José Luis Amaya Huerta

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Aunque suena fuerte, de acuerdo con el subsecretario de salud del Gobierno Federal, Hugo López Gatell, los consultorios de farmacias son un gran engaño y ponen en riesgo la salud y la vida de los mexicanos, aunque aceptó que no es posible cancelarlos de tajo, pero lo deseable es que “no existan”.
Desde la conferencia mañanera del pasado martes, el funcionario dejó “la víbora chillando” al señalar que estas unidades médicas pertenecen a empresas lucrativas que tienen como principal objetivo la venta masiva de medicamentos y no la salud de los mexicanos.
En ese sentido, el Subsecretario señaló que habrá una “fase de transición”, ya que los consultorios de farmacia hoy “cubren una necesidad” que será cubierta por el nuevo sistema de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador; y es probable que la fase de transición implique regular de manera más estricta estos consultorios, según explicó.
El principal argumento de López Gatell es que los consultorios de farmacias no tienen la capacidad para atender enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, que son comunes en la población mexicana.
“Estos consultorios no las van a resolver o incluso podrían poner el peligro su salud y su vida. Esto está documentado”, aseguró. Además, dijo que durante la pandemia de COVID-19 estas farmacias fomentaron el abuso de antibióticos y de esteroides.
Por otro lado, el funcionario federal también cuestionó las condiciones laborales de los médicos que trabajan en estos establecimientos, pues no cuentan con prestaciones, son obligados a firmar contratos eventuales que no generan antigüedad y tienen una presión por fungir como agentes de venta.
“Básicamente el personal de salud está bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud”, acusó.
López Gatell recordó que algunas de estas cadenas incluso no cobran por la consulta y les llaman ‘asesoría médica gratuita’ porque no lo consideran relevante, pues para éstas lo importante es que el paciente salga con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, “la gran mayoría no correctamente indicados”, advirtió.
Al menos el Subsecretario reconoció que actualmente no se puede prescindir de ellas de forma inmediata, pues actualmente no hay una “oferta suficiente de médicos e instalaciones de salud públicas”.
El problema de lo afirmado por López Gatell es que, al acusar a las empresas farmacéuticas trasnacionales, pareciera tratar de justificar las insuficiencias que prevalecen en el actual modelo de salud del gobierno federal, que no alcanza a cubrir la demanda de salud de la población, con consultas y medicamentos gratuitos o a su alcance, como fue el ofrecimiento de campaña.
En efecto, hay que hacer énfasis en que se les debe regular para evitar que incurran en abusos o engaños a la población usuaria, pero para eso se requiere un análisis objetivo y mesurado por parte de los legisladores.
No hay que olvidar que según las estimaciones, actualmente 15 millones de mexicanos de los sectores más vulnerables se quedaron sin cobertura médica al eliminarse el Seguro Popular; otros datos señalan que, en un comparativo, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto se dejaron de surtir 3 millones de recetas, y en lo que va de la actual administración federal la cifra asciende a cincuenta y cinco millones de recetas no surtidas por el sector salud nacional.
En el caso del ISSSTE, que en 2020 distribuyó 11.5 millones de medicamentos, en 2021 redujo el abasto a 1.5 millones de piezas; es decir, la proporción fue de un 90 por ciento menos.
Si a esto le sumamos que en las áreas quirúrgicas de los hospitales públicos la constante es que las operaciones no urgentes se difieren, las urgentes se programan con retraso y el usuario debe llevar sus propios materiales y medicamentos que no existen en el sector salud, pues el sistema federal tampoco tiene mucho qué presumir.
En síntesis, mientras el actual modelo de salud federal no acabe de consolidarse, la gente acudirá a dónde pueda para resolver sus problemas de salud en la medida de sus posibilidades. Y deberá ser tarea de los legisladores evitar que los engañen.