Alfredo Bielma Villanueva

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Ya está históricamente comprobada el suave y hasta delicado trance de un gobernante a otro cuando pertenecen a las mismas siglas partidistas, así fue durante la hegemonía priista, y así sigue siendo con la inaugurada hegemonía de MORENA. Ese fenómeno lo comprobamos en Veracruz cuando Duarte recibió el mando de Fidel Herrera con la subyacente consigna de no barrer para atrás, o sea, cubrirle las espaldas a su mentor pese al desaseado manejo del recurso público imantado de un voraz patrimonialismo político. También, ahora con MORENA, lo estamos evidenciando porque pese al desperdicio del recurso público durante la gestión de Cuitláhuac García todo parece indicar que habrá una reedición del no barrer para atrás. Es obvio, si en vez de Duarte de Ochoa el ganador de la elección de 2010 hubiera sido un opositor la revisión al ejercicio del recurso público durante el gobierno de Fidel Herrera hubiera puesto al descubierto serias irregularidades y las observaciones de la ASF hubieran tenido otro destino. Análogamente, si en la elección de 2024 al gobierno veracruzano el resultado no hubiera favorecido a MORENA, Cuitláhuac García enfrentaría con dificultad las observaciones acerca de su manejo de los recursos del erario veracruzano.

Debe puntualizarse: no es teoría comprobada que se requiera de una alternancia política para proceder contra desviaciones presupuestarias, abuso de poder o malversación de fondos, porque en países de democracias consolidadas ese fenómeno no equivale a una aplicación forzada de la normatividad, sino un estricto apego a las leyes que regulan la aplicación del dinero público. Si en México los órganos regulatorios contaran con el respaldo en la norma vigente y la voluntad para aplicarla, no hubiera cabida para lo que se califica de “venganzas” políticas. Lamentablemente, nos encontramos en un torbellino de “renovación”, de “cambios” que implican la desaparición de órganos autónomos, cuya creación estuvo orientada a combatir la opacidad en el manejo del recurso público, de allí las obligadas licitaciones por concurso y no la asignación directa de contratos para obras y servicios en beneficio de amigos y hasta cómplices. En ese contexto, con voluntad para evitar tropelías no hubiera necesidad de ir dejando huellas: ¿Alguien recuerda las declaraciones del coordinador de la JUCOPO en Veracruz denunciando la sospechosa compra de tablets para el Congreso local? Es un asunto que fue “resuelto” en lo oscurito, “no hagan olas”, y no pasa nada, como el caso de las “empresas fantasmas” del gobierno precedente.

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