Por las deslealtades y traiciones que ha comenzado percibir de parte de algunos miembros de su gabinete y ex colaboradores con quienes incluso llegó a establecer fuertes lazos de amistad y hasta de complicidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa parece estar viviendo el peor momento en el ocaso de su administración.
Ha trascendido, por ejemplo, que en el caso de algunas dependencias, el Jefe del Ejecutivo del estado habría dejado de confiar plenamente en sus titulares, por lo que a espaldas de éstos últimamente estaría tratando en privado con funcionarios menores, pero de mayor confianza, determinados asuntos de su interés sobre los que exige total discreción.
Una de estas situaciones se vendría dando en la Contraloría General del Estado, donde el titular Ricardo García Guzmán habría dejado de ser confiable para Duarte desde que el contralor y su hijo Ricardo García Escalante, actual presidente municipal de Pánuco, no lo acompañaron hace 17 días a la Fiscalía General para presentar, rodeado de otros funcionarios, alcaldes y diputados locales y federales, una denuncia penal por enriquecimiento ilícito en contra del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.
Además, allegados a Duarte descubrieron también un activismo a favor de Yunes en la página de Facebook del otro hijo del contralor, el diputado local recién electo por el distrito de Pánuco, Rodrigo García Escalante. Pero lo que supuestamente habría terminado por generar mayor desconfianza en la Casa Veracruz es que habrían detectado una frecuente comunicación telefónica de García Guzmán con el diputado federal Enrique Pérez Rodríguez, suplente de Yunes en el Congreso de la Unión y uno de sus operadores políticos incondicionales, el cual lo sustituyó igualmente en la dirección de los reclusorios federales de alta seguridad, casualmente cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del cártel de Sinaloa, escapó por primera vez en enero de 2001 del Cefereso de Puente Grande, Jalisco.
En el primer círculo del gobierno duartista inclusive prevén que al final de este sexenio, García Guzmán y sus hijos terminarán por incorporarse al PAN, pues el contralor presuntamente aspira a ocupar otra vez la alcaldía de Pánuco que desocupará su hijo primogénito en diciembre de 2017, en tanto que el actual munícipe buscaría contender por la diputación federal en 2018.
Pero las ambiciones reeleccionistas de la familia García Escalante han comenzado a generar descontento entre los militantes del partido blanquiazul e inclusive del PRI, quienes en la pasada elección no apoyaron al priista Héctor Yunes sino al de la alianza PAN-PRD.
Y es que hace una semana, por ejemplo, el diputado local Joaquín Guzmán Avilés, otro de los operadores políticos y hombres fuertes de Yunes Linares, encabezó una reunión en esa zona huasteca para tratar temas y acordar proyectos que detonen el desarrollo de la región norte de Veracruz, en la que tanto correligionarios como priistas le preguntaron si el gobernador electo iba a investigar y, en su caso, a proceder penalmente también contra García Guzmán y su hijo el presidente municipal, por sus presuntas corruptelas. Según aseguran sus allegados, el legislador local por Tantoyuca les habría asegurado que sí, que Miguel Ángel Yunes no haría concesiones a nadie.
Sin embargo, los panistas están manejando un doble discurso, pues los supuestos acuerdos que traería Enrique Pérez con el contralor duartista parecen diferir de lo asegurado por Guzmán Avilés. Sería el mismo caso del ex Tesorero de la Sefiplan y ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Vicente Benítez González, diputado electo por San Andrés Tuxtla, quien presuntamente ya habría tenido acercamientos con el equipo de Yunes a través de Enrique Pérez, muy allegado a su familia materna, y de Valentín Arrieta San Román, su ex secretario particular en la SEV y cercano a los hijos de Yunes.
El priista, que está por llegar a la LXIV Legislatura por el Partido Nueva Alianza), al parecer no resistió la presión mediática que activaron en su contra por un reportaje de una televisora de Costa Rica, Teletica, que le descubrió nueve propiedades en Centroamérica, a nombre suyo y de su esposa Mariela de los Ángeles Núñez, de nacionalidad costarricense.
Ante dicho escándalo, el 10 de julio, en conferencia de prensa, Yunes dijo que pediría al fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras que actuara contra Benítez. Sin embargo, luego de esa declaración, extrañamente el gobernador electo no ha vuelto a ocuparse del ex funcionario duartista, cuyo caso, sospechosamente, ha pasado a segundo término por la filtración de las propiedades inmobiliarias en Texas de Arturo Bermúdez Zurita, cuya renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública se atribuyó el virtual gobernante panista.
Por eso hay quienes consideran que no fue casual que a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Duarte externara secamente a mediados de julio que “respecto a señalamientos contra Vicente Benítez, si cometió alguna ilegalidad soy el más interesado en que la FGE actúe conforme a derecho”, mientras que el martes 9 de agosto declaró al periodista Ciro Gómez Leyva que “en aras de la transparencia fue que acepté la renuncia que me solicitó mi secretario de Seguridad, un hombre a quien le tengo confianza; por nadie meto las manos, pero confío que es un hombre honorable, por eso lo hice secretario de Seguridad”.