José Luis Amaya Huerta

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El 2022 inició con mucho ruido político en Veracruz. Uno de los temas que ha generado más polémica en los últimos días ha sido el de la Comisión especial creada por la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) para investigar supuestos abusos de autoridad y presuntas detenciones arbitrarias en la entidad.
El problema es que varios senadores de diferentes partidos políticos han manifestado públicamente que corresponde al Pleno del Senado la aprobación de las citadas comisiones, lo que fue argumentado ayer de manera puntual por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Y en efecto, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, capítulo sexto, establece en el Artículo 42 que “el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias”.
En el mismo sentido, el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 119, numeral 2, define que las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno, a propuesta de la Jucopo.
El punto es que el Senado de la república actualmente se encuentra en receso y el próximo periodo ordinario de sesiones inicia el 1 de febrero, que será cuando se reúna el pleno, razón por la cual se supondría que mientras esto no ocurra, es decir, mientras el pleno no avale o ratifique el acuerdo de la Jucopo, todas las actuaciones de la citada Comisión sobre Veracruz realizadas con anterioridad a esa fecha carecerían de validez jurídica y en consecuencia sus acuerdos y resultados podrían ser rebatidos ante la Suprema Corte de Justicia, aún en el supuesto de que la misma fuera ratificada y aprobada por el pleno.
Lo anterior significa que, de entrada, el Senado se encuentra en una encrucijada, pues bajo estas premisas, cualquier cosa que la Comisión de referencia pueda dictaminar en las próximas semanas o meses podría ser echado abajo ante las instancias jurisdiccionales por no haberse apegado de origen al debido proceso.
Visto desde ese punto de vista estrictamente jurídico la afirmación inicial del presidente de la citada Comisión, de que plantearían incluso la desaparición de poderes en Veracruz, queda solo como una balandronada destinada a perderse en el ruido político y no pasa de ser una estrategia de golpeteo entre actores de diferente filiación partidista o corrientes internas de un mismo partido, pues en el supuesto caso de que se llegara a un dictamen en ese sentido, primero tendría que reponerse el procedimiento y el debido proceso.
Otra cosa es el tema político y el daño que le provoca a la administración estatal las denuncias sobre presuntas detenciones arbitrarias y abusos de autoridad que deberían ser revisadas por las instancias correspondientes, por los jueces y tribunales federales.
Al parecer, también lo están haciendo los organismos defensores de derechos humanos, como la Comisión Nacional que ya emitió una resolución sobre un caso concreto a finales de diciembre pasado.
Por lo anterior, quizá no debería descartarse que los tres poderes del estado y los organismos autónomos locales integraran una Comisión local, en el marco de respeto a la soberanía del estado, para revisar tales casos, puesto que tienen que ver no solo con la procuración e impartición de justicia, sino con la legislación que ha sido aprobada por el Congreso y, sobre todo, con el respeto al estado de derecho y el cumplimiento de la ley.