Héctor Raúl Rodríguez

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Lo que comenzó como una esperanza para 30 millones de mexicanos y para 1 millón 670 mil veracruzanos, luego del hartazgo provocado por los abusos y excesos de los gobiernos anteriores, a la vuelta de 3 años y medio se ha convertido en una amarga pesadilla.
El ascenso de la llamada Cuarta Transformación se dio en medio del mal humor social propiciado por una clase política, estatal y nacional, que una y otra vez había dado muestras de haberse apropiado de las instituciones públicas para uso y disfrute privado.
Por eso el 1 de diciembre de 2018 la nueva administración federal y estatal llegaron preñadas de compromiso social para hacer realidad el cambio y cumplir el mandato depositado en las urnas por los electores.
Solo que, luego de 40 meses de gobierno y cuando faltan poco más de dos años para que concluya el sexenio, la clase política que sustituyó a la anterior no ha cambiado nada con relación a las prácticas políticas.
En regiones enteras del país, como en el palacio de gobierno de Veracruz, aquello de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de la gente, ha sido y es letra muerta.
La promesa de un cambio ha derivado en un hartazgo similar al provocado por los que se fueron. En otras palabras, el producto se malogró, abortó.
Al igual que otros en el pasado reciente, quienes llegaron a los puestos públicos en diciembre de 2018 al parecer creyeron que, con su voto, el pueblo les firmó un cheque en blanco para que hicieran y deshicieran a su antojo, pasando por encima de los justos reclamos de la población.
Con esa creencia se han dedicado a dilapidar el capital político otorgado por la confianza de los ciudadanos, regodéandose en el control y manejo de las instituciones y del presupuesto público, y actuando de manera similar a los que se fueron, sin atender ni escuchar las demandas sociales y, por supuesto, tratando de evadir la rendición de cuentas.
El problema de la actual administración, federal y estatal, es que gobiernan por consigna, con ideas preconcebidas, sin entender que las realidades del país y del estado se transforman y cambian de manera mucho más rápida que lo que el gobierno ha sido capaz de procesar.
Por eso no han entendido a grupos sociales que han respondido a problemas que hicieron crisis, como el movimiento feminista, o el de los colectivos de familias de desaparecidos.
Por eso en Veracruz, ante los reclamos de justicia de la población, lo que ha prevalecido - en los hechos - es el mismo modelo autoritario de gobiernos anteriores: el control político de la procuración y administración de la justicia y buscar imponer – a rajatabla – un trasnochado principio de autoridad que contradice la supuesta filosofía del máximo líder de la 4T, en el sentido de que el respeto se gana y que para tener autoridad política, primero se debe tener autoridad moral.
En regiones enteras del país, como Veracruz se respira una atmósfera de hastío y molestia por la arrogancia de las oficinas públicas y por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, como lo dijo hace 28 años el entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Y ésta es solo una muestra de que nada ha cambiado desde entonces, pese a los discursos y la narrativa de los apologistas de la llamada Cuarta Transformación.
Todo ha quedado en simulación y gatopardismo.