César A. Vázquez Lince
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BINIZA: En fast track, diputados avalan reforma para asignar Tren Maya a Sedena
Tras casi tres sexenios en funcionamiento, el Seguro Popular desapareció y entró en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
El Seguro Popular fue criticado por diversas irregularidades denunciadas por los mismos usuarios e incluso por la Auditoría Superior de la Federación. En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se buscó su desaparición al considerar que “ni era seguro, ni popular”.
El presidente fijó un plazo de un año para tener resultados en el recién creado instituto y así garantizar el derecho de la población a la salud, el cual, reconoció, era un pendiente. Sin embargo, decirlo y hacerlo son cosas distintas; se fulminó el seguro popular, de un día para otro, sin legislación secundaria, reglas de operación, calendarios de implementación, periodo de transición, mecanismos claros de financiamiento y sin aclararle a los estados cómo iba a ser el proceso de absorción de los servicios.
Una de las grandes incertidumbres fue la eliminación del financiamiento que tenía el Seguro Popular, se recentralizarán los servicios de salud y se quitaron los mecanismos de exigibilidad a los que estaban sujetos las personas beneficiadas.
El nuevo programa no fue diseñado con base en conocimiento.
Esta tarde, la bancada de Morena aprobó vía fast track una reforma para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar e integrarlo a la operación del IMSS-Bienestar.
¿Qué significa la desaparición del Insabi?
Lo primero que significa es el reconocimiento tácito, de parte del Ejecutivo, de que el Insabi fue un fracaso y es claro ante la evidencia.
En 2021 se dejaron de ejercer más de 15 mil 498 millones de pesos en medicamentos y atenciones médicas a habitantes sin seguridad social laboral, por diferentes inconsistencias detectadas en el Insabi, así como en el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la posible corrupción detectada incluye el subejercicio de recursos, pagos y prestaciones laborales sin justificar, así como compra de medicamentos a sobrecosto o pago a proveedores sin justificar.
Y podría haber muchos ejemplos más, que alargarían esta columna hoja tras hoja. El INSABI pasará a la historia de México y de la administración pública como el ejemplo de lo que no se debe hacer.
La desaparición del Insabi puede ser vista como una estrategia del gobierno no ha dado los resultados esperados y que es necesario buscar alternativas más efectivas para garantizar el derecho a la salud de la población. Sin embargo, la falta de claridad en el proceso de transición y la ausencia de una estrategia clara para financiar y operar los servicios de salud ha generado incertidumbre y preocupación entre la población y los trabajadores de la salud.
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