¿Cuántas personas van a la cárcel injustamente y al paso de los meses o años son liberadas porque resulta que eran inocentes? Los medios de comunicación dan cuenta de muchos y dramáticos casos, pero seguramente son una minoría en relación con quienes sufren prisión sin merecerla. Algunos son tan relevantes como los de los generales acusados por la Procuraduría General de la República de vínculos con el narcotráfico, y que ahora están siendo excarcelados.
Es imperativo que se realice una reforma legal mediante la cual se prevea el pago de una indemnización para quienes sean encerrados injustamente, lo que ocurre normalmente por la incompetencia y falta de escrúpulos de los agentes del Ministerio Público y por la corrupción de los jueces.
Ahora que está actualizándose el sistema penal para transitar hacia el procedimiento acusatorio, es el momento de que las organizaciones de derechos humanos presionen a los legisladores para que reformen lo que tengan que modificar, en aras de proteger a quien es acusado injustamente, pero también para que los funcionarios de procuración e impartición de justicia tengan responsabilidad cuando realicen mal sus actuaciones.
Estamos sabiendo de estos generales por la relevancia de sus estrellas, pero en realidad sus casos son nada en comparación con los pobres que están dentro de las cárceles y que suman multitudes, privados de su libertad sólo por no tener los recursos para defenderse.
Los militares a que hacemos referencia son Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez, Ricardo Escorcia Vargas y Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Ellos fueron acusados en el sexenio pasado por la Procuraduría General de la República de tener vínculos con el narcotráfico. Ahora son absueltos.
Sólo uno de ellos será reintegrado a la institución castrense. Los demás estaban retirados. Por lo menos ellos tienen la garantía de un empleo o de una pensión, pero la mayoría de los encarcelados injustamente por su pobreza, ni a eso aspiran. Cuando se les reconoce la inocencia, se van a la calle sin opciones de pretender una vida digna, pues además cargan la mancha de ser ex reclusos.
Las condiciones en las prisiones son tremendas. En 2008 se hablaba de que el 42 por ciento de la población penitenciaria del país estaba sin sentencia definitiva, y en promedio el tiempo que tardan las personas encarceladas en tanto se resuelve su situación es de 23 meses.
Pero si alguien cree que la reforma penal que acaba de empezar en mayo en la entidad va a rendir resultados benéficos a favor de la justicia, se equivoca. Ahora los ministerios públicos van al revés. Están dejando libres a muchos delincuentes a quienes mandan a medios alternativos de solución de conflictos, con tal de no integrar las difíciles y desconocidas carpetas de investigación, como se denominan ahora las investigaciones ministeriales.
Es decir, es tanta la incompetencia, que los representantes de la Procu no son capaces de actuar con profesionalismo, entonces ahora el fenómeno es inverso. Mejor los sueltan para no tener que enfrentarse a los juicios orales y toda la exigencia que los mismos conllevan. ¿Cómo la ve?

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