Héctor Raúl Rodríguez

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Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton), historiador, político y escritor inglés liberal de siglo XIX, hijo de padre inglés y madre alemana, discípulo del historiador eclesiástico Ignaz von Döllinger de la Universidad de Munich, acuñó un aforismo producto de sus muchos años de estudio y experiencia personal, que formuló a través de la expresión: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe completamente”.
Se trata, ni más ni menos, que de una síntesis del pensamiento liberal, que dos siglos atrás dio origen a la teoría de la división de poderes que se opuso al absolutismo de los reyes que concentraban el poder en su persona.
La historia de la conformación del Estado liberal moderno se basa precisamente en esa búsqueda, en cómo distribuir y contener al poder para evitar los abusos y excesos que atropellan y agravian las libertades y derechos de los ciudadanos.
A pesar de los avances y del desarrollo de las instituciones que conforman el Estado, tal como lo concebimos hoy en día, lo cierto es que en determinados momentos de la historia política han surgido y siguen surgiendo personajes, que ya sea por desconocimiento o por ambición, buscan acumular el mayor poder posible para erigirse y conducirse como autócratas, con los consecuentes saldos negativos para los pueblos que dicen gobernar.
“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe completamente”, decía Lord Acton.
En Veracruz, la historia reciente ha demostrado que quienes han buscado concentrar el poder de las instituciones en su persona, a pesar de que formalmente la Entidad forma parte de una república democrática, representativa y federal, han cometido abusos y excesos en agravio de los veracruzanos, que el pueblo les ha cobrado puntualmente en las elecciones, ejerciendo su derecho inalienable de cambiar al gobierno cuando éste no ha cumplido las expectativas sociales o cuando se ha corrompido, abusando del poder.
Así ocurrió con el régimen del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, en 2016, luego de la debacle financiera y de derechos humanos en que ese gobierno sumió a la Entidad, provocando agravios y malestar entre los veracruzanos que le cobraron en las urnas echando al PRI del palacio de gobierno.
Así ocurrió en 2018 cuando el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con todos los recursos institucionales, financieros y humanos del gobierno del estado, y del uso de las instituciones de procuración y administración de la justicia para perseguir y someter a sus adversarios, provocó agravios y malestar entre los veracruzanos como consecuencia del abuso de poder, que los ciudadanos le cobraron evitando que hiciera sucesor a su primogénito.
Con los ciudadanos cada vez más conscientes del poder de su voto, la historia tampoco tendría por qué ser diferente en 2024, que será la oportunidad de oro para que los veracruzanos expresen en las urnas su rechazo a la suma de agravios que se han acumulado en los últimos tres años y medio de gobierno.
Y es que, a pesar del beneficio de la duda que los electores le dieron a la actual administración morenista, para que actuara y ejerciera el poder de una forma democrática, respetando las libertades y derechos ciudadanos, el actual régimen optó por concentrar el poder a través del control del legislativo y judicial, por dar prioridad a sus intereses de grupo y de partido, por encima de los intereses de la población y, al igual que Yunes, por una política de mano dura echando mano de la Fiscalía General del Estado.
La mejor prueba de ello han sido los casos de los seis jóvenes xalapeños detenidos y encarcelados durante casi cuatro meses, de manera arbitraria, en un claro ejemplo de abuso de poder documentado ampliamente por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y por los jueces federales; o el de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, liberado y exonerado por la justicia federal, y cuyo proceso estuvo plagado de excesos y violaciones a los derechos humanos, como también lo señaló la CNDH; o el más reciente, de Pasiano Rueda Canseco, alcalde propietario de Jesús Carranza, a quien la Fiscalía trató de mantener en prisión a toda costa, hasta que la justicia federal – de nueva cuenta - ordenó su liberación.
Se trata solo de tres casos de alto impacto que han demostrado el uso faccioso de las instituciones de procuración y administración de la justicia en Veracruz durante el actual régimen morenista, pero hay muchos más de carácter penal y administrativo que reflejan el abuso de poder, y la negación de los derechos de acceso a la justicia y a la legalidad en agravio de miles de ciudadanos.
Los casos de los seis jóvenes xalapeños, de José Manuel del Río Virgen y de Pasiano Rueda Canseco, y de los miles de ciudadanos que siguen reclamando el cumplimiento de la ley y del Estado de derecho, son los símbolos de que en Veracruz, a diferencia de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la justicia sí ha sido capaz de pervertirse y usarse de manera facciosa, igual que lo hizo el ex gobernador panista.
Sin duda esos símbolos serán parte de la suma de agravios y del rechazo que podría apuntar a la debacle de Morena en 2024.