del "Consell per la República" (Consejo para la República,
https://consellrepublica.cat/). El "Consell per la República" quiere ser un gobierno de Cataluña en el exilio, con sede en Waterloo (Bélgica), para preparar las bases de la futura República Catalana evitando la feroz y antidemocrática represión española.
Las personas debidamente inscritas votaron telemáticamente a los 500 candidatos que se presentaron en listas abiertas. Salieron elegidas 121 personas, de las cuales 70% son mujeres, que ya han escogido una presidenta de la asamblea y tendrán que escoger un presidente del "Consell per la República", que, hasta ahora, ha sido provisionalmente el Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en cuyo mandato se celebró el referéndum del 2017 y que se exilió en Bélgica para no ser injustamente encarcelado, como les ocurrió al resto de miembros del gobierno que se quedaron en Cataluña y fueron condenados vengativamente de 9 a 13 años de cárcel, aunque, por la presión de las instituciones europeas, fueron liberados después de casi 4 años de cárcel.
El "Consell per la República" tiene 101.920 inscritos, a pesar de que para inscribirse se deben dar los datos personales y eso genera prudencia en un movimiento extremadamente pacífico y democrático que ha sufrido represión hacia 3.300 personas. Además, hay sectores del independentismo que no ven clara esa estrategia de desafío hacia España precisamente por miedo a su reacción violenta. A pesar de todo esto, el número de inscritos del Consejo no para de crecer día a día.
En cualquier caso, Europa no debería ignorar que el "Consell per la República" es una organización enorme que se plantea desbordar, con movilizaciones pacíficas nunca vistas, el control de Cataluña por parte de España. Estas movilizaciones crearán perturbaciones sociales y económicas en España y en la UE e intentarán forzar una intervención europea para evitar una reacción violenta de España como la que sucedió en el referéndum de 2017. El Consejo se plantea esto como única salida para defender su legítimo objetivo, porque ha aprendido que España nunca aceptará una solución democrática donde los ciudadanos catalanes tengan la última palabra.
Sabiendo que se acerca el momento en que el Consell iniciará una lucha no-violenta al estilo gandhiano, sería mucho mejor y nos ahorraría sufrimientos para todos, que la UE actuara antes de que estas movilizaciones perjudiquen a Europa, y que facilitara una solución democrática pactada en la que España sea forzada a aceptar, no una independencia unilateral, pero sí un referendo vinculante que decida democráticamente al respecto.