Amadeo Palliser Cifuentes / Barcelona 

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Ayer (12/03), en el Parlament de Catalunya, el PSC/PSOE, con el PP y Vox, rechazaron la proposición de ley presentada por Junts el pasado 24 de febrero, para establecer el distrito universitario propio catalán y, asimismo, esos partidos españoles y españolistas, rechazaron la exigencia del nivel B2 (el mínimo) de catalán a los sanitarios, tras un año de ejercicio. Nada nuevo bajo el sol, pues el gobierno del represor Illa defiende el estado, el reino español, por encima de los intereses catalanes, y esa es ‘su buena gestión’ (de la que hace gala), sin mencionar que es servil, vasalla y colonial, claro; como intento exponer a continuación.

El problema de la falta de médicos en Catalunya se debe a muchos factores, pero, entre ellos, destaca la tradicional sobrevaloración de las PAU (pruebas de acceso universitario) que de media son muy superiores en el resto de comunidades autónomas y, así, estudiantes de todo el estado pueden optar al acceso en las universidades catalanas (por cierto, de mayor prestigio profesional) condenando a los estudiantes catalanes a efectuar otros estudios. Y ese fenómeno agrava la situación posterior, pues, una vez superados los estudios de medicina, muchos estudiantes vuelven a su comunidad de origen o, si se quedan en Catalunya, ‘incomprensiblemente’ no hablan el catalán, a pesar de haber efectuado toda su carrera aquí. Y todo ello obliga a la homologación de médicos extracomunitarios, con los mismos efectos respecto a la lengua propia de Catalunya.

Diana Silva, en marzo del año pasado, publicó en el Ara, un artículo titulado ‘Cuatro de cada diez estudiantes que se matriculan en medicina son de fuera de Catalunya’, señalando que los datos recogidos por Unportal, ese curso pasado, en las universidades catalanas se matricularon de primero de medicina 1207 estudiantes, de los cuales, 457 (38 %) son de otras comunidades.

Efectivamente, con la implantación del distrito universitario catalán podrían introducirse medidas compensatorias, factores correctores, de las notas de las mencionadas de las PAU, y, de ese modo, cuanto mínimo, conseguir una relativa igualdad de los estudiantes catalanes respecto al del resto de las comunidades.

Pero el partido de Illa, argumentó que, con el distrito único estatal, se garantiza la formación de los mejores estudiantes españoles, sin discriminación alguna al respecto. Un argumento simplón e infantil, pues desconsidera los factores negativos que comporta, y sus consecuencias posteriores, que he comentado.

Y claro, Salvador Illa y su partido (PSC/PSOE), junto al PP y Vox, no quieren eliminar el distrito universitario único estatal, pues ellos tienen instalado en su credo, el lema de ‘una, grande y libre’ y, como los notarios, que consideran que ‘nihil prius fide’ (‘nada antes que la fe’, si bien los notarios se refieren, exclusivamente, a la fe pública), los representantes del estado tiene instalada su fe en el lema citado.

Es sabido que cualquier propuesta catalana, siempre es rechazada por los aprioristas españoles, sin ni siquiera profundizar en su complejidad y efectos, como vimos con muchas decisiones judiciales, legislativas y ejecutivas, antes y después del referéndum catalán del 2017.

Y todo lo expuesto me lleva a resaltar la gran importancia de la configuración institucional, en concreto, de la estructura provincial de España, fijada en el BOE del 30 de noviembre de 1833, con la publicación del real decreto, firmado por la regente María Cristina de Borbón, que dividía el reino de España en 49 provincias, pero:

‘(…) mientras que los territorios de la antigua corona castellano–leonesa conservaron, con pequeñas alteraciones, su denominación y sus límites históricos (la provincia, propiamente), que en la mayoría de los casos remontaban a la Edad Media, los países de la extinta corona catalano–aragonesa fueron troceados y provincializados con un propósito puramente asimilacionista.

Catalunya, convertida en una provincia después de la ocupación borbónica de 1714, fue cuarteada con el objetivo de multiplicar el aparato administrativo-represivo español y de españolizar el país. El mapa político de España en 1850 es un testimonio de aquel propósito.

Las fuentes generalistas atribuyen a Javier de Burgos, un periodista liberal y un entusiasta de José I Bonaparte, el proyecto de provincialización de España, o mejor dicho, de la expansión del modelo territorial castellano en la España Asimilada, que, por decir algo, dicen que se inspiró en la división departamental francesa. Pero ni es Burgos el inventor de la ‘criatura’, ni es Francia la que inspira el troceo de la España Asimilada. Veintiún años antes (1812), las Cortes de Cádiz, el refugio de los sediciosos contra la autoridad de José I y de los rebeldes al régimen bonapartista (Fernando VII se había vendido y cobrado a satisfacción la corona española), ya ensayaron un proyecto de provincialización. Y recordemos que, en aquellas cortes, los representantes catalanes, valencianos y baleares fueron objeto constante de burla por su acento.

