Cuando a principios de mayo pasado, en el CEN del PRI confirmaron en sus encuestas de consumo interno que las tendencias electorales les eran desfavorables en el estado de Tamaulipas –donde al igual que en Veracruz y Quintana Roo se dio la alternancia en el poder, poniendo fin a 87 años de hegemonía priista–, la dirigencia nacional del partido tricolor, encabezada entonces por Manlio Fabio Beltrones, decidió cancelar el registro de tres de sus planillas que competían en las elecciones municipales de Hidalgo, Mainero y Villagrán, argumentando que los candidatos a alcaldes, síndicos y regidores se habían vendido al narcotráfico.
Beltrones justificó su decisión con el siguiente argumento: “Fueron amenazados o comprados por el crimen en Tamaulipas y además apoyan abiertamente al candidato del PAN al gobierno de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (…), esos candidatos no sólo traicionaron al PRI al asistir a actos masivos, sino que participaron en un evento del aspirante panista, a donde acudieron grupos armados vinculados a la delincuencia organizada”.
Se trataba de una acusación muy grave de una presunta penetración del narcotráfico en la política tamaulipeca que ameritaba también acciones legales por parte del dirigente priista.
Por eso el PAN reaccionó acusándolo de uso electorero del narcotráfico, un tema muy sensible en Tamaulipas. En respuesta a las imputaciones de Beltrones, el candidato García Cabeza de Vaca dijo que todo se trataba de una artimaña del PRI para afectar su imagen porque por esas fechas iba arriba en las encuestas y podía ganar la elección, como finalmente ocurrió.
Por su parte, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó: “El cinismo del PRI no conoce límites. Si un partido ha estado vinculado históricamente con el crimen organizado en Tamaulipas es el PRI. No olvidemos que dos ex gobernadores emanados de ese partido, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, hoy se encuentran prófugos de la justicia y son perseguidos por sus relaciones con la delincuencia”.
Esta historia viene a cuento porque el sucesor de Beltrones en la presidencia del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, se ha echado a cuestas la polémica tarea de resolver si expulsan o no de sus filas al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, así como a los mandatarios estatales de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, respectivamente, por estar señalados de corrupción.
Pero lo que externa e internamente muchos se preguntan es si acaso el ex director de la Comisión Federal de Electricidad será el último en apagar la luz al interior del PRI, porque si el dirigente priista de veras se toma en serio esta misión de expulsar de su partido a todos los desleales, corruptos y a los que han sido vinculados con el crimen organizado, prácticamente se quedaría solo.
Ahora mismo lo están presionando para que le inicie proceso de expulsión al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, detenido a mediados de enero de este año en España por presunto lavado de dinero, y el cual ha sido señalado de supuestos nexos con el cártel de Los Zetas aparte de haber contraído de manera fraudulenta una mega deuda pública cuando gobernaba el estado de Coahuila (2005-2011).
¿Expulsará también al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, actual cónsul en Barcelona, quien desde su campaña electoral en 2004 también ha estado bajo sospecha de estar vinculado con Los Zetas, el grupo criminal que casualmente se apoderó de la entidad bajo su administración? Además, durante su régimen y en el de su antecesor, Miguel Alemán Velasco, se descaró el enriquecimiento burdo de algunos funcionarios que siguen impunes –algunos de los cuales fueron postulados por el partido a diversos cargos de elección popular– y se disparó el endeudamiento del gobierno del estado que ahora tiene en bancarrota las finanzas públicas.
¿Ochoa Reza les iniciará también proceso de expulsión a quienes lo sacaron de la Dirección de la CFE para llevarlo a la dirigencia del CEN del PRI, los cuales han protagonizado en este sexenio sendos escándalos de corrupción y de tráfico de influencias que han desacreditado igualmente al Revolucionario Institucional, afectándolo no sólo en los recientes comicios de junio pasado sino desfondándolo desde ahora para la sucesión presidencial de 2018?
No obstante, el dirigente nacional del PRI insiste ante los militantes de su partido en que el presidente Peña Nieto es su “capital político” más importante, no obstante que las últimas encuestas muestran su bajo nivel de aceptación entre la población en general (23%) y entre los líderes (18%), quienes respectivamente le dan 3.9 y 3.2 de calificación a su gestión presidencial.
¿De veras creerán Ochoa Reza y el grupo peñista con el que se le identifica, que expulsando del PRI únicamente al ex gobernador de Nuevo León y a los mandatarios de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo el partido tricolor recuperará terreno en las preferencias electorales hacia el 2018? Para ello, el Revolucionario Institucional necesitaría no sólo renovarse sino de hecho refundarse, iniciando prácticamente de cero. Vaya reto para los futuros candidatos a la Presidencia de la República y al gobierno de Veracruz.