Samuel Aguirre Ochoa
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Los habitantes de Tres Valles, Ver., están muy irritados y molestos con la acción emprendida por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el pasado 1 de diciembre en contra de los habitantes de 11 comunidades que se encuentran sobre la carretera llamada Circuito Los Naranjos: los reprimió, echándoles encima a la policía estatal por el solo hecho de haberse manifestado en protesta en contra de la empresa CODESA, debido a que los camiones y maquinaria de ésta última les destruyeron su carretera, y los vecinos pedían se las repararan. A las 3 de la mañana llegaron varias patrullas y con lujo de violencia desalojaron a los manifestantes y detuvieron a 11 personas que mantienen retenidas e incomunicadas en la comandancia de Tres Valles, dentro de las que se encuentra una mujer de 63 años.

El tráfico intenso de la maquinaria y los camiones de esta empresa ya destruyó esta vía de comunicación, tan necesaria para los habitantes de dichas comunidades, por lo que los vecinos están en su legítimo derecho de exigir la reparación de la misma y el gobierno estatal de Morena, que tiene como eslogan que, “por el bien de todos, primero los pobres”, en lugar de atender a los habitantes que clamaban justicia está utilizando a la policía estatal para golpearlos y reprimirlos. La policía, que el presidente de la República acaba de definir como pueblo uniformado y que vive de nuestros impuestos, está siendo utilizada para defender los intereses de una empresa particular como CODESA. Un gobierno que dice defender a los pobres ahora defiende a una poderosa empresa particular: una contradicción vergonzante.

Dos días llevan ya las 11 personas encarceladas y no se les ha querido liberar a pesar de la presión que están haciendo los vecinos del municipio. Una acción ilegal de la policía que, además de armas, llevaron perros amaestrados, pues los manifestantes se encontraban en un predio particular que un vecino les había prestado y la señora detenida fue bajada por la fuerza de su camioneta. Les robaron varias motocicletas y propiedades que tenían en el lugar.

Es necesario denunciar estas acciones de los gobiernos de Morena para exigir la liberación de las 11 personas encarceladas, pues son gente honrada, gente de trabajo, que lo único que buscan es mejorar sus condiciones de vida, ya que por dicha carretera tienen que transitar para ir a hacer sus compras, para vender sus productos, para ver al doctor y los jóvenes trasladarse a sus escuelas. Es su principal vía de comunicación.
Además, para que la opinión pública conozca el verdadero rostro de este partido en el poder y no se deje engañar con los cantos de sirena y las promesas de que ayudarán a la gente. El derecho a manifestarse está establecido en la Constitución Política del país y debe respetarse, a menos que ya estemos en una dictadura, en la cual se conculcan los derechos de los ciudadanos.

La empresa CODESA se ha enriquecido con los contratos que PEMEX le ha otorgado para la transportación de personal y la exploración de yacimientos petroleros a expensas de los habitantes de la zona. Tiene la obligación de reparar los daños que ocasiona a la gente.

Las víctimas de la represión de Cuitláhuac García son las siguientes personas: Mario Delfín Rivera, Rafael Uscanga Prieto, Francisco Raigosa de los Santos, Gaudencio Raigosa Aniceto, Gloeldys Sosa Ortega, Andrés Ramón Cuevas, Ramón Salomón Acevedo, Celso Rivera Gómez, Sofía Flores Flores, Gilberto Valerio y Raúl Rosado Salomón. De no ser liberados de inmediato, ciudadanos de otros municipios que también son víctimas de la represión policiaca del gobierno de Veracruz saldrán a protestar junto con ellos. No a la injusticia y la represión. La paciencia del pueblo tiene un límite y este gobierno debe medirle bien el agua a los camotes, porque la gente cansada de sus atropellos incrementará su protesta.