Samuel Aguirre Ochoa

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El jueves de la semana pasada se dieron tres hechos en el municipio de San Pedro Soteapan, ubicado en la Sierra de Santa Martha al sur de Veracruz, hechos que generaron zozobra, confusión e incertidumbre entre la población de la zona. En los tres se vieron involucradas las corporaciones policiacas del estado, distintos actores políticos, representantes ejidales y funcionarios públicos municipales. Hasta el momento la opinión pública no tiene claridad precisa de tales acontecimientos, por lo que creo importante abordar el tema y dar mi opinión, basada en versiones de los vecinos del lugar así como de una dependencia estatal.

El primer problema tuvo lugar por la mañana, cuando las autoridades del ejido de Soteapan y un particular de nombre Pedro Ramírez Poblano, respaldados por elementos de la Policía Estatal, se presentaron en la oficina del Comité Municipal del Movimiento Antorchista ubicada en la cabecera municipal, con el propósito de desalojar a los integrantes de este Movimiento de su inmueble. Como era de esperarse, los antorchistas exigieron a los reclamantes mostraran algún documento en el que fundamentaran las razones legales de su exigencia, cosa que no pudieron hacer pues no llevaban ninguna orden por escrito de la existencia de algún juicio o mandamiento judicial. Uno de los policías, que dijo ser del jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, se redujo a lanzar una amenaza verbal de que volverían en otra ocasión para sacarlos a como diera lugar.

Esta acción de los representantes ejidales y de la policía es arbitraria e ilegal, pues el terreno en donde está ubicada la oficina de Antorcha fue adquirido de manera legal desde hace 22 años, se cuenta con la documentación correspondiente que se hará valer en las instancias legales en el momento que sea necesario y se ha mantenido la posesión de manera ininterrumpida y pacífica durante todos esos años como consta a toda la población de Soteapan. Dicha acción, además de ilegal, es típica de los cacicazgos apoyados por el Gobierno del estado, que tiene como propósito golpear y tratar de destruir a una organización de carácter popular, a una organización que ha venido siendo atacada de manera sistemática por el presidente de la República desde el inicio de esta administración. Andrés Manuel López Obrador es enemigo de la organización popular, él mismo se ha encargado de repetirlo hasta el cansancio, por lo que no es muy difícil adivinar quién está detrás de este ataque en contra la oficina de Antorcha.

El segundo hecho se presentó por la tarde, cuando elementos de la Fuerza Civil en un tramo de la carretera que va a Acayucan pidieron revisar la camioneta en donde viajaba el alcalde de Soteapan, Rafael Hernández Hernández, ante un reporte ciudadano de que en dicha camioneta con vidrios polarizados iban personas armadas. Es del conocimiento público la prepotencia y arbitrariedad con la que se conduce el numeroso séquito de guaruras que resguarda al alcalde soteapeño, ¿qué les costaba haberse detenido he identificado ante la policía? Si no lo hicieron es porque algo escondían, pues el que nada debe nada teme. El profesor Rafael Hernández debe meditar bien en qué asuntos anda metido y de quién se rodea. El Movimiento Antorchista se deslindó de su administración precisamente porque vio cosas extrañas que no van con una persona de bien, como él mismo se define. Creo que le está faltando congruencia con lo que dijo ser antes de ser presidente municipal, es decir, el poder lo transformó.

El tercer suceso tuvo lugar por la tarde noche, cuando la Fuerza Civil se presentó en la cabecera municipal, ante un reporte ciudadano de robo de una camioneta Ford-350 que estaba estacionada en una calle del pueblo, bajo resguardo de Bernardo Cervantes Rodríguez, jefe de escoltas del alcalde de Soteapan, por encargo de Ramiro Bautista Ramírez, esposo de la actual síndica municipal de Soteapan y próspero constructor en la región.

Al llegar los elementos de la Fuerza Civil al lugar en donde se encontraba dicho vehículo con reporte de robo, los guardias del presidente municipal, gente al servicio de Ramiro Bautista y de Jairo Salazar; personal de la Dirección de Obras Públicas y elementos de la policía municipal vestidos de civil, retuvieron a los elementos de la Fuerza Civil para impedir se llevaran la Ford 350; lanzaron cohetes y en el forcejeo para desarmar a los elementos policiacos, tanto la policía estatal como la municipal hicieron disparos de donde resultaron tres personas heridas, dentro de ellas, uno de los guardias del presidente municipal que pretendía desarmar a un policía estatal.

Por diversos medios, estos individuos hicieron llamados a la población de Soteapan para que se reuniera y enfrentara a la policía, llamado que no tuvo eco, debido a que la ciudadanía de Soteapan sabía y sabe bien qué es lo que hay en el fondo de la acción de los camorristas y no se juntaron como acostumbran hacerlo cuando ven que se comete una injusticia. Los que armaron la trifulca fueron unos cuantos como se puede ver en los muchos videos que circularon en las redes sociales. Un poco más tarde llegaron cerca de 50 patrullas de diversas corporaciones policiacas que sitiaron el municipio de Soteapan y como a las 12 de la noche se retiraron y la calma volvió al municipio.

Al siguiente día, el dos de septiembre, el parque de maquinaria que acababa de adquirir Jairo Hiram Salazar para hacer obra pública en Soteapan desapareció como por arte de magia del lugar en donde lo mantenía. Lo mismo sucedió con la maquinaria que tenía en un patio de su casa Ramiro Bautista Ramírez, que también se esfumó. Pues a decir de los vecinos casi toda, si no es que toda esa maquinaria, tiene reporte de robo. De ser cierta esta versión, así se explica la participación de Jairo y de Ramiro agitando a la gente para participar en la revuelta. Así se explica también la participación de Jairo Salazar (hijo), director de Obras Públicas, de los supervisores de obra y del personal del Ayuntamiento, que fue amenazado de que si no asistían a la refriega serían despedidos.

En los videos se puede ver quienes participaron en la retención de los elementos de la Fuerza Civil. Por tanto, debe investigarse a fondo el estatus legal de la maquinaria de Jairo Hiram Salazar y de Ramiro Bautista: de ser legal, que sigan haciendo obra y de ser ilegal, se la deben confiscar. Además, los vecinos de las comunidades deben exigirles que hagan las obras completas y no las dejen con una meta menor a la del proyecto; que hagan obras de calidad y no sinvergüenzadas. Llegó la hora maestro Rafael Hernández de demostrar que usted es gente honrada y que defenderá a su pueblo.