Jordi Oriola Folch / Barcelona 

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El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, se ha celebrado una manifestación multitudinaria en Barcelona para rechazar la futura reforma del código penal. El Estado español tiene un delito impropio en Europa, el delito de sedición con el que se condenó a los políticos que organizaron, en 2017, el referéndum de independencia de Cataluña.
Este delito, creado en 1822, condena con penas altísimas las manifestaciones multitudinarias que impidan el cumplimiento de leyes aunque no se use ningún tipo de violencia. En Europa se consideraría una ley antidemocrática porque puede impedir el derecho de manifestación. Por eso la justicia en Bélgica, en Alemania y en Italia, al no observar violencia en los hechos investigados, rechazaron la entrega a España del presidente catalán Carles Puigdemont por sedición.
Por todo esto y por petición del Consejo de Europa, España se veía obligada a eliminar este delito, pero lo quiere substituir por un nuevo delito de “desordenes agravados” que pretende, según han afirmado los miembros del Gobierno español, poder seguir condenando cualquier tipo de gran manifestación no violenta que hiciera el movimiento independentista catalán.
Aparentemente las penas máximas de este nuevo delito serían inferiores a las del anterior, pero en última instancia se podrían alcanzar las mismas condenas para los organizadores del referéndum de 2017 (de 9 a 13 años de cárcel). Además, en esta nueva interpretación, una manifestación multitudinaria sería delito si se considera que “obstaculiza la vía pública”, que “intimida” (un término muy ambiguo), que “se ocupa un edificio o instalación” sin violencia, o si se convoca o acude a “una multitud idónea para afectar gravemente el orden público” (muy ambiguo). Para acabarlo de empeorar, la mínima condena para este delito (que podría implicar participar en una manifestación no violenta) se incrementa hasta 3 años de prisión!
También el Gobierno español han justificado este nuevo delito porque permitirá extraditar desde Bélgica al presidente Puigdemont, como si hubieran escrito esta ley ad hoc para encerrar en la prisión al “enemigo número uno” de España.
El movimiento independentista rechaza este cambio de un delito por otro, porque se deroga un delito que tenía sus días contados, pero se substituye por otro delito que está pensado para impedir el proyecto independentista catalán, sin importarles vulnerar derechos fundamentales. Y todo esto por el simple hecho que la España ultranacionalista, surgida de la dictadura franquista, no acepta lo que este movimiento político legítimo propone y piensa que todo vale para mantener la unidad de España. Pero eso no es así, la democracia y el derecho de autodeterminación de los pueblos son valores superiores que deben respetarse.