Alfredo Bielma Villanueva

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En “La teoría del Gobierno Revolucionario, decía Robespierre: “El principio del gobierno constitucional es conservar la República; la del gobierno revolucionario es fundarla… Bajo el régimen constitucional es suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público; bajo el régimen revolucionario, el propio poder público está obligado a defenderse contra todas las facciones que le ataquen. El gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional; a los enemigos del pueblo no les debe sino la muerte», drástico, sin duda, aunque analizado en el contexto de la Revolución Francesa es entendible por la vorágine de terror impuesta por Robespierre cuando encabezaba a los jacobinos. Viene a cuento ese trascendente episodio acontecido en Francia en el último tercio del siglo XVIII porque, guardada toda proporción ahora mismo somos testigos o participamos en la enconada controversia política originada por las reformas constitucionales iniciadas por el presidente López Obrador y procesadas ahora por un Congreso legislativo donde cuenta con una mayoría absoluta que no permite ni da ocasión para el debate, simplemente se aprueban y asunto concluido. Sin embargo, las reformas que desaparecen los órganos autónomos y reconfigura el Poder Judicial llevan inherentes graves consecuencias en materia económica e impactan severamente contra el Estado de Derecho. De allí el debate público reflejado en la protesta de empleados, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia que ya cuentan con el solidario respaldo del estudiantado universitario del país.

Esos cambios son sustantivos, acaso por su inmediatez y la maraña de los acontecimientos de la vida cotidiana la población en general no se percata bien a bien de sus consecuencias. Porque otras señales también provocan escozor: no es de menor importancia la declaratoria de nulidad de la elección en la alcaldía de Cuauhtémoc de la CDMX, porque después de varios intentos por judicializar esa elección el resultado siguió favoreciendo a la ganadora oposicionista, no obteniendo sus deseos con la formalidad legal establecida finalmente, se propina el golpe autoritario utilizando los servicios del Tribunal Electoral para declarar la anulación, así de simple y no pasa nada, excepto que quien ganó la elección finalmente la “perdió”. Si con esa clase de procedimientos se arguye que la democracia no se pone en riesgo entonces vivimos en utopía. En pleno proceso de relevo de mandos nacionales en el escenario de nuestros días no se vislumbran signos halagüeños, la polarización de los enfrentamientos entre es susceptible de radicalizarse con el avance de los acontecimientos y nada despreciable es la advertencia del embajador Ken Zalazar acerca de la reforma judicial (que “es decisión del gobierno de México y respetamos la soberanía de México”), pero “si no se hacen bien puede traer muchísimo daño en la relación” entre ambas naciones.  Sin duda alguna, esta transición gubernamental está resultando más conflictiva que cuando Echeverría, López Portillo y Salinas de Gortari.

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