José Luis Amaya Huerta

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Prácticamente sin contrapesos y durante un buen tiempo con todo el apoyo político y financiero del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ejerció el poder durante casi seis años en Veracruz.
En sus tiempos de gloria, Duarte se rodeó de incondicionales en los que confió y que a la postre solo lo ayudaron a hundirse, pues al final, cuando los aires cambiaron y la fortuna política le fue adversa, algunos incluso se prestaron a ser testigos protegidos para salvarse, bajo la premisa de que el responsable último de lo que pasa en un periodo de gobierno es quien lo encabeza.
Nombres como Eric Lagos, Jorge Carvallo, Alberto Silva, Gabriel Deantes, Tarek Abdala, Gina Domínguez o Ranulfo Márquez, algunos de ellos hoy flamantes operadores políticos de la 4T, trabajaron camuflados como leales colaboradores, para luego tomar distancia, una vez que su jefe cayó en desgracia.
De todos los ex funcionarios duartistas, solo algunos han sido sometidos a proceso, pero la mayoría han gozado y gozan de impunidad.
Algunos dicen que el error del ex gobernador priista fue rodearse de gente que pensó le serían leales, pero no se dio cuenta que solo estaban con él mientras tenía el apoyo del Presidente. Cuando las circunstancias cambiaron y Peña Nieto se vio sometido a sus propias presiones, de tal forma que sostener y salvar a Duarte implicaba un costo político que, como un fardo, podría llevárselo entre los pies, simplemente lo dejó solo.
La historia que siguió es conocida. Duarte no pudo terminar su gobierno viéndose obligado a pedir licencia y huir del país, hasta que lo detuvieron en Guatemala y fue extraditado a México, donde fue sometido a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Lo más que pudieron hacer sus antiguos amigos del régimen priista que antes lo adoptó y presumió como uno de sus cuadros distinguidos fue lograr que la entonces Procuraduría General de la República, PGR, no le imputara el delito de delincuencia organizada.
Duarte pidió un proceso abreviado y fue sentenciado a 9 años de prisión, pero pasados 5 años promovió un amparo en busca de reducir su pena y recuperar algunos de los bienes que le confiscaron.
Apenas ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó el amparo, confirmando que no tiene derecho a apelar la sentencia de 9 años de prisión que se le impuso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Por mayoría de 4 votos, los integrantes de la Primera Sala señalaron que el ex mandatario aceptó un proceso abreviado, lo que implica que reconoció su culpabilidad y por tanto la pena que se le impuso.
El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat precisó de manera puntual que este beneficio no era posible pues acorde a las reglas del sistema penal acusatorio la sentencia forma parte del acuerdo que suscribió al admitir su culpa.
Duarte seguirá en prisión hasta concluir su condena, eso si logra sortear la denuncia por desaparición forzada que pesa en su contra.