José Luis Amaya Huerta

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El debate y aprobación de la reforma al Poder Judicial registrado en las últimas semanas en el país sin duda representa el fin de una era y el inicio de otra.
Por un lado, en el ámbito de la impartición de justicia, la aprobación y posterior aplicación de la reforma judicial abre la posibilidad de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular y ya no mediante acuerdos cupulares como ha sido hasta ahora.
En 2025, cuando se someta a elección a la primera camada de futuros impartidores de justicia, ganarán los que tengan más votos, es decir, los que tengan el respaldo de la mayoría del pueblo.
¿Esto significa que siempre van a ganar aquellos que sean propuestos por el gobierno y su partido? No necesariamente. ¿Qué se pueden colar aquellos que tengan el apoyo financiero de la delincuencia organizada? Tampoco si hay controles, reglas claras y fiscalización adecuada de los gastos de campaña.
Pero independientemente de los saldos de la reforma judicial en el terreno estrictamente jurídico, el proceso de debate y aprobación realizados también representa el fin de una era en el ámbito político nacional y estatal.
Me explico. El voto a favor de la reforma del senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, con el respaldo y arropamiento de su padre y suplente, el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, permitió a la mayoría de Morena-PVM-PT en el Senado alcanzar la mayoría calificada, de los 86 votos necesarios.
El problema es que Yunes Márquez era uno de los 22 senadores del PAN que días antes se había comprometido públicamente a votar contra la reforma. Y que los 22 panistas más los 16 priistas – incluyendo a Manlio Fabio Beltrones – y 5 de Movimiento Ciudadano, sumaban los 43 votos con los cuales la oposición esperaba frenar la mayoría calificada.
El cambio del sentido del voto de Yunes Márquez y la ausencia ¿obligada? de un senador de MC de Campeche selló el destino de la votación a favor de la reforma y dejó al bloque opositor con 41 votos, insuficientes para frenar la mayoría calificada.
La decisión de Yunes Márquez, con el arropamiento de su padre, fue visto como un acto de traición por la bancada panista, pero también por miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos que protestaban en las calles de varias ciudades del país contra la reforma.
Hay quienes dicen que los Yunes negociaron impunidad a cambio de su voto, acorralados como estaban con varias denuncias penales, al borde de la prisión y del desafuero en el caso del Senador y de su hermano Fernando, ex alcalde del puerto de Veracruz.
Lo cierto es que un día después de la aprobación de la reforma, la Comisión Permanente Nacional del PAN anunció la expulsión de Yunes Márquez y de su padre, el ex gobernador de Veracruz, mientras actores políticos importantes de Morena y del PVEM en Veracruz se deslindaban de ellos reservándose el derecho de admisión, en tanto miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la aprobación de la reforma y a gritar consignas contra la traición de los Yunes.
Por eso hay quienes dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador al final ganó esta partida a sus enemigos políticos: seguramente no los meterá a la cárcel, pero a cambio los destruyó políticamente al exhibirlos como traidores a los ojos de todo el país.
Y eso sí calienta.

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