José Luis Amaya Huerta

____________________________

Con la presentación el pasado 1 de septiembre del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente dio inicio el último tercio de la actual administración federal, los dos años de cierre de un gobierno al que le tocó enfrentar la pandemia de Covid 19, un flagelo global que azotó al mundo desde 2020, casi desde el inicio del segundo año de la Cuarta Transformación.
La emergencia de salud provocada por la pandemia, las restricciones de movilidad que trajo aparejadas y el cierre de actividades no esenciales, que derivaron en la caída de la economía mundial y nacional, sin duda marcaron la primera mitad del gobierno de López Obrador, a tal grado que las estimaciones de los especialistas apuntan a que será hasta 2023 cuando la economía del país regrese a los niveles que tenía antes de que el coronavirus hiciera su aparición.
Además del medio millón de mexicanos que perdieron la vida por el Covid 19, según las cifras oficiales, lo anterior trajo consigo la pérdida de empleos y el cierres de miles de pequeños negocios, impactando en los bolsillos de un amplio sector de la población.
En este escenario la inyección de recursos de los programas sociales permitió que la situación no se agravara todavía más y ayudó a millones de mexicanos a paliar la situación de crisis económica.
La seguridad pública ha sido otro rubro donde la actual administración federal ha tenido que remar cuesta arriba.
La estrategia de “abrazos, no balazos” adoptada por el gobierno de López Obrador ha sido duramente criticada por las clases medias y sectores empresariales y religiosos, por considerar que las corporaciones de seguridad no han hecho lo suficiente para hacer valer la ley y el estado de derecho, lo que se ha visto reflejado en regiones específicas del país, en estados como Michoacán, Jalisco, Nayarit o Zacatecas.
Otros temas polémicos han sido el sobrecosto en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, cuya inversión original ascendía a 8 mil millones de dólares y a la fecha se disparó a 20 mil millones, sin que la obra haya sido terminada ni se encuentre en producción.
Esas son precisamente las tareas que se avizoran para los dos años que restan a la actual administración federal.
En materia de salud, una vez superada la etapa crítica de la pandemia, consolidar el sistema nacional que se encontraba en plena transición cuando golpeó la emergencia sanitaria.
En economía, regresar al nivel pre-pandemia lo antes posible y concluir las obras insignia iniciadas por la actual administración, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En materia de seguridad pública sin duda se requiere fortalecer la presencia del Estado en regiones específicas del país, azoladas por grupos delictivos.
En el último tercio de la administración federal también habrá de dirimirse en el terreno político, no solo el proceso de elección del candidato a la presidencia de la república al interior de la coalición gobernante, sino la realización de las elecciones presidenciales de 2024 en un clima de paz y de estabilidad política y social.
De un buen cierre en el último tercio del sexenio dependerán no solo la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, sino el propio legado de López Obrador.