Nada afecta más a los personeros del poder –sea en la vida pública o privada- que el escrutinio o cuestionamiento social venga de donde venga en torno a sus acciones o resultados El crédito o el descredito puede ser minimizado, subestimado hasta menospreciado; difícilmente se sustraen a esas críticas o respuestas a su quehacer por muy constructivas que sean o parezcan.
En seguida suelen tomar esas reacciones como diatribas, intereses oscuros, enemigos o adversarios políticos y tratan de salir del paso a como dé lugar en espera del olvido o de la disipación pronta de la mirada de la sociedad.
A veces ni eso funciona.
Por eso no queda clara la prisa del gobierno federal por despachar este mismo mes a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contratada con el propósito de dar un tercer dictamen del caso Iguala, en el que desparecieron 43 estudiantes, además de 4 muertos que nada tuvieron que ver directamente y cuando todavía se desconocen las conclusiones correspondientes.
Parece poco creíble que este Grupo haya venido a dispendiar recursos públicos con el fin de descreditar su propio trabajo o el del gobierno de México. Va en juego no sólo la actividad profesional de sus integrantes, sino la seriedad propia de la CIDH.
Es evidente que los integrantes de ese grupo toparon con muchos muros en sus pesquisas, sobre todo porque en la desaparición de esos jóvenes normalistas hubo intervención directa e indirecta de autoridades y de la fuerza pública, llámense policías municipales, estatales y federales y las militares. Nada más difícil que escalar esas barreras y más cuando por lamentable infortunio hay más reveses que derecho y justicia.
Se trata entonces de allegarse elementos que aproximen a lleguen la realidad de los lamentables hechos de esa noche como un complemento a la investigación de la Procuraduría General de la República, con el objetivo, se supone, de transparentar y esclarecer ante el propio país y ante el extranjero, no lo que parece, sino lo que es y por lo que se presume vino a trabajar ese grupo.
Ya hay muchos avances en el caso Ayotzinapa, más de 130 consignaciones entre policías e integrantes del grupo Guerreros Unidos, un exalcalde y su esposa, 46 mil hojas del expediente y 69 tomos, más lo que siga con o sin instancias externas.
Es obvio que más allá del costo económico que se esgrime en contra del GIEI y hasta del jurídico en el contexto internacional, el asunto es de orden político.
México llama la atención interna y externa sobre lo que corresponde a derechos humanos y es lo que sigue en las discusiones.
No hay que olvidar que en el más reciente informe de la CIDH en torno a libertad de expresión2015, los resultados no son alentadores e incluso organismos privados, como la Sociedad Interamericana de Prensa -celebrada este mismo mes en la República Dominicana- también cuestiona seriamente la situación no sólo de periodistas y empresarios de este ramo en el país, sino de la población en general.
Así que el camino es muy claro en cuanto a la urgencia de hacer de México -otra vez- una nación de leyes y de respeto a las leyes que ya se tienen.
Atraque 1: Gabinete de Comunicación Estratégica da a conocer las preferencias electorales en Veracruz y aun cuando concluye que aún no hay nadie para nadie, los candidatos meten acelerador: así van: 24.1% Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD; 19.0% Héctor Yunes Landa, del PRI-Verde; 15.1% Cuitláhuac García Jiménez, de Morena; 13.9% Juan Bueno Torio, independiente; 3.2% Alba Leonila Méndez, del PT; 2.9% Armando Méndez de la Luz, de Movimiento Ciudadano; 1.0% Víctor Alejandro Cuevas, del PES. Unos ni fu ni fa, y claro que habrá sorpresas.

Atraque 2: Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con 12 gobernadores de estados con elecciones en junio entrante; le interesa al funcionario la estabilidad política, falta que algunos de éstos, en la mira Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, se pongan las pilas y apliquen la legalidad.
Atraque 3: En el asunto judicial de los llamados ‘Porkys’ de Veracruz urge limpiar ese chiquero que está en la mirada nacional e internacional y quienes procuran y aplican la ley lo hagan.