16 de Marzo de 2026
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MOMENTO DE ACOTAR - Francisco Cabral Bravo
Poniéndose el huarache antes de espinarse
2026-03-16 - 10:55

 



Francisco Cabral Bravo


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Por décadas, el combate al narcotráfico ha sido uno de los grandes temas pendientes del continente. Pero lo ocurrido en Miami parece marcar algo más profundo: el nacimiento de un nuevo alineamiento político en América Latina impulsado desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a 12 mandatarios latinoamericanos en la cumbre denominada "Escudo de las Américas", una iniciativa que pretende coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, las pandillas transnacionales y el crimen organizado.
La reunión se celebró en Florida y congregó a gobiernos ideológicamente cercanos al trumpismo, como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, además de los mandatarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago.
La narrativa del encuentro es clara: formar una coalición hemisférica para enfrentar lo que Washington denomina narcoterrorismo. Trump incluso ha comparado la estrategia con la coalición internacional que combatió al Estado Islámico en Medio Oriente, sugiriendo que la amenaza de los carteles exige un nivel similar de cooperación militar.
Pero detrás de la retórica de seguridad hay también una jugada política de gran escala.
Porque el Escudo de las Américas no es solo un frente antinarco. Es también un intento por reordenar el mapa ideológico del continente. Los doce países presentes comparten algo más que la preocupación por el crimen organizado; pertenecen, en su mayoría a gobiernos de derecha o conservadores alineados con Washington.
Las ausencias son tan reveladoras como las presencias.
No fueron inventados tres de los países más grandes y estratégicos de América Latina: México, Brasil y Colombia. Los tres gobernados por líderes vinculados al progresismo latinoamericano: Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.
En otras palabras, el nuevo frente hemisférico parece trazar una línea divisoria que recuerda viejas batallas ideológicas del continente. De un lado, los gobiernos que orbitan alrededor de Washington; del otro, los que se identifican con la tradición política que muchos se ubican en el foro de Sao Paulo, el espacio que durante décadas ha articulado a la izquierda latinoamericana.
Así, el combate al narcotráfico se convierte también en un instrumento de presión política. Y en este tablero, México aparece en el centro de la tormenta.
Durante la cumbre Trump volvió a lanzar críticas directas contra el gobierno mexicano, afirmando que los cárteles "gobiernan México" y que Estados Unidos está dispuesto a hacer "lo que sea necesario"  para erradicarlos. Desde hace meses, la Casa Blanca ha venido escalando el tono al calificar a los carteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas. Ese concepto no es menor; abres la puerta jurídica, política y de intervención militar para justificar operaciones extraterritoriales bajo el argumento de seguridad nacional.

En otro contexto México vive un clima de confrontación permanente. La discrepancia dejó de ser de liberación y se volvió identidad. La política ya no organiza intereses. Organiza emociones. El adversario dejó de ser interlocutor. Es enemigo moral. La erosión institucional no ocurre con tanques. Ocurre con palabras. Con descalificaciones sistemáticas. Con sospecha constante. Con la idea repetida de que todo árbitro está capturado. El resultado es visible. Confianza pública en descenso. Instituciones cuestionadas antes de actuar. Sentencias desacreditadas antes de leerse. Elecciones impugnadas antes de celebrarse.
El país no se fractura por exceso de debate. Se fractura por la cancelación del otro. Desde el derecho, esto es grave. Desde la psiquiatría social, es estructural. Las cosas no han llegado a ese nivel, pero se dirigen hacia allí. Toda democracia descansa en reglas aceptadas por perdedores y ganadores. Sin esa aceptación, la norma es papel. La política se paraliza. La opinión se convierte en acusación.
La sospecha retirada debilita la presunción de legitimidad. Las instituciones viven de confianza. No de fuerza. Un juez puede emitir una sentencia impecable.
México enfrenta una polarización intensa. Pero no una ruptura del poder estatal. El gobierno mantiene control institucional. La oposición carece, por ahora, de clima social suficiente para disputar la representación del Estado. El desafío es otro.
Bajar la temperatura verbal. Procesar diferencias con inteligencia política. Priorizar lo esencial sobre lo accesorio. Sin reglas aceptadas no hay árbitro. Sin árbitro no hay democracia. Y sin prudencia estratégica, nadie gana.
En otro orden de ideas, existen muchas lecturas a diferentes niveles políticos del voto en contra de la reforma electoral. Entre las primeras están las evidentes: Morena fue incapaz de negociar con sus aliados, quienes corrían el riesgo, a pesar de las promesas de sucumbir como fuerza política ante el arrollador empuje del partido mayoritario. Muchas preguntas con respuestas aún por escribirse en los próximos tiempos. Nada es una derrota definitiva, como tampoco una victoria absoluta.
En la democracia hay momentos para transformar las reglas y momentos para defenderlas. Saber distinguir entre ambos es una señal de madurez institucional. Hoy, México atraviesa un contexto complejo en el que las prioridades nacionales son la seguridad, estabilidad económica y condiciones que permitan atraer inversión. En ese escenario, abrir el debate de una reforma electoral no parece responder a una necesidad democrática urgente, sino a una discusión que puede distraer al país de los desafíos verdaderamente apremiantes.
El sistema electoral mexicano fue el resultado de décadas de construcción democrática impulsada por ciudadanos, organizaciones sociales, academias y fuerzas políticas que entendieron que la confianza en las elecciones era indispensable para la estabilidad del país. Las reformas que dieron autonomía a las autoridades electorales fortalecieron la fiscalización y garantizaron la pluralidad legislativa, fueron conquistas sociales.
Gracias a ese proceso, México logró consolidar algo que en muchas democracias aún es frágil: alternancias pacíficas, aceptación de resultados y mecanismos institucionales para resolver disputas políticas. Ese entramado institucional permitió que los cambios de gobierno ocurrieran con orden y que la competencia política se desarrollara bajo reglas claras.
Por ello, cualquier intento de modificar el sistema electoral debe analizarse con prudencia.
Cambiar las reglas que organizan la competencia democrática no es una decisión menor.
La confianza es un activo que se construye lentamente, pero puede deteriorarse con rapidez cuando las reglas fundamentales parecen sujetas a cambio sin consensos amplios. Por ello, más que discutir una reforma electoral, conviene preguntarnos si realmente existe una necesidad democrática que la justifique. Cuando las instituciones funcionan y garantizan competencia, representación y legalidad, la prudencia institucional indica que la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral. Esto no significa negar que las leyes pueden perfeccionarse. Significa reconocer que existen principios fundamentales que no deben ponerse en riesgo.
Si en México se festeja a los muertos, cabe entonces celebrar los fracasos. La frase atribuida a Albert Einstein: "Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes". Tener mucho poder, no es tener todo el poder.
Estamos viviendo una época complicada, difícil de entender y, por lo tanto, llena de incertidumbre. Los humanos tenemos una capacidad limitada para entender nuestro entorno; especialmente la parte humana.


 


 

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