Alfredo Bielma Villanueva

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Por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador votaron 30 millones de ciudadanos, por Claudia Sheinbaum votó poco más de 35 millones de mexicanos con pleno dominio de sus derechos civiles, o sea, de 130 millones de mexicanos la lista nominal de electores asciende a 98,044,019 95, de estos votaron por Claudia Sheinbaum poco más de 35 mil mexicanos, o sea, 63 millones de ciudadanos con derecho al voto no sufragaron por ella o simplemente se abstuvieron, como sea, entre esas cifras existe una diferencia muy sustantiva digna de ser tomada en cuenta cuando se habla del respaldo del pueblo mexicano a todas las acciones de su gobierno federal. Porque en el discurso oficial se insiste iterativamente que “el pueblo de México votó por el programa de MORENA”, en vías de justificar las acciones de gobierno y las reformas constitucionales que hoy por hoy mantienen en vilo a un sector importante de la población mexicana que no está de acuerdo con reformar en los términos propuestos el Poder Judicial ni con la desaparición de los órganos autónomos. El debate está encendido, se establece quienes se oponen y otra que desdeña las protestas en base al argumento de que “el pueblo ya votó”. Pero ¿efectivamente la ciudadanía votó esa reforma? Y ¿qué es el pueblo sino una abstracción demagógicamente utilizada con propósitos políticos? No se discute la legalidad de esta elección, Claudia Sheinbaum es presidenta electa porque obtuvo la mayoría de votos y en una democracia se gana o se pierde, pero no es aceptable el uso del “pueblo” como pretexto de cambios estructurales de cuyas dimensiones la mayoría de la población mexicana no alcanza a discernir. Debe destacarse el sinnúmero de medias verdades y afirmaciones inconexas proferidas en el informe presidencial del 1 de septiembre pasado porque sustancian una forma de gobernar muy ajena a los principios de un buen gobierno.

Septiembre es el último mes del mandato conferido constitucionalmente a López Obrador en 2018, por como apuntan las circunstancias este es un final estrepitoso (en México ya tenemos experiencias previas sobre esto), no exento de sorpresas, con pronósticos nada halagüeños para una de las partes en conflicto, que en este caso no se trata de la oposición partidista al gobierno, que permanece en hibernación después de su derrota electoral, sino de trabajadores, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, junto con abogados litigantes y renombrados juristas, preocupados por el rumbo que orienta la reforma judicial propuesta por AMLO. Se suma a esta discordia entre poderes el estudiantado universitario de la UNAM y Universidades privadas en apoyo al paro de actividades y obviamente en contra de la reforma al Poder Judicial en los términos suscritos ya por las Comisiones de la Cámara de diputados. No es asunto de menor importancia porque sus consecuencias alteran acuerdos comerciales de índole internacional e introducen inestabilidad en el Estado de Derecho que, según expertos en la materia, acarrearía serios problemas financieros y económicos. Parece catastrófico, lamentablemente parece que así es.

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