Decía Platón hace algunos ayeres, alrededor del año 350 antes de Cristo, que cualquier hombre justo y probo, violará las leyes que rigen su entorno, si tiene la certeza de que no recibirá castigo, y no será atrapado por los instrumentos de la misma justicia.
Hoy platicando con un abogado amigo mío, le preguntaba cómo están las cosas en la Procuraduría de Justicia del estado, tanto en el área de ministerios públicos, como en el área de Policía Ministerial, que es la policía encargada de investigar los crímenes que son denunciados ante el Ministerio Público, o en su caso, investigar y presentar pruebas de los crímenes que se persiguen de oficio.
Esto salió a colación porque dentro de la catedral de Córdoba se efectuó un asalto hace varios días, y el obispo se queja de que a la fecha, nadie le ha pedido la filmación que del asalto realizaron las cámaras de seguridad de ese recinto.
La respuesta es espeluznante. De entrada me dice que los ciudadanos no recibimos absolutamente nada en cuanto a procuración de justicia por parte del Estado, a pesar de que es uno de los servicios principales que debiera otorgar. Me comenta que de un número de 2 mil 550 (o un poco más) de asuntos que se llevan a la fecha en este año (ahora se llaman carpetas de investigación y no averiguaciones), menos de 100, es decir, menos del 5 por ciento han sido investigados por las autoridades, y menos del 3 por ciento han tenido como resultado el encontrar y consignar al presunto delincuente. Estas cifras son estimadas por mi amigo abogado, pero las puedo dar por ciertas, ya que la Procuraduría no proporciona la mínima información al respecto.
Me explica que los delitos comunes han proliferado tanto porque no hay autoridad que los persiga. No sólo no hay suficiente policía preventiva, sino que una vez que se denuncia un delito, éste simplemente se archiva, no es investigado por nadie. Los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta la Policía Ministerial son prácticamente nulos, y no hay interés ni capacidad para atender las denuncias de los ciudadanos.
Esto provoca dos efectos: el primero, que los propios ciudadanos ya no denuncien los delitos, pues saben que sólo se pierde el tiempo y no se llega a nada. Sólo denuncia quien tiene la obligación para efectos de hacer valer un seguro. El segundo efecto es que las cifras de denuncias de delitos bajan, y la autoridad presume que esos delitos se han reducido, cuando simplemente la misma autoridad con su absoluta incompetencia, ha estimulado la cultura de la no denuncia.
Un asunto más grave (y aquí es donde entra Platón) es que un delincuente comienza robando algo pequeño en una tienda, y se da cuenta de que no le pasa nada. De ahí, pasa a un asalto a transeúnte, y tampoco pasa nada. Se roba un auto y no pasa nada. Incluso al denunciante le dicen en el Ministerio Público, “mire joven, si está asegurado, le damos los papeles para que cobre su seguro, pero no espere que encontremos al ladrón y mucho menos su auto”. Y así, el pequeño criminal va para arriba en la escala de delitos, gozando siempre de absoluta impunidad, al grado de llegar a convertirse en un verdadero peligro para la sociedad. Y todo gracias a la incompetencia e ineficiencia de la procuración de justicia.
Los escasos criminales que son investigados, y que llegan ante un juez, invariablemente logran un arreglo con la autoridad, salvo que la parte acusadora se arregle previamente, y así, el destino de la justica está en función de si el criminal o la víctima se arreglaron con la Procuraduría, para salir libre o ser consignado ante un juez. Y allí otra vez, la misma cosa. Como la justicia está en venta, gana una vez más, el mejor relacionado, o el que le mete más dinero al asunto.
Ante esta paradoja, nos encontramos con que los ciudadanos, al desconocer la magnitud de la responsabilidad de la procuración de justicia, no exigen profesionalización y calidad en este servicio público. Y por otra parte, la propia Procuraduría estimula que existan más delincuentes menores y su crecimiento en su carrera criminal, ante la absoluta impunidad de la que gozan.
Ante esta situación no queda más que involucrarnos como ciudadanos, para vigilar y controlar la actuación de la Procuraduría de Justicia del estado, dependencia cuyos funcionarios no son empleados del gobernador, sino de la población de Veracruz.
A fin de cuentas, una vez más, la responsabilidad de lo que nos sucede llega a cada uno de nosotros, y no es mediante críticas llenas de amargura como se va a resolver esta problemática, sino con la participación de ciudadanos organizados para enfrentar y resolver estos problemas.
Vale la pena recordar que si nosotros (nuestra generación) no enfrenta esta situación y no mejora la calidad de los servicios de prevención del delito, procuración de justicia y aplicación de justicia, nuestro país cada día verá mayor descomposición social y será la herencia para nuestros hijos… Es decir, o lo resolvemos nosotros, o lo tendrán que hacer nuestros hijos y nietos. Mejor enfrentarlo de una vez.
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