Aquello quedó en nada, principalmente, porque el mismo año (1812) Catalunya había sido incorporada al Primer Imperio francés, como una región más. Ni siquiera con la retirada napoleónica y el retorno de Fernando VII (1814). El llamado ‘rey felón’ (rey traidor) restauró el antiguo régimen: con un golpe de culo (el de poner las nalgas en el trono de Madrid) tumbó todas las leyes promulgadas por aquellas pintorescas cortes (la Constitución, llamada ‘la Pepa’, incluida)

(…) No sería hasta la muerte de Fernando VII y el estallido de la 1ª Guerra Carlista (1833 – 1840) que el presidente del gobierno Martínez de la Rosa resucitaría el proyecto con el único propósito de estandarizar el reino y reforzar el poder central.

(…) ‘La provincia se transforma en instancia clave de articulación del país’, proclama el preámbulo de aquella ley. Es decir, la capitanía general de Catalunya -en Barcelona-, que desde la Nueva Planta borbónica de 1717 concentraba los poderes civiles, militares y judiciales, se multiplicaba por cuatro. Eso implicó un desembarque formidable de funcionarios españoles que se presentaban como una renovada élite colonial, pretendidamente culta y refinada, y manifiestamente engalanada con la universal cultura española. Radicalmente contrapuestos al perfil del funcionario colaboracionista catalán, considerado corrupto, tronado y folclórico (el hazmerreír de las Cortes de Cádiz). Por no decir del ‘paisano catalán’, rústico e iletrado, perdido en la tiniebla de la ignorancia y de la obsolescencia, porque no conocía la luz que irradiaba ‘la universal lengua española’, ‘madre de la patria española’.

En este sentido es muy reveladora la información que aparece en uno de los primeros atlas cartográficos después del troceo de Catalunya (1875). Las cuatro provincias catalanas son presentadas individualmente como entes totalmente diferenciados, y las ridículas figuras folclóricas que ilustran el texto se presentan, también, con elementos bien diferenciados. Pero lo más grotesco llega con la reseña geográfica. Por ejemplo, de los habitantes de la ‘Provincia de Lérida’ se dice que: ‘son honrados, dóciles, activos, económicos (…) amantes de su país (…) usan el mismo dialecto (…) derivado del antiguo lemosín’. Queda la duda (o no) del significado de conceptos tan pintorescos como ‘dóciles’ (¿domesticados?), ‘económicos’ (¿baratos?) o ‘amantes de su país’ (¿de qué país?).

 (…) Las reseñas de las otras tres ‘provincias’ también se revelan como un ejercicio de antropología ‘económica’ y supremacista. En la de Tarragona no se hace ninguna mención al ‘dialecto’, pero se dice que: ‘celebran las fiestas religiosas con gran ostentación (…), aman la danza con tamboril (…), forman columnas de hombres unos encima de otros (…), salen a la caza del paraus, tiran redes a las aves que van de paso’.

En la de ‘Gerona’ se dice que ‘son religiosos, caritativos, morigeradores (…), hablan su dialecto derivado del antiguo lemosín, habiendo introducido algunas palabras francesas’.

Y la culminación despropósito llega a la de Barcelona que es descrita como la única ‘provincia’ de naturaleza catalana; pero insistiendo, de nuevo y a excepción de la de Tarragona, en que ‘el dialecto del país (¿de qué país?) es un derivado de la antigua lengua lemosina’.

(…) El real decreto de 1833 no tan solo dividió a los catalanes en cuatro esperpénticas entidades (e identidades, que era su verdadero propósito), sino que también trituró por el medio y por los bordes varias comarcas históricas y económicas (aquí sí, en el auténtico significado del concepto). La Cerdanya, que las monarquías francesa e hispánica habían partido por el medio en la revisión del Tratado de los Pirineos (1660) – también se puede decir que Madrid la regaló a París a cambio de la paz en una guerra que había empezado Olivares -, fue mutilada entre las ‘provincias’ de ‘Gerona’ y de ‘Lérida’. Y en este caso, y siguiendo las reseñas del pintoresco atlas español de 1875, constatamos que, a ojos de aquel liberalismo español, inequívocamente nacionalista y supremacista, entre Puigcerdà y Bellver había unas diferencias abismales: unos eran ‘caritativos’ y los otros eran ‘económicos’.

(…) Las rayas divisorias de las cuatro ‘provincias’ son una tragicomedia. La Segarra, trinchada en tres añicos: Cervera en la ‘Lérida dócil y económica’, Calaf, en la ‘Barcelona catalana’ y Santa Coloma de Queralt en la ‘Tarragona de tirar redes a las aves de paso’. Y el Penedès, la misma historia. Vilafranca y Vilanova en Barcelona; y el Vendrell, en Tarragona. La Catalunya central quedó desdibujada, Manresa y Vic que en 1833 tenían el mismo peso demográfico y económico que Lleida, Tarragona i Girona, quedaron disueltas (las ciudades y sus hinterlands) dentro de la ‘Provincia de Barcelona’. De Burgos justificó la pretendida racionalidad de su dibujo argumentando que el radio entre capital y límite provincial era de un día de viaje. El caso de la Seu d’Urgell o de Vielha, a cuatro y cinco días de Lleida, delata la diferencia entre pretexto y propósito.

