José Luis Amaya Huerta

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El tránsito de migrantes a lo largo y ancho del país y los riesgos que implica, no solo para los extranjeros que cruzan nuestro territorio, sino también para los ciudadanos mexicanos que se ven en la necesidad de salir de sus lugares de origen rumbo a Estados Unidos, ha cobrado relevancia internacional, luego de que el pasado 27 de marzo 40 migrantes centroamericanos perdieran la vida debido a un incendio registrado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Veracruz es y ha sido un estado clave en las rutas migratorias, tanto de los extranjeros que pasan por su territorio para llegar a la frontera norte, como de los veracruzanos que salen de sus lugares de origen, enganchados por traficantes de personas, conocidos como “polleros” o “coyotes”, quienes les cobran cuotas de hasta cien mil pesos para trasladarlos a la frontera donde en muchas ocasiones los abandonan a merced de grupos delictivos.
Tal es el caso de un joven campesino, originario de un municipio de la zona centro del estado, que además de endeudarse para pagarle al traficante y emprender el viaje hacia el país vecino, fue secuestrado por un grupo delictivo al llegar a la frontera norte, y hoy su familia, de recursos precarios, se enfrentan a la extorsión para cubrir el rescate.
En la otra cara de la moneda, el “coyote” que los abandonó a su suerte, disfruta de los placeres de la vida organizando fiestas con los mejores licores todo pagado con el dinero de las cuotas cobradas a los migrantes, lo que demuestra que los traficantes de personas al final son los beneficiarios del lucrativo negocio del llamado sueño americano.
En este contexto, de acuerdo con el Estudio sobre Movilidad y Migración Internacional de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), la ruta del Golfo de México, conformada por los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, es la más usada y peligrosa que los migrantes centroamericanos y los connacionales utilizan para llegar a Estados Unidos.
Prueba de lo anterior es que la mayoría de los migrantes que transitan por México, devueltos por Estados Unidos, declararon haber entrado por Tamaulipas, lo que permite establecer que la ruta del Golfo de México es la más usada y la más riesgosa, pues tan solo en 2020 fallecieron cuatro de cada 10 personas migrantes que transitaron por Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
La Segob tiene detectadas al menos cuatro rutas de tránsito irregular de migrantes: Golfo de México, Pacífico Sur, Centro Pacífico y Pacífico Norte. También está la del Centro Golfo, que sin llegar a Estados Unidos, es punto importante de paso y abarca los nudos ferroviarios de Querétaro, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Según el estudio, el cruce por la frontera sur de México implica distintos riesgos relacionados con las condiciones de los caminos, el hacinamiento o lo precario de las unidades en las que viajan en su trayecto hacia el norte.
El documento también establece que el 86 por ciento de las personas migrantes detectadas en tránsito utilizan las carreteras del país para llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. En contraste, los estados del centro del país y de la costa del Pacífico son menos riesgosos pero al tener distancias más largas entra la frontera sur y norte de México, su recorrido es más costoso, lo que influye en que estas rutas no sean la primera elección de tránsito de los migrantes.
Al respecto, apenas el pasado 4 de abril, el sacerdote Alejandro Solalinde, activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes, director del albergue “Hermanos en el camino”, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para retomar la urgencia de crear una nueva coordinación para atender los temas de migración, lo que implica la necesidad de reformar al Instituto Nacional de Migración.
Más aún, de acuerdo con Solalinde, el proyecto del gobierno federal es perfilar la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMEXICO), con la cual ningún militar o ex militar estará a cargo de la migración.
De acuerdo con el sacerdote católico, se espera que sea una coordinación interinstitucional, conformada por la Secretaría de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE), Educación Pública (SEP), Trabajo y Previsión Social (STPS), Salud, Bienestar, Defensa Nacional (Sedena), Marina y la Guardia Nacional, además de órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
A ver qué pasa.