José Luis Amaya Huerta

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Quizá no le falta razón al secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, INE, Edmundo Jacobo Molina, cuando afirma que ya no hay condiciones para continuar con su labor al frente de ese órgano técnico electoral, luego del intenso debate suscitado a raíz del llamado Plan B de la reforma que implicó la aprobación de cambios legales que llevaron a su destitución.
Lo cierto es que, luego del aparente triunfo que significó su reinstalación tras una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cercano funcionario a Loreno Córdova Vianello, todavía presidente del INE, hasta el próximo 3 de abril, decidió presentar ayer su renuncia con carácter de irrevocable, la cual se hará efectiva precisamente el mismo día de la salida de Córdova del órgano electoral.
Al exponer los motivos de su renuncia, que parecieran significar el fin de una era, Jacobo Molina dijo que es para evitar la “politización de las actividades técnicas y ejecutivas del instituto, que por definición deben atender a criterios estrictamente técnicos”.
Señaló que “desafortunadamente, el diseño institucional que procuramos durante tantos años, así como el equilibrio con el que siempre se ejecutó, fue roto en algunos meses por algunos actores políticos que en el más reciente debate sobre la reforma electoral hicieron de la operación técnica necesariamente imparcial, parte del debate político”.
El aún secretario Ejecutivo del INE agregó que lo anterior lo obligó a salir a la defensa pública de las instituciones electorales, “a explicar las virtudes que ofrece el régimen vigente y a alertar sobre los peligros que implican varios de los aspectos incorporados por el denominado Plan B”.
Incluso, Jacobo Molina denunció que desde las conferencias de prensa mañaneras se difundieron mentiras sobre él y su trayectoria, y negó que tenga tres décadas como servidor público en el órgano electoral.
Apenas la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que es inaplicable el artículo transitorio 17 del Plan B de la Reforma Electoral, el cual destituía a Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Incluso el pasado 13 de marzo, los consejeros y demás integrantes del INE dieron la bienvenida a quien ese día se reincorporó a sus funciones, luego de ser destituido –durante una semana— debido a la publicación de la Reforma Electoral, conocida como el Plan B, que fue promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La notoriedad, que sin buscarla he adquirido por los motivos que acabo de mencionar, constituye un impedimento desde mi punto de vista para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva. Por ello, estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad es el momento de retirarme”, aseguró el funcionario.
En los hechos, todo indica que Jacobo Molina decidió hacerse a un lado y dejar la Secretaría Ejecutiva del INE ante la inminente llegada a la presidencia del órgano electoral de un consejero o consejera afín al actual partido gobernante, lo que sin duda dificultaría su labor dado que a él se le ubica como parte del grupo que ha estado a cargo del INE en los últimos años.
Ahora lo que resta es hacer votos para que al frente de esa área técnica sea designado un funcionario con el perfil y la experiencia electoral necesaria para llevar a cabo las complejas tareas electorales que se avecinan, en un marco de imparcialidad, neutralidad política y eficacia administrativa.