(…) En el impase entre el segundo (1822) y el tercero (1833) intento de provincialización, Aran perdió la institución propia de gobierno. El Conselh Generau d’Aran -que sorprendentemente había resistido la tormenta borbónica de 1714 – se reunía por última vez el 2 de setiembre de 1827. Pero la culminación de la mala fe política y del ridículo más espantoso es el dibujo de la ‘Provincia de Tarragona’. De la Rosa, acopló las Terres de l’Ebre -con Tortosa, un caso similar en Manresa o en Vic- dentro de la entidad que sólo existía en su estrambótico pensamiento. Reus, con 30.000 habitantes y Tortosa, con 25.000 -segundos y terceros centros demográficos y económicos catalanes-, quedarían relegados por Tarragona, con 10.000 residentes y con el único argumento de que era sede archidiocesana y plaza militar de primera categoría. Todo, no muy liberal, y sí muy español.

Tanto que cuando Franco -durante la Guerra Civil (1936 – 1939)- iniciaba la ocupación del país (noviembre de 1938) y suprimió el Estatut, no se refirió nunca a Catalunya, ni siquiera a la ‘región catalana’, sino que proclamó que ‘las cuatro provincias catalanas se regirán con los mismos derechos y obligaciones que sus hermanas españolas’. Tanto que, la música ‘Cataluña, cuatro; Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona’. Eso nos transporta inevitablemente al ideario represivo nacional-católico de la escuela franquista; la del ‘para servir a Dios y a usted’; la del ‘hábleme usted bien, para que yo puede entenderle’, y la de ‘la letra con sangre entra’. Y tanto que la provincialización de Catalunya ha engendrado y alimentado el negacionismo de la realidad nacional catalana (la navarrización de Catalunya); frankensteins sociológicos como el leridanismo, o el tortosinismo, o el tabarnismo.

(Marc Pons, 13 de mayo del 2020; ‘Cataluña: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona: el cuarteo del país’; nabarraldel.eus; https://share.google/ONXQJcGXDaVg6m7UK)

Pido perdón al lector por esta tan larga reproducción, pero me ha parecido sumamente importante para reflejar el abuso del poder, para introducir sus intereses, por encima de la realidad de nuestro país, de sus habitantes, de su cultura, de sus ámbitos geográficos y de sus mercados económicos. Y claro, ‘olvidando’ nuestra historia: los condados, las veguerías, etc.  Y para ese abuso y represión colonial, han utilizado y utilizan toda la batería de sus armas, incluida la configuración geográfica, con todo lo que comporta, como hemos visto.

(Nota: Es importante señalar, asimismo, que, en 1714, en Catalunya había partidarios de los borbones y de los austriacos, por ejemplo, Cervera, Berga, Manlleu, Ripoll y Centelles, fueron siempre borbónicas. Pero esa diferencia, es un problema y una realidad ajena al tema de este escrito).

Y así, vemos que la configuración provincial actual, incide, también, en la desconfiguración de su pretendida democracia, ya que, como sabemos, la asignación y el coste en sufragios que tiene cada provincia en las elecciones generales, depende de la ley orgánica 5/1985, del régimen electoral general, que fija que, para la elección de los diputados y senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral única, igual que Ceuta y Melilla. Y a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos diputados, y el resto, los 248 diputados se distribuyen proporcionalmente a la respectiva población provincial; junto con la ley d’Hont y el mínimo del 3% del total de los votos, para obtener un escaño provincial.

Y esa distorsión de la democracia proporcional, se observa, asimismo, en las elecciones autonómicas, como veremos el próximo domingo 15, que se realizarán elecciones en la comunidad de Castilla y León, la comunidad autonómica más grande de Europa, con diferencia sustanciales entre sus provincias, básicamente, por su despoblación que, en Soria, alcanza su nivel más alto.

Ahora bien, según la conveniencia de los defensores del estado ‘uno, grande y libre’, siempre aplican el patrón español castellanizado, que más les beneficia, como vemos, al mantener el distrito único universitario a nivel estatal, como defiende Illa, obedeciendo a su jefe Pedro Sánchez, pues, en última instancia, ambos son defensores del reino español, con todo lo que comporta ideológicamente.

En definitiva, que siempre aplican el régimen institucional con sus diferentes armas y patrones, prescindiendo de las características culturales específicas y de las necesidades de la población, en especial de la catalana, como vemos con el ejemplo de los estudiantes de medicina; y, cínicamente, después incluso nos dicen que gestionan la autonomía en beneficio de los catalanes. De vergüenza, y una vileza así es imperdonable.

Y si el rey felón Fernando VII dio un golpe de culo, al ocupar su trono en Madrid (recordando el texto citado), el represor Salvador Illa ese golpe lo dio gracias a la ‘reculada’ de ERC, en sus pretensiones independentistas. Gesto que nunca deberemos olvidar ni perdonar.

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